Vicinay: el enésimo error del consejero Jauregi

El rescate del fabricante de cadenas de Sestao, presentado hace apenas tres meses por el Gobierno vasco como una operación que garantizaría su continuidad y permitiría incrementar la producción un 25%, ha desembocado en una propuesta para despedir a casi la mitad de sus trabajadores y aplicar un ERTE al resto. Una sentencia judicial a la que ha tenido acceso Gananzia revela que un acreedor ya había cuestionado en junio la viabilidad del grupo, al considerar que sus problemas no eran exclusivamente financieros, sino también de rentabilidad. El tribunal rechazó las objeciones, respaldándose, entre otros documentos, en un informe de PKF Attest, administrador concursal de Tubos Reunidos.

La gestión del consejero de Industria, Mikel Jauregi, acumula otro episodio que pone en cuestión la distancia entre las expectativas que transmite el Gobierno vasco y la evolución real de algunas de las empresas que reciben su respaldo. Esta vez se trata de Vicinay, el histórico fabricante de cadenas industriales que atravesó una grave crisis financiera y fue adquirido por el grupo Velora, controlado por Dámaso Quintana, también propietario de Haizea Wind.

El pasado 22 de julio, el Ejecutivo autonómico anunció su participación en la operación junto con Ekarpen, presentándola como una garantía del arraigo industrial de Vicinay y de la continuidad de su actividad en Euskadi. El comunicado institucional aseguraba que permitiría promover cerca de 200 empleos y anticipaba un crecimiento productivo de aproximadamente el 25% durante los próximos años.

Sin embargo, el optimismo apenas ha durado tres meses. La dirección de Vicinay plantea ahora despedir a 60 trabajadores, casi la mitad de los aproximadamente 130 empleados de su fábrica de Sestao, y aplicar un ERTE al resto hasta julio de 2027. El periodo de consultas comenzará el próximo 9 de noviembre.

La empresa atribuye la decisión a la pérdida de un pedido de British Petroleum (BP), adjudicado finalmente al fabricante chino Asian Star Anchor Chain. Pero el comité de empresa ha revelado que ese contrato únicamente habría garantizado tres meses de trabajo. Los representantes sindicales cuestionan que una adjudicación de semejante duración pueda justificar una reducción tan importante del empleo.

En realidad, el problema parece ir mucho más allá de la pérdida de un pedido. Una fábrica industrial necesita una cartera de contratos suficiente para sostener su actividad durante un periodo prolongado, y Vicinay aparentemente carecía de ella incluso cuando el Gobierno vasco presentó su rescate como una operación de futuro.

Las dudas sobre la viabilidad de la compañía no son nuevas. Una sentencia del Tribunal de Instancia de Bilbao, de 22 de junio de 2026, a la que ha tenido acceso Gananzia, revela que la empresa certificadora DNV impugnó judicialmente el plan de reestructuración y presentó un informe pericial que cuestionaba sus previsiones económicas.

El dictamen, elaborado por Última Asesores y Consultores, advertía de que la crisis de Vicinay no se limitaba a su elevado endeudamiento, sino que respondía también a problemas históricos de rentabilidad. Según recoge la resolución judicial, los peritos consideraban que el plan se apoyaba en unas proyecciones demasiado optimistas y poco coherentes con los resultados registrados desde 2019.

Además, cuestionaban que la reestructuración se basara fundamentalmente en una quita de deuda extraordinaria sin abordar suficientemente los problemas estructurales de la empresa. Entre las medidas cuya ausencia destacaban figuraban la reducción de costes, los ajustes de plantilla y la apertura de nuevos mercados.

Uno de los aspectos más significativos del informe era que las previsiones de recuperación se apoyaban en el ebitda positivo de 2023, mientras que, según los peritos, se restaba importancia a los resultados negativos del resto de la serie histórica. Tampoco consideraban suficientemente justificado el volumen de negocio necesario para garantizar la continuidad del grupo.

El juez Marcos Bermúdez Ávila rechazó estas objeciones y homologó el plan de reestructuración. Su decisión se apoyó, entre otros elementos, en un informe de PKF Attest, presentado por Vicinay, que defendía la razonabilidad de las previsiones económicas y consideraba que la crisis podía superarse con la reducción de deuda y la entrada de un nuevo inversor industrial.

PKF Attest sostenía que no existía una crisis económica estructural ni problemas operativos que impidieran desarrollar los proyectos previstos. Su análisis contemplaba un horizonte de recuperación hasta 2030 y se apoyaba tanto en la capacidad productiva del grupo como en los proyectos comerciales comprometidos o previstos.

La coincidencia resulta llamativa porque otra sociedad de la misma firma, PKF Attest Concursal, está gestionando actualmente el concurso de Tubos Reunidos. El 26 de octubre, el juzgado de Vitoria acordó la apertura de la fase de liquidación de la matriz del fabricante alavés y su disolución, dejando la administración en manos de esta entidad. Se trata de funciones diferentes: en Vicinay, PKF Attest elaboró una pericial de parte favorable a la viabilidad; en Tubos Reunidos, PKF Attest Concursal ejerce como administrador designado judicialmente. Y una coincidencia: en ambos casos hay préstamos de la Sepi de por medio.

En cualquier caso, la sentencia de Vicinay plantea una cuestión que adquiere especial relevancia a la vista de los acontecimientos posteriores. Cuatro meses después de que un perito advirtiera de la insuficiencia de los ajustes estructurales y de las previsiones comerciales, la empresa anuncia precisamente una reducción drástica de plantilla por falta de pedidos. El tribunal consideró entonces que esas objeciones no eran suficientes para invalidar el plan, pero su contenido merece ser reconsiderado a la luz de la situación actual.

La resolución también permite conocer mejor las condiciones económicas de la adquisición. La sociedad ECN All Wind A, vinculada a Quintana, se hizo con la totalidad de las participaciones de Vicinay Marine por un precio conjunto de un euro. La operación estaba acompañada de una ampliación de capital de 60 millones de euros, posteriormente inscrita en el Registro Mercantil, y de una reestructuración que afectaba a aproximadamente 169 millones de deuda.

Los acreedores financieros y comerciales ordinarios tuvieron que aceptar una quita del 92,95%, por lo que únicamente recuperarían el 7,05% de sus créditos. La deuda subordinada quedó sometida a una condonación del 100%. Por el contrario, los créditos públicos, los trabajadores y determinados proveedores considerados estratégicos quedaron fuera del perímetro de esas quitas.

La sentencia menciona además unos 36 millones de euros de crédito público y la autorización del Consejo de Ministros para modificar las condiciones de financiación previamente concedida a Vicinay por el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. De esa manera, el rescate implicaba también la continuidad de una importante exposición financiera de las administraciones.

A todo ello se sumó posteriormente la participación del Gobierno vasco en el capital de ECN All Wind, mediante una aportación de 7,5 millones de euros a través del fondo Ezten II, a cambio del 7,8% de la sociedad. También intervino Ekarpen, aunque no se ha hecho pública la cuantía de su inversión.

Según la información publicada por El Correo, el Gobierno vasco y las diputaciones aceptaron asimismo condonaciones de deuda superiores a siete millones de euros. Esta última cifra requiere una aclaración adicional, dado que el plan judicial excluía expresamente los créditos públicos de su perímetro de afectación. Por tanto, cualquier eventual condonación pública tuvo que articularse al margen de las quitas previstas en ese plan.

El conjunto de la operación exige conocer cuánto dinero propio ha aportado realmente Quintana, qué proporción de los 60 millones de capitalización procedía de otros inversores y qué recursos han quedado disponibles para financiar la actividad productiva de Sestao.

El propio Jauregi reconoció el pasado 22 de septiembre que el Gobierno vasco conocía el riesgo de perder el pedido de BP. Sin embargo, no explicó hasta qué punto dependían de esa adjudicación las previsiones de recuperación que habían justificado el respaldo institucional.

Un mes después, tras anunciarse los despidos, el consejero volvió a justificar la situación por la pérdida del pedido y la consiguiente falta de carga de trabajo. Preguntado expresamente el 22 de octubre por las garantías exigidas a Quintana para impedir una reducción tan rápida del empleo, evitó aclarar si existían condiciones específicas de mantenimiento de plantilla.

En lugar de responder directamente, explicó que las instituciones habían invertido en una sociedad que desarrollará nuevos proyectos industriales y planteó la posibilidad de recolocar a los trabajadores afectados en otras empresas del grupo Velora, que recientemente ha anunciado una inversión en Álava con la previsión de crear un centenar de empleos.

El argumento supone un cambio significativo respecto al discurso institucional de julio. Entonces, el Gobierno vasco presentaba la operación como una garantía del futuro de Vicinay. Ahora, ante la posible desaparición de casi la mitad de los empleos de Sestao, Jauregi desplaza el foco hacia la actividad que pueda desarrollar el conjunto del grupo comprador.

Por su parte, Vicinay tampoco ha ofrecido explicaciones concretas. Preguntada por Gananzia sobre su situación comercial y sus perspectivas industriales, la dirección se ha limitado a señalar que el periodo de consultas comenzará el 9 de noviembre y que su objetivo es minimizar el impacto de las medidas propuestas para preservar la actividad y la competitividad. No ha facilitado información sobre la cartera de pedidos ni sobre la producción prevista para los próximos meses.

El caso se suma a otros episodios controvertidos de la gestión de Jauregi. En Guardian, el consejero anunció la existencia de inversores interesados en rescatar la fábrica de vidrio, unas expectativas cuya consistencia cuestionó Gananzia y que hasta el momento no se han materializado en una solución industrial. Con Hithium, el Gobierno vasco generó expectativas sobre la instalación de una fábrica de baterías a partir de un memorando de entendimiento que no constituía un compromiso firme de inversión. El proyecto anunciado tampoco se materializó en Euskadi.

En Bridgestone, Jauregi viajó a Japón durante la crisis de la fábrica de Basauri, una actuación que Gananzia investigó por su enorme improvisación y que no consiguió evitar los despidos. Aunque la decisión correspondía a la multinacional, el episodio volvió a evidenciar los límites de la capacidad de intervención del departamento de Industria.

Más recientemente, el consejero utilizó una ronda de financiación de hasta 500 millones de euros de Multiverse Computing como argumento para cuestionar las estadísticas de inversión extranjera. Como explicó este medio, el capital captado por una empresa no equivale automáticamente a inversión efectivamente realizada en el territorio donde tiene su sede.

Los casos presentan diferencias evidentes y no todos los resultados pueden atribuirse directamente a las decisiones del consejero. Pero tienen un denominador común: la tendencia a presentar como éxitos industriales operaciones, contactos o expectativas cuya materialización todavía no está asegurada.

Vicinay resulta especialmente relevante porque, además de los anuncios, existe una inversión pública concreta y una reestructuración financiera de gran magnitud. La sentencia de junio demuestra que las dudas sobre la rentabilidad y las previsiones comerciales eran conocidas antes de que el Gobierno vasco entrara en el capital de su nuevo propietario.

Eso no significa que el Ejecutivo tuviera que asumir necesariamente las conclusiones del perito crítico, desestimadas por el juez. Pero sí debería haber examinado con especial atención las hipótesis sobre las que descansaba el plan de recuperación, especialmente la suficiencia de la cartera comercial y la exposición de la empresa a la pérdida de contratos importantes.

El problema de Jauregi no es que no haya conseguido un pedido para Vicinay. Es que su departamento respaldó y presentó públicamente como garantía de futuro una operación cuyas previsiones de empleo y crecimiento han quedado seriamente comprometidas en apenas tres meses.

Ahora corresponde al Gobierno explicar qué información comercial conocía cuando invirtió los 7,5 millones, qué garantías exigió al comprador y por qué consideró suficientemente sólido un plan cuya viabilidad había sido cuestionada expresamente durante el procedimiento judicial.

La llegada de un inversor industrial, incluso acompañada de una ampliación de capital de 60 millones y una quita masiva de deuda, no garantiza por sí sola la existencia de un negocio rentable. Vicinay vuelve a demostrar que sanear el balance de una compañía y asegurar su futuro comercial son dos cuestiones diferentes. Y que la política industrial no debería medirse por el número de rescates anunciados, sino por su capacidad para sostener actividad y empleo una vez terminadas las presentaciones institucionales.

Cronología del caso Vicinay (2020-2026):

• Diciembre de 2020. Primer ERTE documentado, con reducción de jornada del 40%.
• 2021. Las ventas de Vicinay Sestao caen un 32%, hasta 32,95 millones. Pérdidas de 10,5 millones.
• Diciembre de 2021. Nuevo ERTE del 40%. Deloitte advierte de la insuficiencia de pedidos.
• Junio de 2022. La SEPI aprueba un rescate de 32 millones de euros.
• Septiembre de 2022. Finaliza anticipadamente el ERTE gracias a la recuperación de actividad vinculada al contrato Scarborough (BP).
• 2023. Nuevo expediente laboral. El TSJPV avala el ERTE de 2022.
• Julio de 2024. El Tribunal Supremo inadmite los recursos sindicales contra el ERTE.
• Octubre de 2024. Se documentan retrasos reiterados en el pago de nóminas.
• Mayo de 2025. Inspección de Trabajo requiere el pago puntual de salarios, pero evita sancionar para no agravar la falta de liquidez.
• Julio de 2025. Vicinay prepara otro ERTE tras una caída interanual de ingresos del 54% en el segundo trimestre.
• 30 de julio de 2025. El grupo inicia negociaciones con sus acreedores para evitar el concurso.
• Finales de 2025. Dámaso Quintana impulsa la adquisición del grupo.
• 12 de febrero de 2026. Se formaliza el plan de reestructuración: compra por un euro, ampliación de capital de 60 millones y quitas del 92,95% para acreedores ordinarios.
• 21 de abril de 2026. El Gobierno central autoriza modificar las condiciones del préstamo de la SEPI.
• 22 de junio de 2026. El juez homologa el plan y rechaza las objeciones de DNV sobre su viabilidad, respaldándose, entre otros elementos, en una pericial de PKF Attest.
• 22 de julio de 2026. El Gobierno vasco anuncia una inversión de 7,5 millones, junto a Ekarpen. Prevé aumentar la producción un 25%.
• Agosto de 2026. Se inscribe la ampliación de capital de 60 millones.
• 22 de septiembre de 2026. Se confirma la pérdida del pedido de BP frente a un competidor chino. Jauregi reconoce que conocía ese riesgo.
• 22 de octubre de 2026. Vicinay anuncia 60 despidos y un ERTE para el resto de la plantilla hasta julio de 2027.
• 26 de octubre de 2026. El comité rechaza los despidos y exige transparencia. Revela que el pedido perdido solo habría proporcionado tres meses de trabajo.
• 9 de noviembre de 2026. Fecha prevista para el inicio de las consultas del ERE y ERTE.

Evolución económica anterior al rescate:

Ejercicio	Ventas	ebitda	Resultado neto
2018	19,84 M€	-7,26 M€	-8,14 M€
2019	68,80 M€	7,42 M€	1,99 M€
2020	48,27 M€	3,66 M€	-0,87 M€
2021	32,95 M€	-1,03 M€	-10,50 M€

Fuente: STSJ PV 420/2023, páginas 4 y 5. Datos de Vicinay Sestao, no del grupo consolidado