¿Por qué el retorno de envases usados todavía no está funcionando en España?

En buena parte de Europa es ya una escena cotidiana: el consumidor llega al supermercado con las botellas y latas vacías, las introduce en una máquina y recibe a cambio el dinero que había dejado como depósito al comprarlas. En España este sistema debería empezar a funcionar, como muy tarde, en noviembre de 2026. Sin embargo, a apenas dos meses de que expire el plazo legal, su puesta en marcha sigue bloqueada.

El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) funciona de una manera muy sencilla. Al comprar una bebida, el consumidor paga una pequeña cantidad adicional —la legislación española establece un mínimo de 10 céntimos— que recupera íntegramente cuando devuelve el envase usado. El comercio puede recogerlo mediante máquinas automáticas o, especialmente en establecimientos pequeños, de forma manual.

No se trata además de una posibilidad que el Gobierno esté estudiando. La implantación ya es obligatoria. La Ley de Residuos y el Real Decreto de Envases establecieron que España tendría que introducir este sistema si en 2023 no conseguía recoger separadamente al menos el 70% de las botellas de plástico de bebidas.

El resultado quedó muy lejos: el Ministerio para la Transición Ecológica calculó finalmente una tasa del 42,3%. En noviembre de 2024 constató oficialmente el incumplimiento y, con ello, empezó a correr el plazo de dos años previsto por la legislación. El propio Gobierno continúa señalando que el SDDR debe ponerse en marcha como consecuencia de ese resultado. Por tanto, en noviembre de 2026 debería estar operativo.

El problema está en quién tiene que organizarlo

Aunque el principio parece sencillo, la operativa no lo es. Hay que crear uno o varios sistemas capaces de cobrar y devolver los depósitos, identificar los envases, compensar a los comercios, recogerlos, transportarlos, contabilizarlos y entregarlos posteriormente para su reciclaje. Y aquí es donde se ha producido el atasco.

Se han presentado cuatro proyectos para operar el SDDR, todos ellos domiciliados en Madrid. Al estar allí sus sedes sociales, corresponde a la Comunidad de Madrid tramitar sus autorizaciones. Entre los aspirantes figuran iniciativas promovidas por la industria y actuales gestores de residuos de envases, como la Asociación SDDR para España, Ecoembes, Corepet y Procircular.

Pero en mayo de 2026 los cuatro expedientes seguían pendientes. La Comunidad de Madrid comunicó que necesitaba antes un informe de la Comisión de Coordinación en materia de residuos, formada por las comunidades autónomas y el Gobierno central, y decidió suspender entretanto la tramitación.

El Gobierno regional asegura además que falta definir una pieza fundamental: quién coordinará a los distintos operadores si finalmente se autoriza más de uno. Hay que resolver cuestiones como la interoperabilidad de sus sistemas, el intercambio de información, la trazabilidad de los envases o la compensación económica cuando, por ejemplo, una botella perteneciente a un operador sea devuelta en una máquina gestionada por otro.

La Comunidad de Madrid culpa por ello al Gobierno central de no haber definido suficientemente el marco técnico. Las organizaciones ecologistas, por el contrario, acusan al Ejecutivo madrileño de estar bloqueando deliberadamente el sistema. En julio, más de 130 entidades integradas en la Alianza Residuo Cero y la plataforma Ley de Residuos Ya reclamaron a la Comunidad que desbloqueara las autorizaciones.

Aunque se autorizara mañana, difícilmente llegaría a noviembre

Hay otro problema todavía más evidente: el tiempo material necesario para poner el sistema en funcionamiento. Un informe elaborado por RVM Systems, uno de los fabricantes de máquinas de devolución de envases, estima que hacen falta entre 18 y 24 meses desde la designación del operador para completar la transición. En otro apartado considera que una implantación adecuada requiere como mínimo unos 24 meses desde que el administrador recibe su licencia, aunque admite que podría acortarse en circunstancias especialmente favorables.

La propia Comunidad de Madrid maneja un estudio encargado en 2021 por el Ministerio a Tragsatec que calculaba un calendario todavía mayor, de al menos 32 meses. La razón es que no basta con colocar unas máquinas en los supermercados. Hay que registrar a miles de fabricantes e importadores, adaptar etiquetas y códigos de barras, crear una plataforma informática para controlar los depósitos, contratar la logística, acondicionar establecimientos y almacenes, formar al personal y explicar después el sistema a millones de consumidores.

RVM estima que España podría necesitar inicialmente más de 10.000 máquinas automáticas, además de numerosos puntos de recepción manual. La magnitud del proyecto queda todavía más clara con las cifras que maneja la Asociación SDDR para España: solo para las botellas de PET y las latas habría que gestionar alrededor de 17.000 millones de envases al año, en un país con más de 500.000 puntos de venta de bebidas.

La propia industria reconoce ya que el calendario se ha quedado pequeño. La asociación que agrupa a buena parte de fabricantes y distribuidores aseguraba en junio que continúa trabajando en el proyecto pese a la «incertidumbre regulatoria», pero advertía de que las empresas necesitan garantías antes de acometer las grandes inversiones necesarias. Su presidente, José María Bonmatí, evitó incluso comprometerse con 2026: «primero hay que garantizar la seguridad jurídica y luego hablemos de plazos».

Portugal ya lo ha hecho

El retraso español contrasta especialmente con Portugal, que ya ha puesto en funcionamiento su propio sistema de depósito. La experiencia portuguesa tampoco invita a pensar que se pueda improvisar en unos meses. Leonardo Mathias, presidente del operador portugués Volta, explicaba recientemente en Madrid que su país había tenido que arrancar antes de lo que consideraba razonable y que eso había provocado sobreesfuerzos y errores.

Su conclusión es que la experiencia europea demuestra que menos de dos años desde que existen licencia y legislación definitiva es muy poco tiempo. España tiene además una dimensión considerablemente mayor: frente a unos 90.000 establecimientos afectados en Portugal, aquí pueden ser del orden de medio millón.

¿Merece la pena semejante complicación? La experiencia internacional apunta a que sí. Un informe de TOMRA, principal fabricante mundial de máquinas de devolución, recuerda que los sistemas con mejor rendimiento recuperan habitualmente más del 90% de los envases. Conviene tener en cuenta que TOMRA tiene un evidente interés comercial en la implantación de estos sistemas, pero las cifras proceden de experiencias reales de varios países.

El ejemplo más llamativo es Lituania. Antes del SDDR recogía alrededor del 34% de sus envases de bebidas. Tras establecer un depósito de diez céntimos, alcanzó el 92% en solo dos años. Finlandia, Alemania, Dinamarca, Noruega y la propia Lituania, los cinco sistemas que TOMRA identifica como de mayor rendimiento, alcanzan conjuntamente una tasa media de devolución del 94%.

Es precisamente esa diferencia respecto al contenedor convencional la que explica que Europa esté avanzando hacia este modelo. El nuevo Reglamento europeo de envases establece objetivos que llevarán la recogida de botellas de plástico y latas hasta el 90% en 2029.

De una obligación ambiental a un enorme negocio

La implantación del SDDR va a provocar además el nacimiento de un considerable mercado alrededor del reciclaje. Fabricantes de máquinas como TOMRA o RVM, operadores logísticos, desarrolladores de software, empresas de clasificación de residuos y supermercados tendrán que realizar inversiones importantes.

El sistema moverá también mucho dinero en depósitos. La Comunidad de Madrid calcula que podrían superar los 1.000 millones de euros anuales, aunque buena parte de esa cantidad simplemente circulará temporalmente por el sistema antes de ser devuelta a los consumidores.

Paradójicamente, por tanto, España ha llegado a una situación en la que la obligación está aprobada, la fecha límite está fijada, la industria se está organizando y la tecnología existe, pero todavía falta resolver quién y cómo va a operar el sistema.

Salvo una aceleración difícilmente imaginable durante los próximos meses, noviembre de 2026 llegará sin que los españoles puedan hacer lo que la legislación daba por hecho que ya podrían hacer: llevar sus latas y botellas usadas a la tienda y recuperar el dinero depositado por ellas.