Juan Antonio Roca

Ya hemos hablado aquí de la relación de Kutxa y varios empresarios guipuzcoanos con la Operación Malaya, una circunstancia cuidadosamente silenciada por algunos medios en los que se anuncia la caja. También del intento de pelotazo en Getxo. Pero todavía no habíamos tocado la peculiar relación del Edificio Albia de Bilbao con toda esta trama.

En esta mole de oficinas tuvo su sede Betikaro Gestión, una sociedad que había estado implicada en un presunto caso de soborno a un concejal en la localidad madrileña de Colmenar Viejo, cuyo administrador había sido Agustín Aguirre y cuyo socio principal era Proinsa (Promoción de Edificaciones Industriales, SA). Esta última compañía, domiciliada en Donostia y administrada por Javier Arteche Tarascón, es el hilo conductor de toda la relación entre Malaya y Euskadi.

Incluso está vinculada al caso Bravo, que toma el nombre del ex diputado de Hacienda de Gipuzkoa actualmente imputado por cohecho y prevaricación. Javier Arteche era íntimo amigo del cerebro de Malaya, Juan Antonio Roca, mientras Agustín Aguirre pagaba, a través de su empresa Aguirene la visa oro de Montserrat Corulla, la presunta testaferro de Juan Antonio Roca.

Los dos empresarios guipuzcoanos, junto con un tercero, Luis María Maya Galarraga, actual presidente de Grupo Yeregui, operaban activamente en la Costa del Sol y en Madrid a través de sociedades en las que muchas veces participaba la Kutxa. Sus métodos son de sobra conocidos: diversas sociedades con nombres como Yeregui, Obarinsa, Lubide, Proinsa o Inversan compraban terrenos y conseguían que fueran recalificados para poder urbanizarlos y multiplicar su valor.

¿Y por qué el Edificio Albia? Lo interesante es que Betikaro Gestión pasa en 2004 a estar administrada por José Gabriel Lasa Ayani, un empresario de origen vasco vinculado a la promotora inmobiliaria Filasa (Fomento de Inmuebles Lasa). Esta misma compañía había construido en los setenta el Edificio Albia de Bilbao, al igual que otros muchos bloques de viviendas y oficinas en Bilbao, Madrid, Mallorca o Málaga.

La familia Lasa, tanto la rama de Donato Lasa Oria, los Lasa Elola, como la de José Lasa Oria, los Lasa Sarría, creó un auténtico emporio inmobiliario durante el franquismo. Donato Lasa (Donato Lasa, SA) construía y José Luis Lasa (Filasa) promovía. Suyos fueron una parte importante de los mayores edificios construidos en Madrid en los sesenta y principios de los setenta.

Y eso que uno de los miembros de la familia, Laureano Lasa Oria, no había sido precisamente franquista. Ocupó la dirección general de Asistencia Social del efímero Gobierno Vasco de la República y después ayudó a los exiliados. Ya en democracia, algunos de sus proyectos han llegado a los tribunales. Es el caso de los gestionados a través de las sociedades Promociones Centros y Parques Residenciales, Promociones Centros, Lamibra 04 o las ya mencionadas Proinsa y Betikaro Gestión.

Los casos más espectaculares son los que afectan a Infila, que había firmado un convenio con el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomendia finalmente anulado por los tribunales y a Lamibra 04, una sociedad con sede en Estepona (Málaga) que pagó con dinero procedente de un paraíso fiscal un presunto soborno incluido en el sumario de la Operación Astapa. En esta trama aparecen de nuevo la Kutxa y los vascos Eugenia Yeregui y Luis Fernando Linares, a través de la sociedad promotora Valle Romano. Linares ya ha pasado por la cárcel.

Pero el caso más conocido en el que está implicada la familia Lasa es el de Proinsa, la compañía liderada por Javier Arteche y en la que figuraban también José Gabriel Lasa Ayani (hijo de José Luis Lasa Sarría), Eugenia Yeregui y Luis María Maya. Es esta sociedad la que compró al Ayuntamiento de Marbella los terrenos en los que posteriormente pretendía edificar viviendas de lujo y un hotel, el Senator.

Siete ediles de Marbella, incluyendo al ex alcalde Julián Muñoz, fueron condenados por un delito contra la ordenación del territorio por haber concedido licencia para construir en esta zona, que era no urbanizable. Para entonces, el hotel, que estaba en terrenos reservados para equipamientos públicos, ya había sido levantado.

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