Caso Inedi: empresas privadas que desaparecen por la competencia desleal de las instituciones públicas

El cierre de Inedi Design School después de 40 años de actividad en Bilbao debería hacernos reflexionar sobre una tendencia cada vez más preocupante en Euskadi: las administraciones públicas han dejado de limitarse a crear las condiciones para que las empresas compitan y cada vez intervienen más directamente para decidir cuáles deben ganar.

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Inedi cerró definitivamente el pasado 30 de junio. Fundada en 1986, era la escuela decana de moda y diseño gráfico de Bilbao y calcula que por sus aulas han pasado más de 2.000 profesionales. En su despedida, sus responsables han tenido la valentía de señalar uno de los factores que explican su desaparición: «la llegada de proyectos respaldados por grandes infraestructuras internacionales y una fuerte proyección institucional».

No mencionan nombres, pero es inevitable pensar en IED Kunsthal, que ofrece en Bilbao grados en Diseño de Moda, Diseño Gráfico, Diseño de Interiores y Diseño de Producto. Es decir, compite directamente por una parte sustancial del mismo alumnado. No tenemos absolutamente nada en contra IED Kunsthal. Probablemente sea una excelente escuela. El problema no es el competidor. El problema es el árbitro.

En 2018, el Ayuntamiento de Bilbao llegó a un acuerdo con la guipuzcoana Kunsthal para cederle el Edificio Papelera de Zorrotzaurre, un inmueble municipal de casi 2.500 metros cuadrados destinado a albergar su Centro Superior de Diseño. No se limitó a prestar el edificio. El Ayuntamiento asumió inicialmente unas obras de acondicionamiento presupuestadas en alrededor de 500.000 euros.

En 2021 destinó otros 645.569 euros a urbanizar el entorno de la parcela, incluyendo servicios, cerramientos y ajardinamiento. Y en 2023 aprobó otros 1,07 millones para reconstruir un anexo destinado expresamente a nuevas aulas y talleres de IED Kunsthal. Estamos hablando, por tanto, de más de 2,2 millones de euros de inversión municipal identificable, además de la cesión de un inmueble de enorme valor y de otros apoyos públicos y privados que ha recibido el proyecto.

Mientras tanto, cualquier escuela privada que quisiera competir con IED Kunsthal tenía que pagar su alquiler o comprar sus instalaciones, acondicionarlas, mantenerlas y financiar su crecimiento con las matrículas de sus alumnos y sus propios recursos. Sin olvidar las infraestructuras digitales: competir en Google por búsquedas como «escuela de diseño en Bilbao» se pone muy cuesta arriba si tu rival es un gigante internacional.

¿Es eso competencia? Formalmente quizá sí. En términos económicos resulta bastante más difícil defenderlo. Tenemos una visión demasiado ingenua de las ayudas públicas. Tendemos a pensar que subvencionar una empresa siempre supone crear actividad económica. Pero cada euro público entregado a una empresa puede afectar también a sus competidores.

Si una administración financia las instalaciones de un restaurante, perjudica a los restaurantes vecinos que pagan sus locales. Si proporciona gratuitamente oficinas a una consultora, introduce una ventaja frente a las consultoras que pagan alquiler. Y si pone edificios e inversiones millonarias a disposición de una escuela privada, esa escuela puede competir por los alumnos en unas condiciones extraordinariamente ventajosas frente a las que tienen que financiarse exclusivamente en el mercado.

Eso es precisamente lo que debería preocuparnos del caso Inedi. No podemos demostrar que Inedi habría sobrevivido sin IED Kunsthal. Seguramente han influido muchos factores: cambios demográficos, evolución de la demanda, nuevas titulaciones universitarias, transformación del mercado educativo o simplemente decisiones empresariales.

Pero existe un hecho difícil de ignorar: una escuela privada que llevaba cuatro décadas funcionando en Bilbao desaparece mientras otro operador que compite en el mismo mercado crece con unas infraestructuras financiadas en buena medida por las administraciones. Como mínimo merece una explicación.

Hay además otra dimensión del problema que todavía más preocupante. Inedi nació en Bilbao en 1986. Era una iniciativa privada, independiente y profundamente arraigada en la ciudad. No necesitó que ninguna administración decidiera que Bilbao debía convertirse en un hub del diseño para empezar a formar diseñadores.

Kunsthal también nació como un proyecto vasco, pero en 2020 terminó integrándose en el Istituto Europeo di Design (IED), una organización internacional con centros en varias ciudades europeas. La paradoja resulta llamativa: las instituciones dedican enormes recursos a atraer, impulsar y consolidar determinados proyectos mientras desaparecen iniciativas locales que llevaban décadas haciendo exactamente aquello que ahora las administraciones consideran estratégico.

Y no es un problema exclusivo de la educación. En Euskadi hemos construido durante los últimos años un modelo económico en el que las instituciones quieren decidir qué sectores deben crecer, qué proyectos son estratégicos, qué empresas merecen financiación, qué startups deben instalarse aquí, qué centros tecnológicos deben expandirse y hasta qué compañías deben tener accionistas públicos.

A veces funciona. Otras veces provoca efectos secundarios que apenas analizamos. Uno de ellos es el progresivo desplazamiento de la iniciativa privada independiente por un ecosistema empresarial cada vez más dependiente de subvenciones, edificios públicos, fondos institucionales y relaciones con la Administración.

Y eso tiene otra consecuencia: quien controla los recursos termina teniendo una enorme capacidad para configurar el ecosistema empresarial. Las empresas verdaderamente independientes son incómodas precisamente porque no dependen de nadie. Las que viven de subvenciones, contratos, edificios o inversiones públicas saben perfectamente quién hace posible una parte de su actividad.

Para vigilar precisamente estos problemas tenemos una Autoridad Vasca de la Competencia. Y convendría recordar que su función no consiste exclusivamente en perseguir carteles empresariales o acuerdos de precios. La propia Autoridad incluye entre sus funciones los informes sobre la actuación del sector público y sobre ayudas públicas.

También analiza actuaciones administrativas capaces de introducir obstáculos o distorsiones en el mantenimiento de una competencia efectiva. Por eso el caso Inedi debería interesarle. La pregunta no tiene por qué ser si las ayudas concedidas a IED Kunsthal son legales. Probablemente lo sean.

La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿Puede una administración proporcionar edificios, instalaciones e inversiones millonarias a una empresa privada que compite directamente con otras empresas que tienen que financiar esos mismos recursos por su cuenta?

Y una segunda pregunta todavía más interesante: ¿qué ocurre cuando una de esas empresas acaba desapareciendo? Porque cumplir formalmente las normas sobre ayudas públicas no significa necesariamente que una política pública sea neutral desde el punto de vista de la competencia. Precisamente por eso existen organismos independientes encargados de analizar sus efectos.

Bilbao tiene todo el derecho del mundo a querer convertirse en una referencia internacional del diseño. Y el Ayuntamiento puede desarrollar políticas para conseguirlo. Pero existe una diferencia fundamental entre crear un ecosistema favorable al diseño y elegir qué empresa debe protagonizarlo.

Lo primero significa mejorar la ciudad, facilitar espacios, atraer talento, organizar eventos, apoyar a los estudiantes o fomentar la demanda. Medidas cuyos beneficios pueden alcanzar a todos los operadores. Lo segundo consiste en seleccionar una organización concreta y poner a su disposición recursos que sus competidores no tienen.

Cuando las instituciones hacen esto dejan de ser árbitros y empiezan a participar en el partido. Y entonces pueden ocurrir cosas como la que acaba de suceder en Bilbao. Después de 40 años, Inedi desaparece. Al mismo tiempo, otra escuela de diseño continúa creciendo apoyada en infraestructuras sufragadas con millones de euros públicos.

Quizá ambas circunstancias no tengan relación. Pero sería bastante irresponsable no preguntárselo. Porque una economía sana necesita empresas capaces de nacer, crecer y competir sin pedir permiso ni favores a las instituciones. Y cuando el dinero público termina contribuyendo a expulsar del mercado a quienes han sobrevivido durante décadas sin él, algo estamos haciendo mal.