Las diputaciones se ponen de acuerdo para fomentar el uso del coche pero no para el transporte público

Es una auténtica vergüenza. Las tres diputaciones vascas se han puesto de acuerdo para subvencionar los peajes de la A-8 y la A-1, fomentando de esta manera el uso del vehículo privado. Pero son incapaces de arbitrar medidas similares para promocionar el uso del transporte público, hasta el punto de que Alava y Bizkaia están enfrentadas en los tribunales sobre cuál de las dos debe licitar la línea de autobús Bilbao-Vitoria.


Lo hemos repetido varias veces. Al margen del eterno proyecto de tren de alta velocidad, en Euskadi no existe una política común para el transporte público, lo que dificulta sustancialmente las comunicaciones entre territorios. Ir de un pueblo de Bizkaia a otro de Gipuzkoa exige un ánimo de aventura y consultar webs de diversas compañías.

La web que unificaba la información del transporte público, Moveuskadi, dejó de actualizarse hace años y no funciona en condiciones. Eso al margen de que los autobuses solo unen las capitales y localidades fronterizas como Ermua o Eibar y las respectivas tarjetas de abono son todavía incompatibles. Por si fuera poco, las conexiones principales, como Bilbao-Donostia o Bilbao-Vitoria se adjudican mediante concurso y funcionan en régimen de monopolio con tarifas abusivas y sin subvención alguna (salvo las de Mugi para guipuzcoanos).

Sin embargo, el transporte con vehículo privado recibe todos los apoyos del mundo. Las autopistas han ido imponiendo, con subvención foral, topes mensuales que se aplican a los conductores que más las utilizan y que fomentan de esta manera el uso del coche en lugar de penalizarlo, que es lo que se debería hacer con una política medioambiental realmente coherente.

Un síntoma de esta enorme contradicción es la facilidad con que las tres diputaciones han llegado a un acuerdo para no cobrar más de 30 euros al mes a los usuarios de la A-8 y la A-1, dos autopistas de gestión foral. Por el contrario, las instituciones forales de Bizkaia y Alava se enfrentan en los tribunales para decidir cuál de las dos puede licitar la línea de autobús Bilbao-Vitoria, pese a que apenas supone unos ingresos anuales de 60.000 euros.

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