Meta acumula muertos, moderadores enfermos y menores perjudicados: ¿por qué Zuckerberg nunca paga el coste?

Hay pocas compañías que acumulen un historial de daños sociales comparable al de Meta sin que su máximo responsable haya sufrido consecuencias personales apreciables. La empresa de Mark Zuckerberg acaba de acordar el pago de hasta 18.000 millones de dólares para cerrar buena parte de las demandas presentadas en Estados Unidos por los perjuicios que Facebook e Instagram habrían provocado entre los menores.

Al mismo tiempo, en Barcelona se juzga el despido de más de 2.000 personas que trabajaban limpiando esas mismas redes sociales de sus contenidos más brutales. Y en España acaba de abrirse otro frente mucho más grave: la Audiencia Nacional investiga cómo las redes sociales contribuyeron a movilizar a decenas de miles de personas hacia Ceuta en una avalancha en la que murieron más de 140 personas.

La pregunta empieza a ser hasta qué punto Meta puede seguir considerando todos estos episodios simples externalidades de un negocio extraordinariamente rentable. No se trata de atribuir a Facebook la responsabilidad directa por las muertes de Ceuta, algo que por ahora no ha establecido ningún tribunal. Pero la jueza María Tardón ha abierto una pieza específica para investigar las convocatorias difundidas mediante redes sociales y ha reclamado información a Meta, WhatsApp, Telegram, TikTok y Google para intentar identificar a sus promotores. La investigación principal trata además de determinar quién coordinó, financió y facilitó una movilización de entre 75.000 y 85.000 personas.

Un análisis publicado este jueves por El Salto va bastante más lejos y plantea directamente si Meta y Zuckerberg podrían tener responsabilidad legal por lo ocurrido. Su tesis es que la legislación europea impone a las grandes plataformas obligaciones específicas para evaluar y reducir riesgos sistémicos y que habría que determinar si la compañía hizo lo suficiente ante una movilización masiva organizada en parte mediante sus servicios. Es una interpretación jurídica todavía por demostrar, pero introduce una pregunta pertinente: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de una plataforma cuando sabe que sus herramientas pueden producir daños en el mundo real?

Lo ocurrido en Barcelona muestra la otra cara del mismo negocio: alguien tiene que absorber personalmente la violencia que los algoritmos y los usuarios introducen en las redes. Más de 2.000 personas trabajaban en el centro de CCC Barcelona Digital Services moderando Facebook e Instagram. Su tarea consistía precisamente en contemplar aquello que Meta no quiere que vean sus miles de millones de usuarios: suicidios, abusos sexuales, asesinatos, torturas y todo tipo de contenidos extremos. El centro acabó cerrando después de que Meta decidiera trasladar el servicio y fueron despedidos 2.062 de sus 2.114 empleados.

El asunto no es únicamente laboral. Más de 1.200 demandas precedieron al despido colectivo y entre las cuestiones denunciadas figuraban problemas de salud mental. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debe decidir sobre la impugnación del ERE. El sindicato FIST sostiene además que la subcontrata funcionaba en la práctica como intermediaria y que las decisiones fundamentales procedían de Meta. Las empresas rechazan esta interpretación y CCC atribuye el cierre a razones organizativas derivadas de la finalización del contrato.

El patrón resulta llamativo: Meta obtiene el beneficio mientras intenta mantener a distancia algunos de los costes humanos asociados a su actividad. La publicidad pertenece a Meta. Los algoritmos pertenecen a Meta. Facebook e Instagram pertenecen a Meta. Pero quienes pasan ocho horas contemplando atrocidades para que el producto resulte comercialmente aceptable pueden pertenecer a una subcontrata. Y cuando el contrato termina, determinar quién responde por las consecuencias termina convirtiéndose en una discusión judicial.

Algo parecido ha ocurrido con los menores, aunque en este caso el coste económico finalmente sí ha llegado hasta Meta. La compañía alcanzó en agosto un acuerdo con fiscales generales estadounidenses por el que pagará aproximadamente 18.000 millones de dólares a lo largo de diez años, aunque una parte del importe está condicionada a que otras plataformas adopten medidas y pagos equivalentes. Las demandas sostenían que Facebook e Instagram incorporaban diseños que favorecían un uso compulsivo por parte de niños y adolescentes. Meta no reconoce haber actuado ilegalmente y presenta el acuerdo como una fórmula común para elevar las protecciones de los adolescentes en todo el sector.

Lo extraordinario es que 18.000 millones de dólares puedan convertirse esencialmente en otro coste empresarial. Reuters señalaba después del acuerdo que este preserva las piezas fundamentales del negocio publicitario de Meta. La compañía evita además un juicio potencialmente muy perjudicial mientras introduce nuevas limitaciones para los adolescentes. Para una empresa del tamaño de Meta, incluso una sanción gigantesca puede acabar siendo contabilizada, provisionada y absorbida.

Y no es la primera vez. En 2019 Facebook ya tuvo que pagar 5.000 millones de dólares a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos por el incumplimiento de un acuerdo anterior sobre privacidad. La FTC acusó entonces a la compañía de haber engañado a sus usuarios sobre el control que tenían sobre sus datos.

El regulador llegó a imponer una nueva estructura de supervisión para limitar el control personal de Zuckerberg sobre las decisiones de privacidad. Todo ello se produjo después del escándalo de Cambridge Analytica, que utilizó datos obtenidos de decenas de millones de usuarios de Facebook para elaborar perfiles electorales.

Pero el antecedente más inquietante sigue siendo Myanmar. Una investigación de Naciones Unidas concluyó que Facebook había desempeñado un papel relevante en la difusión del odio contra la minoría rohinyá antes de las atrocidades de 2017. Amnistía Internacional fue posteriormente más lejos: concluyó que los sistemas de recomendación de Facebook amplificaron contenidos que incitaban al odio y la violencia y que Meta contribuyó sustancialmente a los efectos negativos sufridos por los rohinyás. Meta ha cuestionado algunas de las conclusiones sobre su responsabilidad, pero el problema de fondo resulta difícil de ignorar: el daño producido en Internet había terminado convertido en violencia física.

Además, en aquel caso existían advertencias previas. Según la investigación de Amnistía, organizaciones locales habían alertado repetidamente a Facebook entre 2012 y 2017 y documentos internos de la propia compañía reconocían los riesgos de sus sistemas de recomendación. Pese a ello, Meta no consiguió impedir que Facebook se convirtiera en una enorme cámara de resonancia del odio contra los rohinyás.

La sucesión de episodios permite formular una hipótesis incómoda: quizá el problema de Meta no sean sus errores sino los incentivos de su modelo. Maximizar la interacción aumenta el tiempo que el usuario permanece en Facebook o Instagram; más tiempo genera más datos y más oportunidades publicitarias. Pero los contenidos capaces de provocar emociones intensas también pueden generar más interacción. Moderar esa maquinaria cuesta dinero y puede reducir el engagement. Los riesgos sociales y los incentivos económicos no siempre apuntan, por tanto, en la misma dirección.

Aquí aparece finalmente Zuckerberg. Porque Meta no es una cotizada convencional en la que los accionistas puedan sustituir fácilmente a un consejero delegado que acumule suficientes escándalos. Su estructura accionarial está diseñada precisamente para evitarlo. Meta tiene acciones de clase A, con un voto, y de clase B, con diez. Zuckerberg posee prácticamente todas las de clase B y controla actualmente el 60,8% de los derechos de voto de la compañía pese a que su interés económico ronda únicamente el 13%. Así lo reconoce la propia documentación remitida por Meta a la SEC.

Eso convierte a Zuckerberg en un CEO extraordinariamente difícil de despedir. Un accionista convencional de Meta puede vender sus acciones si considera intolerable la gestión, pero difícilmente puede provocar un cambio de control contra la voluntad del fundador. Zuckerberg es simultáneamente fundador, presidente y consejero delegado y conserva la mayoría de los votos. En términos prácticos, quienes deberían exigir responsabilidades al máximo responsable dependen en última instancia de los votos del propio máximo responsable.

De ahí que las consecuencias de cada crisis recaigan generalmente sobre Meta y no sobre Zuckerberg. Pagan los accionistas mediante multas y acuerdos judiciales. Pagan los anunciantes si la marca pierde reputación. Pagan los moderadores cuando enferman o pierden su empleo. Pagan los usuarios cuando sus datos son utilizados indebidamente. Y, en los casos más extremos, existen víctimas reales en lugares donde Facebook se convierte en instrumento de movilización o propagación del odio.

Sería excesivo concluir que Meta es una «organización criminal»: no existe una resolución judicial que permita semejante caracterización. Mucho más interesante es preguntarse si el derecho societario y la regulación están preparados para una empresa capaz de influir sobre la conducta de miles de millones de personas y cuyo máximo responsable, además de mostrar falta de empatía, conserva un poder de control prácticamente inexpugnable.

Porque Meta sí paga, y mucho: 5.000 millones aquí, hasta 18.000 millones allá, abogados, indemnizaciones, moderadores y ejércitos de relaciones públicas. Pero Zuckerberg permanece. Después de Cambridge Analytica, Myanmar, los Facebook Papers, los daños denunciados entre adolescentes, los moderadores de Barcelona y ahora las preguntas sobre Ceuta, quizá la cuestión relevante ya no sea cuántas polémicas puede soportar Meta. Es qué tendría que ocurrir para que alguna de ellas tuviera consecuencias para la persona que lleva más de dos décadas controlando la compañía.