Caesa, la otra empresa de Vicinay cuyos terrenos se han recalificado para construir viviendas

El grupo Vicinay compró en 2015 Cables y Alambres Especiales (CAESA), una fábrica de Erandio que cerró cuatro años después y sobre cuyos terrenos se proyectan ahora 356 viviendas de la mano de Viuda de Sainz. Los sindicatos han expresado sus sospechas de que Vicinay Sestao pudiera seguir un camino similar dado el atractivo de su suelo, situado frente a la ría. Además, un crédito público de 3,25 millones a una inmobiliaria de CAESA acabó impagado en el correspondiente concurso de acreedores.
La transformación de los terrenos de Cables y Alambres Especiales (Caesa), en Erandio, en una promoción de 356 viviendas constituye un precedente llamativo de la crisis industrial del entorno Vicinay. La empresa fue adquirida por el grupo de la familia vizcaína en mayo de 2015, con promesas de inversiones y contrataciones, pero terminó en concurso de acreedores en 2019. Sus antiguas instalaciones comenzaron a demolerse en enero de 2025 para dar paso a viviendas, aparcamientos, locales comerciales y espacios públicos.
La historia adquiere actualidad porque representantes sindicales de Vicinay Sestao han planteado públicamente sus sospechas sobre el posible atractivo inmobiliario de los terrenos de esa fábrica de cadenas. La empresa continúa activa, pero ya no pertenece a la familia Vicinay tras la reestructuración de 2026. Estas sospechas no acreditan que exista un proyecto residencial ni una recalificación del suelo de Sestao; las instituciones han defendido su continuidad industrial.
El antecedente de Erandio explica la preocupación. Caesa fabricaba cables y alambres de acero y había sido controlada por sus trabajadores antes de que Vicinay la adquiriese en mayo de 2015. Según denunció el comité de empresa en septiembre de 2019, el comprador anunció inversiones por 10 millones de euros, 40 nuevas contrataciones y un aumento de la producción del 70%. Cuatro años después, los trabajadores denunciaban un «desmantelamiento progresivo» y el incumplimiento de aquellas expectativas.
En aquel momento la planta empleaba a 122 trabajadores directos y sostenía alrededor de medio centenar de empleos indirectos. La dirección había propuesto un expediente de extinción para 43 empleados y la plantilla denunciaba retrasos salariales. El comité recordaba, además, que el avance del plan urbanístico de Erandio ya contemplaba un uso residencial para el ámbito de la fábrica. Según los representantes laborales, cuando Vicinay adquirió Caesa, los terrenos pertenecían al Gobierno Vasco a través de Socade.
Cables y Alambres Especiales entró en concurso en 2019. El procedimiento 1139/2019 se tramitó en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao; el plan de liquidación fue aprobado en julio de 2020 y el concurso concluyó en octubre de 2023 por insuficiencia de masa activa. La documentación de la liquidación recoge un importe obtenido de 5.557.849,74 euros por la realización de activos, cifra que podría estar relacionada precisamente con lo que Viuda de Sainz pagó por los terrenos ya recalificados.
Según publicó El Correo en enero de 2025, el proyecto sobre la antigua fábrica contempla 356 viviendas, dos grandes plazas, un aparcamiento subterráneo con unas 1.000 plazas y 7.200 metros cuadrados para actividades económicas, además de descontaminación y recuperación de espacios junto a la ría. La operación se presentó también como una vía para satisfacer derechos laborales pendientes, cifrados en unos 8,2 millones de euros.
En el entorno de Caesa aparece otra operación muy extraña: un crédito de 3.248.536,52 euros del Instituto Vasco de Finanzas (IVF) a Caesa Inmuebles, S.L.U., una sociedad constituida el 17 de diciembre de 2018, con 3.000 euros de capital, por Cemvisa Sistemas de Manutención, holding de este grupo. Menos de diez meses después, la inmobiliaria entró en concurso y el préstamo público quedó sin devolver.
El importe del crédito figura en una respuesta parlamentaria del consejero vasco de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou, del 5 de noviembre de 2026. La tabla examinada recogía el concurso 1192/2019, declarado el 14 de octubre de 2019 y concluido el 27 de septiembre de 2023, sin identificar en ella a la deudora. El cruce del número de procedimiento con los edictos del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao ha permitido identificar a Caesa Inmuebles, S.L.U., CIF B95942173.
Según la información recabada por Gananzia, el IVF no recuperó cantidad alguna de ese crédito. La respuesta parlamentaria permite comprobar su importe y el cierre del concurso, pero no desglosa las cantidades efectivamente recuperadas. Queda por aclarar cuándo se concedió la financiación, qué garantías la respaldaban y a qué se destinó. Tampoco se ha acreditado que Caesa Inmuebles fuera propietaria de los terrenos de la fábrica, que antes de la compra por parte del grupo Vicinay pertenecían precisamente al Gobierno Vasco a través de Socade.
Cemvisa Sistemas de Manutención también entró en concurso en 2019, concluido en 2023 por insuficiencia de masa activa. No debe confundirse con Cemvi Catena Elevación Manutención Vicinay, sociedad que sigue activa bajo la marca Vicinay Cemvisa y trabaja en sistemas de elevación y manutención.
La trayectoria de la familia Vicinay permite distinguir tres ramas industriales: Cables y Alambres Especiales, liquidada; Cemvi Catena, todavía activa; y Vicinay Marine y Vicinay Sestao, dedicadas a cadenas y sistemas de amarre y hoy fuera del control familiar. No se trata necesariamente de tres grupos mercantiles independientes, sino de actividades y sociedades con trayectorias diferentes.
El paralelismo entre Caesa y Vicinay Sestao tiene límites: la primera fue liquidada y su suelo está destinado a una gran transformación urbanística; la segunda sigue operando y las administraciones defienden que mantenga su uso industrial. Pero la experiencia de Erandio explica que los sindicatos pidan garantías concretas sobre el futuro de Sestao. Y la existencia de un crédito público de 3,25 millones de euros asociado a una sociedad inmobiliaria del mismo entorno empresarial añade una cuestión que el Gobierno Vasco debería aclarar.
La reestructuración de Vicinay Marine y Vicinay Sestao añade otro capítulo a la relación entre la familia Vicinay y la financiación pública. Según las informaciones publicadas, el grupo debía unos siete millones de euros al Gobierno Vasco, repartidos aproximadamente a partes iguales entre el Instituto Vasco de Finanzas (IVF) y el fondo Ezten. Las cuentas de este último recogen, en concreto, un préstamo participativo de 3,16 millones de euros a Vicinay Marine.
La reestructuración de una deuda total cercana a 170 millones contempló quitas de alrededor del 93% para determinados acreedores; según las informaciones publicadas, la deuda de las entidades vascas quedó prácticamente perdonada. La quita de créditos públicos antes de la entrada de Dámaso Quintana plantea además una cuestión de derecho comunitario. El artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea somete a control las ventajas selectivas concedidas mediante recursos estatales.
La quita de prácticamente siete millones de euros asumida por las entidades financieras públicas vascas no constituye necesariamente una ayuda de Estado contraria al derecho comunitario. La normativa europea permite que las administraciones acepten pérdidas equivalentes a las de los acreedores privados, siempre que sus créditos sean comparables y la decisión responda a criterios económicos de mercado.
La incógnita es si el IVF y Ezten se encontraban realmente en la misma posición que los bancos y si se justificó económicamente la condonación antes de aprobarla. La posterior aportación de otros 32,5 millones por el Gobierno Vasco y Ekarpen añade una segunda operación que también debe examinarse conforme a las reglas europeas.
La compra por Quintana, presidente y cofundador de Haizea Wind, ha venido acompañada de nuevas aportaciones públicas y público-privadas. El Gobierno Vasco invirtió directamente 7,5 millones de euros y Ekarpen aportó otros 25 millones a través de ECN All Wind, el vehículo que pasó a controlar Vicinay.
En conjunto son 32,5 millones de euros sobre una operación de 60 millones, aunque no todos proceden de las administraciones: Ekarpen está participado por Kutxabank (44,4%), Gobierno Vasco (34,8%), las tres diputaciones forales (13,3%) y Mondragón Inversiones (7,4%). La parte directamente atribuible a las instituciones públicas ronda, por tanto, los 19,5 millones de euros, sin contar las quitas de la deuda anterior. El Gobierno Vasco controla el 7,8% de ECN All Wind y Ekarpen otro 26,3%, según la misma información.
El contraste con la situación laboral resulta especialmente llamativo. Tras el rescate, Vicinay Sestao ha planteado despedir a 60 de sus 128 trabajadores y aplicar un ERTE al resto hasta julio de 2027, alegando falta de carga de trabajo después de perder un contrato de British Petroleum frente a un competidor chino. Los sindicatos han rechazado el ajuste y exigido explicaciones sobre la operación y el destino de los apoyos públicos.
A diferencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), que aceptó modificar los plazos y condiciones de su financiación sin una quita del principal, las entidades vascas habrían asumido una reducción sustancial de sus créditos y después participado en la nueva inversión. Esa combinación de condonación de deuda, entrada en el capital y anuncio de despidos exige conocer los compromisos industriales y laborales asumidos por los nuevos propietarios.
