Los mayores jetas de Euskadi

El caso de la senadora de Podemos Elvira García es uno de los más destacados de caraduras que tenemos en Euskadi. He aprovechado, por ello, para recopilar diez ejemplos de jetas vascos. Muchos son políticos, probablemente porque ellos están sujetos a un mayor escrutinio público y porque se les exige más ejemplariedad en su proceder.


Elvira García. Se trata de una mujer sin oficio conocido que antes de ser senadora vivía de la RGI pagada por todos en un piso social por el que tenía que abonar 200 euros al mes. Al parecer, no los pagaba ni antes ni después de entrar en la Cámara Alta y empezar a cobrar 4.000 euros al mes. Su nivel de caradurismo es tan elevado que puso su twitter con candado al poco de conocerse la noticia, pocos días después borró su descripción como “jurista y socióloga”, al descrubrirse que tampoco había pasado por la universidad, y finalmente lo eliminó. Por si fuera poco, tras conocerse que García no cederá su puesto en el Senado, Podemos ha revelado que ni siquiera pagaba las cuotas a su partido.

Arturo Aldecoa. El gerente del PP en Euskadi fue expulsado de partido a principios de 2016 al descubrirse que estaba supuestamente desviando dinero a su favor. Es cierto que el caso todavía no ha sido juzgado pero sí existe una condena de un compañero, el tesorero, en la que se ha probado que transfirió dinero a una cuenta de Aldecoa sin justificación aguna. El partido le pidió que dejara su puesto en las Juntas Generales de Bizkaia, cosa que no ha hecho, lo que una vez más demuestra su jetismo.

Alfredo de Miguel. Este ex vicepresidente de la Vital y ex diputado de Administración Pública de Alava al menos dimitió de su puesto cuando el partido se lo pidió (¿quizás da más miedo el PNV?) tras ser procesado por delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el marco del “caso Kataia”. Pero entra en este ranking de jetas por lo que hizo después de dimitir: llamó una tras otra a las puertas de dos empresas públicas en las que estaba en excedencia para pedir su readmisión. Como no tuvo suerte en el industrialdea del Valle de Ayala, entonces controlado por el PSE, se fue a IKT, donde sí le dejaron retomar sus funciones, cosa que tampoco hizo, ya que en seguida cogió una baja por depresión. ¡Ah! Al no poder reincorporarse al Industrialdea, recibió una indemnización de 22.000 euros.

Melchor Gil. Más conocido como “el cuñado de Patxi López”, nunca ha ocupado puestos en la Administración pero sí en el PSE, del que llegó a ser vicesecretario general. Al margen de que sea consejero de Petronor y trabaje para Iberdrola, su inclusión en esta lista tiene que ver con la revelación, tras una filtración interesada, de que había pagado un chalet en Castro-Urdiales a un constructor de la órbita de Jabyer Fernández con 292 billetes de 500 euros, síntoma evidente de que manejaba dinero, al parecer 400.000 euros, de origen “desconocido”. El casoplón estaba valorado por cierto en un millón de euros. Hay que tener en cuenta que hasta entonces vivía en una VPO.

Jabyer Fernández. El constructor de Santurtzi está ya en la cárcel después de una vida intensa de coqueteos con multimillonarios, deportistas y políticos, de la que pocos de los que han tratado con él han salido bien parados. Es cierto que en un primer momento fue un empresario hecho a sí mismo pero posteriormente, cegado por la ambición, entró en una espiral de proyectos virtuales que incluyó una supuesta tecnología innovadora para construir viviendas, una inmobiliaria que compraría los terrenos para edificar y el patrocinio de clubes deportivos para llevarse bien con los políticos. Pero en pleno derrumbe de su castillo de naipes decidió desviar un dinero que tenía que haber ingresado en Hacienda a otros destinos, lo que le ha llevado finalmente a la cárcel.

Javier Arteche Tarascón. Este empresario guipuzcoano es el principal protagonista de la conocida como “trama vasca de Malaya”, junto con Agustín Aguirre y Luis María Maya. Su probada vinculación con Juan Antonio Roca, el cerebro de la corrupción urbanística en Marbella, y su participación en varias sociedades que construían en la zona, avaladas por Kutxa, no deja lugar a dudas. Arteche también trató de pegar pelotazos en Getxo, Murcia y Madrid y, en el colmo del jetismo, creó una fundación de ayuda al tercer mundo solo dios sabe con qué objetivos.

Víctor Bravo. El ex senador y ex director de la Hacienda Foral de Gipuzkoa tenía montado un sistema para reducir la deuda fiscal de empresas y deportistas a cambio de que se domiciliaran en Gipuzkoa. Hasta ahí nada ilegal. El problema es que cobró dinero de algunas de ellas a través de la sociedad Ekialde 4021 en el marco del “caso Glass”, en el que también apareció inculpada una persona relacionada con la Operación Malaya. Por esa época se llegó a conocer que Bravo era propietario de tres Porsche. Su hermano José María fue condenado por cobrar deudas fiscales directamente con dinero en efectivo que después se embolsaba en su cuenta.

Gustavo de Arístegui. El que fuera diputado y director geneeral del gabinete del ministro Jaime Mayor Oreja cobraba presuntamente comisiones del 30% a empresas españolas que querían abrir negocios en Guinea Ecuatorial. Su jetismo quedó en evidencia al conocerse que poco antes de empezar esta actividad “paralela” a la política, criticaba públicamente en el Congreso al régimen de Teodoro Obiang por la situación de los derechos humanos en el país africano. Entre las empresas a las que ayudaron destaca una con sede en Bilbao, Albia Strategy Consulting.

Mikel Cabieces. El ex delegado del Gobierno central en Euskadi pasará a la historia por haber cobrado de Kutxabank (y probablemente de Iberdrola) sin realizar un trabajo aparente, solo como compensación por los servicios realizados al Estado. Es verdad que el caso está aún pendiente de sentencia, pero todo parece indicar que ese puesto se creó exclusivamente para acomodar a una persona que se iba a quedar en el paro. Lo aceptó y con ello se convirtió, simple y llanamente, en un jeta más.

Txema Gonzalo. El ex delegado de la Consejería de Vivienda en Bizkaia fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por malversación de caudales públicos y prevaricación. Entre otras cosas, este alto cargo nombrado por Ezker Batua se fundió 1,8 millones de euros en rehabilitar a todo lujo un edificio que iba a ser vendido, entregó 400.000 euros a una asociación en la que él mismo era administrador para producir una película, se fue de vacaciones a Uruguay con dinero público, contrato a un amigo e incluso abonó gastos de obras en casas privadas con patrimonio de la Cámara de la Propiedad.

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