30.000 camiones se saltan cada mes los peajes de Bizkaia: otro desastre de gestión

La implantación de peajes para camiones en las carreteras de Bizkaia acumula un nuevo problema de gestión. Unos 30.000 trayectos de vehículos pesados quedan cada mes sin pagar, según los datos de la propia Diputación correspondientes al primer semestre de 2026. El agujero es especialmente llamativo en el caso de los camiones extranjeros: alrededor de 6.000 pasos mensuales corresponden a vehículos matriculados fuera de España y la institución foral apenas ha conseguido localizar a un centenar desde que puso en marcha el sistema en 2023.

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El problema no parece precisamente imprevisible. La Diputación diseñó un sistema de peaje sin barreras, basado en pórticos free-flow, en el que los camiones pueden circular sin detenerse y el cobro depende de que dispongan de un dispositivo Vía-T o hayan asociado previamente su matrícula a una tarjeta bancaria. Pero el vehículo que no hace ninguna de las dos cosas también puede pasar. La Administración debe identificarlo después y reclamarle el dinero.

Y ahí está precisamente el fallo. Se implantó un sistema que permite utilizar una carretera de pago sin pagarla y sin tener resuelto de antemano cómo cobrar posteriormente a una parte de sus usuarios. Los peajes para vehículos pesados comenzaron a aplicarse en enero de 2023 en la BI-625 y la N-240. En julio de 2024 se extendieron a la A-8 entre Basurto y el límite con Cantabria, la N-636 hacia Gipuzkoa y el Corredor del Txorierri.

Por estas cinco carreteras se registran actualmente unos 2,1 millones de trayectos mensuales de vehículos sujetos al canon. De ellos, una media de 30.567 no pagan, el 1,41%. La mayor parte, unos 25.000 desplazamientos mensuales, corresponde a vehículos españoles. En estos casos, la matrícula puede contrastarse con la Dirección General de Tráfico y posteriormente reclamar el importe al titular.

Pero quedan aproximadamente 6.000 trayectos mensuales realizados por camiones extranjeros. Y aquí el sistema prácticamente deja de funcionar. Según ha explicado la propia Diputación a El Correo, desde 2023 solo se ha conseguido localizar a alrededor de un centenar de estos conductores. Es decir, después de más de tres años de funcionamiento, Bizkaia sigue sin disponer de un mecanismo eficaz para cobrar a buena parte de los vehículos extranjeros que utilizan sus carreteras de pago.

Resulta difícil entender que esta circunstancia no se estudiara antes de implantar el sistema. Bizkaia es un territorio de paso internacional de mercancías, situado en uno de los principales corredores de transporte entre la Península y Francia. Que una parte significativa de los camiones tenga matrícula extranjera no constituye precisamente una sorpresa.

La explicación sobre cómo intenta actualmente localizar a los infractores resulta todavía más reveladora sobre las carencias del sistema. Al no existir, según la Diputación, un mecanismo europeo de coordinación que permita identificar automáticamente a los propietarios, trabajadores forales revisan manualmente las imágenes captadas por las cámaras. Buscan logotipos en los camiones e intentan identificar a las empresas para posteriormente contactar con ellas.

Los propios responsables forales lo resumen de una manera bastante gráfica: «Hacemos de inspectores Gadget». La frase tendría gracia si no describiera el sistema utilizado para intentar cobrar una tasa pública. La Diputación reconoce además que no dispone de personal dedicado específicamente a esta tarea y que resulta imposible perseguir todos los impagos.

El problema se complica todavía más cuando el vehículo pertenece a una empresa de alquiler, porque primero hay que identificar al propietario y posteriormente averiguar quién utilizaba el camión cuando pasó por Bizkaia. Todo esto debería haberse analizado antes de instalar los pórticos, no tres años después.

El problema no consiste únicamente en el dinero que deja de ingresar Interbiak. Hay una cuestión todavía más importante: la desigualdad entre quienes cumplen y quienes no. El transportista vizcaíno, vasco o español que utiliza habitualmente estas carreteras tiene muy difícil escapar al pago porque su matrícula puede ser identificada mediante la DGT. Lo mismo ocurre con muchas empresas extranjeras que utilizan correctamente Vía-T o registran sus vehículos.

Mientras tanto, determinados camiones extranjeros pueden atravesar las mismas carreteras, utilizar la misma infraestructura y generar el mismo desgaste con una probabilidad muy elevada de que nadie consiga cobrarles. Se produce así uno de los peores incentivos posibles para cualquier sistema tributario: quien cumple paga y quien decide ignorar el procedimiento puede acabar obteniendo una ventaja económica.

Además, la propia Diputación ha justificado reiteradamente estos peajes con el principio de que quien más utiliza y contamina, más debe contribuir al mantenimiento de las carreteras. Pero ese argumento pierde fuerza si el sistema no garantiza que todos los usuarios estén sometidos realmente a las mismas reglas.

Los pórticos free-flow constituyen tecnológicamente una solución mucho más avanzada que las antiguas cabinas de peaje. Cámaras, sensores y sistemas automáticos permiten identificar vehículos y calcular exactamente los kilómetros recorridos sin obligarlos a detenerse.

Pero automatizar el paso no sirve de mucho si después el proceso de recobro acaba dependiendo de un empleado mirando una fotografía para encontrar el logotipo pintado en la cabina de un camión.

La tecnología del sistema de cobro debía haberse diseñado conjuntamente con el procedimiento de persecución del impago. Antes de ponerlo en funcionamiento había que responder a una pregunta bastante elemental: ¿qué ocurre cuando pasa un camión extranjero que no está registrado y no paga?

La respuesta no podía ser descubrir años después que prácticamente no hay forma de localizarlo. La Diputación puede alegar que la tasa de impago representa solo el 1,41% de los trayectos. Pero precisamente una Administración debe diseñar sus sistemas pensando también en las excepciones, especialmente cuando son perfectamente previsibles.

Los peajes de Bizkaia nacieron además rodeados de polémica y han requerido importantes inversiones tecnológicas y administrativas. Que después de tres años la solución para miles de impagos mensuales siga consistiendo parcialmente en buscar manualmente el nombre de una empresa en las fotografías de los camiones es un nuevo desastre de gestión que debería llevar a revisar urgentemente el modelo.

Porque el principal perjudicado no es únicamente la Diputación. Es el camionero o la empresa de transporte que registra correctamente sus vehículos, instala el dispositivo correspondiente y paga religiosamente cada vez que utiliza las carreteras vizcaínas. Un sistema de peajes no es justo porque cobre. Es justo cuando consigue cobrar a todos por igual.