Vivanta se suma a la larga lista de cadenas dentales que quiebran dejando a sus pacientes con tratamientos a medias

Primero fue Funnydent. Después llegaron iDental y Dentix. Y ahora Vivanta. En apenas diez años, España ha acumulado una sucesión extraordinaria de crisis y quiebras de grandes cadenas de clínicas dentales que tienen un denominador común: miles de pacientes que habían pagado o financiado por adelantado tratamientos de varios miles de euros se encuentran de repente con las puertas cerradas y los trabajos a medio terminar.

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La última en incorporarse a esta lista es Vivanta, y el caso tiene una particularidad: había sido rescatada por el Estado. La cadena está cerrando o suspendiendo la actividad de centros en varias comunidades, entre ellas Euskadi. La OCU ha identificado al menos cuatro clínicas afectadas en el País Vasco, además de dos en Zaragoza y una en A Coruña. Los cierres han dejado tratamientos interrumpidos prácticamente de un día para otro.

Kontsumobide ha reaccionado recomendando a los afectados vascos que reclamen cuanto antes y recopilen el historial clínico, presupuesto, plan de tratamiento, facturas y justificantes de pago. Quienes contrataron un crédito vinculado al tratamiento pueden solicitar a la financiera que paralice las cuotas pendientes y reclamar la parte correspondiente al servicio no prestado. Quienes pagaron directamente a Vivanta tienen una posición bastante peor: deben reclamar contra la propia sociedad y, si entra en concurso, convertirse en acreedores.

Vivanta recibió 40 millones de euros públicos en 2022 para evitar precisamente su caída. El Gobierno consideró a Aestes Dental —la sociedad que controlaba el grupo— una empresa estratégica y la rescató a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI. Fueron 20,4 millones mediante un préstamo participativo y otros 19,6 millones mediante un préstamo ordinario. El Consejo General de Dentistas criticó duramente ya entonces que prácticamente se destinara a rescatar una sola cadena dental la misma cantidad que el Estado dedicaba al conjunto del Plan de Salud Bucodental.

La devolución tampoco ha seguido el calendario inicialmente previsto. Las condiciones se modificaron en 2024 para llevar el vencimiento a 2028 y este año se han vuelto a flexibilizar, extendiendo el plazo hasta 2032. Mientras tanto, Donte Group, propietario de Vitaldent, está adquiriendo determinados activos de Aestes y Vivanta. La CNMC ha tramitado la operación y algunos de los pacientes afectados están siendo derivados precisamente a clínicas Vitaldent.

El precedente más parecido quizá sea Dentix. La compañía llegó a convertirse en la mayor cadena dental española, con 180 establecimientos, pero en 2020 cerró sus clínicas y dejó sin terminar los tratamientos de 101.481 pacientes según la cifra que manejaba entonces el Ministerio de Consumo. La plantilla afectada rondaba los 2.600 trabajadores. Muchos clientes tenían además créditos que seguían pagando pese a que el servicio había dejado de prestarse.

La historia judicial de Dentix se prolongó durante años. La Audiencia Nacional terminó archivando la investigación penal al considerar que no se había demostrado que los responsables hubieran contratado los tratamientos con intención previa de no prestarlos. El conflicto quedó esencialmente en el terreno mercantil y civil. Finalmente, el fondo estadounidense KKR alcanzó un acuerdo que permitió satisfacer a los acreedores y cerrar definitivamente el concurso en 2025.

Dos años antes de Dentix había explotado un caso todavía mayor: iDental. Sus 24 clínicas cerraron en 2018 dejando a miles de pacientes con tratamientos interrumpidos o ni siquiera iniciados pese a haber sido pagados. Las estimaciones remitidas por las comunidades autónomas a la Audiencia Nacional llegaron a hablar de más de 400.000 posibles afectados. La investigación judicial estimó posteriormente que el dinero presuntamente defraudado podía superar los 60 millones de euros.

El modelo de iDental estaba dirigido especialmente a personas con pocos recursos. La compañía ofrecía grandes descuentos —en ocasiones de hasta el 70%— y facilitaba préstamos para pagar tratamientos que posteriormente podían alargarse, interrumpirse o no llegar a realizarse. El resultado fue especialmente perverso: pacientes con problemas dentales sin resolver y, simultáneamente, deudas con bancos y financieras.

La primera gran alarma había sonado en enero de 2016 con Funnydent. Nueve clínicas de Madrid y Cataluña cerraron repentinamente. El procedimiento judicial llegó a contabilizar 2.481 denuncias por un importe conjunto de 8,84 millones de euros. Los pacientes volvieron a encontrarse con el mismo problema que se repetiría después: tratamientos sin acabar después de haber adelantado el dinero.

Ese mismo año estalló además el escándalo de Vitaldent, aunque con una diferencia importante: Vitaldent no cerró su red ni dejó masivamente abandonados a sus pacientes. La Policía detuvo a su fundador, Ernesto Colman, y a varios directivos dentro de la operación Topolino por una presunta trama de fraude fiscal y blanqueo. Según el auto judicial de entonces, solamente las 146 clínicas propias generaban alrededor de 17,2 millones de euros anuales en pagos en B para la cúpula.

Paradójicamente, aquella Vitaldent consiguió sobrevivir y hoy forma parte de Donte Group, que cuenta con más de 400 clínicas. Tras pasar por las manos de JB Capital y del fondo Advent, en 2025 fue adquirida por el fondo de pensiones de los profesores de Ontario en una operación valorada en unos 1.000 millones de euros. Y es precisamente el grupo propietario de Vitaldent el que ahora está comprando activos de Vivanta y recibiendo a parte de sus pacientes.

El problema de fondo es un modelo financiero particularmente peligroso para el consumidor. Un implante, una ortodoncia o una rehabilitación completa pueden durar meses o años, pero las cadenas tienen incentivos para cobrar el tratamiento al principio, directamente o mediante una financiera. En este último caso la clínica recibe el dinero mientras el paciente devuelve posteriormente el préstamo. El resultado es que la empresa dispone anticipadamente de caja correspondiente a servicios que todavía no ha prestado.

Eso permite financiar el crecimiento mientras las ventas aumentan, pero puede agravar enormemente el problema cuando la compañía entra en dificultades. Los nuevos tratamientos aportan liquidez aunque generan simultáneamente una obligación futura de atender al paciente. Si las ventas caen o desaparece la financiación, la cadena puede encontrarse con miles de tratamientos pendientes y sin dinero suficiente para realizarlos. El paciente deja entonces de ser solamente un enfermo y se convierte también en acreedor de una empresa insolvente.

Funnydent, iDental, Dentix y ahora Vivanta muestran hasta qué punto el problema es recurrente. La OCU lleva años reclamando mayor control sobre estas cadenas y recuerda que, en un concurso, los consumidores que adelantaron directamente el dinero se encuentran entre los acreedores con mayores dificultades para recuperarlo. El propio Ministerio de Consumo aconseja expresamente no pagar por adelantado la totalidad de un tratamiento dental.

El Consejo General de Dentistas ha vuelto a plantear tras el caso Vivanta una solución más estructural: modificar la normativa para exigir mecanismos de garantía que protejan el dinero adelantado por los pacientes y permitan asegurar la continuidad del tratamiento cuando una clínica cierra.

Después de Funnydent en 2016, iDental en 2018, Dentix en 2020 y Vivanta en 2026, difícilmente puede hablarse ya de acontecimientos excepcionales. En diez años se ha repetido cuatro veces el mismo esquema sin que España haya establecido todavía un sistema que garantice que el dinero entregado para un tratamiento sanitario futuro siga estando disponible si la empresa que lo ha cobrado quiebra. La diferencia esta vez es que el Estado había puesto además 40 millones de euros para evitar que Vivanta terminara precisamente así.