Coronavirus: La protección de datos personales no sirve

Uno de los aspectos positivos de la crisis del coronavirus es que está poniendo en duda la radical protección de los datos personales que los países europeos se han impuesto. Aspiraban a garantizar una serie de derechos de los consumidores frente a corporaciones supuestamente depravadas y en realidad solo están sirviendo para que los corruptos consigan que sus nombres desaparezcan de Google y para poner dificultades a la lucha contra la pandemia.

Tres de los países que mejor han evitado las infecciones masivas de coronavirus, Israel, Singapur y Corea del Sur, se han basado precisamente en la monitorización de datos personales a través de los teléfonos móviles. Es una práctica que da resultados pero que está terminantemente prohibida por la normativa de privacidad europea.

Por resumir, Corea del Sur, Singapur e Israel identifican a los infectados y les hacen un seguimiento constante, mediante geolocalización, a través de su móvil. Tanto a ellos como a cualquier persona con la que entren en contacto, con el fin de prevenir que el resto de la sociedad pueda contagiarse.

La unión de tests y geolocalización de infectados podría haber evitado incidencias graves que se han producido en España en los eventos del 8M y especialmente en las residencias de ancianos. En principio, esta información se mantiene en privado, aunque en Singapur se ha llegado al extremo de compartirla online para que toda la población pueda saber si cerca suyo hay algún positivo de Covid19.

Estas actividades serían ilegales actualmente en Europa como consecuencia de unas normas que pretendían protegera a los ciudadanos pero que en realidad le perjudican. Y sus supuestas ventajas no se han hecho realidad. Aunque debían evitar la publicidad personalizada, lo cierto es que todos los internautas siguen recibiendo emails o spam.

Los únicos que se han beneficiado de las leyes de protección de datos personales son las grandes multinacionales, que eliminan así competidores incapaces de seguir todos los procedimientos que marca la normativa, y los auditores. Estos últimos verifican que las empresas cumplen con las normas de privacidad y son obligatorios en las compañías de cierto tamaño.

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