Ultimamente no paran de salir a la luz casos de (por ahora presunta) financiación irregular de (algunos) partidos políticos vascos. El último, que afecta al PNV y al PSE en Santurtzi, es especialmente espectacular. El del Parque Tecnológico de Miñano, con ramificaciones en Zambrana y Leioa, ha tenido más recorrido en los medios y todavía no lo habíamos analizado. Sirvan estas preguntas y respuestas para aclarar estos dos casos.

¿Afecta a todos los partidos?
Me temo que sí. En Euskadi los que más han tocado poder son PSE (a nivel municipal) y PNV. Pero hay comunidades como Madrid o Valencia donde las tramas conocidas (especialmente, Gurtel) afectan al PP. En este sentido, Alberto Ayala hablaba recientemente en El Correo del doble discurso que tienen los partidos políticos con todo lo que tiene que ver con la corrupción en función de sus intereses electorales. “Los partidos, en el fondo, solo creen en las comisiones de investigación cuando esperan sacar tajada”, asegura.

¿Por qué recurren los partidos a financiación irregular?
Lamentablemente, los partidos son maquinarias diseñadas para ganar elecciones y eso exige grandes campañas de marketing. Cuando más se invierte, más posibilidades hay de ganar. Esa perversión del sistema lleva a muchos partidos a buscar dinero de forma irregular y generalmente la encuentran en el sector inmobiliario, que necesita de las licencias de obras y de las licitaciones administrativas.

¿Cómo funciona?
Lo típico es cargar un porcentaje de todas las obras que va “para el partido”. Es lo que se hacía en Cataluña, donde se llegó a hablar del 3% de Maragall (PSC) o del 4% de Millet (CiU). En Euskadi esto ha funcionado de una forma menos directa y discreta. El adjudicatario de obras, como agradecimiento, hace donaciones a un partido, paga autobuses para una fiesta del partido, abona gastos de la casa social del partido o entra en el capital de un medio de comunicación del partido.

Pero también hay casos en que los abonos eran directos. Parece ser el caso de Santurtzi, donde los constructores de una obra ilegal, los hermanos Ricardo y Juan Ignacio Sáinz García, administradores de la sociedad promotora Imbiz, abonaron supuestamente 120.000 euros al PNV y otros tantos al PSE. Insisto en lo de supuestos, aunque el tema tiene muy mala pinta, porque esta misma inmobiliaria construyó un edificio en Santurtzi que se saltaba varias normas (entre otras, hizo plazas de parking por debajo de la calle y un piso más) y que fue legalizado por el Ayuntamiento tres meses después de que paralizara las obras. ¿Hubo dinero de por medio? Todo parece indicar que sí.

¿Y qué hay para los intermediarios?
Los que participan en estas operaciones (políticos en activo o simples simpatizantes) se suelen quedar con una comisión. En el caso de Santurtzi se habla de un concejal, que bien podría ser el de Urbanismo en los tiempos en que Juan Cruz era alcalde, que se embolsó 60.000 euros. Es decir, aproximadamente el 20% del total de la operación.

¿Y en Miñano?
En Miñano, sede del Parque Tecnológico de Alava, parece demostrado (incluso con grabaciones) que había comisiones ilegales pero todavía no se ha podido probar que fueran para el partido. El caso más claro es el de Urbanorma, una sociedad que recibió, sin concurso y poco después de ser creada, el encargo de gestionar el proceso de ampliación del Parque de Miñano.

Al parecer, a cambio de “pasar por caja”, lo que suponía abonar aproximadamente el 20% del precio del contrato (más de 400.000 euros). ¿A quién? Presuntamente, a Alfredo de Miguel (ex diputado de Administración Local de Alava) y Aitor Telleria (miembro del ABB del PNV). ¿Para después depositarlo en el partido? No parece probado, pero yo apostaría a que sí.

Lo que sí es cierto es que varios de los imputados son altos cargos del PNV en Alava, lo que demuestra cierta connivencia de alto nivel. Para maquillarlo, operaban normalmente a través de sus mujeres. En concreto, se trata de las esposas de Alfredo de Miguel (diputado de Alava), Aitor Telleria (miembro del ABB del PNV y responsable del Ceia, ubicado en Miñano) y Koldo Otxandiano (director financiero del Parque de Miñano), que crearon la sociedad Kataia. Esta empresa, al poco de su creación, recibió encargos del Gobierno Vasco.

Por si fuera poco, es muy posible que algunos de estos trabajos nunca llegaran a realizarse, aunque sí que se cobraron. Algo parecido sucede con Errexal, una sociedad domiciliada en el mismo txoko que Kataia y en la que aparecen otros antiguos altos cargos del PNV. Y hay más empresas implicadas: Ortzi Muga, Altzabeitia, Eskalmelo, Construcciones Loizate, Stoa o Ezkibel.

La trama es muy compleja, por lo que se nota que está bien diseñada. Unas empresas contrataban a otras y al final del proceso siempre aparece la Administración. Por una parte, como posible recalificadora de terrenos en Zambrana y, por otra, como adjudicataria de trabajos diversos. Se cita a la Diputación de alava, al Gobierno Vasco y a diversas cuadrillas y ayuntamientos de Alava.

El partido aparece en la persona de algunos de sus cargos de Alava, que recibían el dinero directamente como socios de estas empresas (sin que se haya probado que luego lo usaban en favor del partido), pero también a través de su nueva sede del PNV de Vitoria. Ha aparecido un pago de 6.000 euros de Errexal a Landaburu Etxea, la sociedad que el partido utilizó para comprar los terrenos donde se ubicó el edificio.

Además, el administrador único de Landaburu Etxea es Alfredo de Miguel y Aitor Tellería estuvo a sueldo de esta empresa. Por si fuera poco, una de las empresas que participó en las obras de esta sede había hecho lo propio anteriormente en industrialdeas del Gobierno Vasco por encargo de Alfredo de Miguel. ¿Se financió la sede social del PNV con fondos ilegales? Las investigaciones judiciales apuntan a esta posibilidad.

Las ramificaciones son inmensas. Hay 15 imputados y entre las personas que se han relacionado con el caso, al menos en los medios, figuran el hijo de Arzalluz, el ex gerente del Parque de Miñano (Alfonso Arriola), Julián Sánchez Alegría (ex responsable de la red de Parques Tecnológicos), Gurutz Larrañaga (ex viceconsejero de Cultura), Jon Buesa (hermano de Fernando Buesa, aunque militante del PNV y ex director general de Puertos del Gobierno Vasco) o Xabier Sánchez Robles (ex director de Juventud del Gobierno Vasco).

¿Y en Zambrana?
El caso de Miñano y el de Zambrana están relacionados. Aitor Telleria trabajaba para un grupo inversor catalán interesado en comprar terrenos en Zambrana con la excusa de que iban a ser recalificados y se podría construir un importante polígono industrial. En esta operación aparece otra empresa, Sidepur, con sede en Bilbao y administrada a su vez por un tal Josu Arruti, también del PNV y que también realizaba encargos a Kataia.

Desde Zambrana el tema se deriva incluso hasta la localidad vizcaína de Frúniz, donde varios de los protagonistas de este enredo compraron terrenos rústicos recalificables con un préstamo de la firma catalana interesada en los de Zambrana.

¿Y en Leioa?
La sociedad Mendibile Jatetxea, que es la gestora del edificio de Leioa en la que se encuentra la sede de Bizkaiko Txakolina, realizó diversos encargos a Errexal por valor de 160.000 euros. Se supone que Bizkaiko Txakolina obtuvo ese dinero de subvenciones de las instituciones. Coincide que el administrador de Errexal es Iñaki San Juan, que fue concejal de Leioa por el PNV y es hijo de un ex director general de Deportes del Gobierno Vasco.

¿Cómo se las arregla el Gobierno para contratar a una determinada empresa?
En algunos casos, como el de Urbanorma por parte del Parque Tecnológico de Miñano, se hizo de forma directa, sin seguir lo marcado por la ley. En otros casos, se pedían tres ofertas a otras tantas empresas, que seguramente eran de conocidos, y después se elegía la que convenía.

¿Cómo se podría evitar todo esto?
Lo principal es arreglar de una vez el problema de la financiación de los partidos. ¿Cómo? Soy partidario de prohibir directamente a los partidos realizar acciones de marketing y publicidad que exijan desembolsos económicos. De esta forma, se cortaría por lo sano con la necesidad de financiarse y se darían las mismas oportunidades a todos los partidos si son capaces de captar voluntarios. Y por supuesto: que los contratos de la Administración sean transparentes.

(Actualización) En relación al caso de Imbiz, los socios de la empresa han comprado hoy una página entera de publicidad en El Correo con el siguiente texto:

COMUNICADO DE PRENSA DEL “GRUPO IMBIZ”
Ante la falsedad de los hechos denunciados, por Don Marcial Sainz, en el periódico El Correo de fecha 23 Marzo y las consecuencias negativas que pueda tener dicha denuncia FALSA, queremos hacer las siguientes.
PUNTUALIZACIONES:

Primera.- Todos los hechos que, contra sus hijos, denuncia en el periódico El Correo, son FALSOS y están motivados Única y Exclusivamente por la negativa de sus hijos a la petición de Don Marcial Sainz de obtener más dinero por la VENTA de su participación en el Grupo Familiar de empresas.

Segunda.- La mercantil Imbiz inicia su andadura empresarial con un crédito de 25.000.000 de Pesetas, concedido por Caja Laboral Popular en el año 1991, y es con el esfuerzo y participación de todos los miembros de la familia como se consolida el Grupo Promotor. En ningún caso es como consecuencia del exclusivo esfuerzo de Don Marcial Sainz, NO APORTANDO en ningún caso su patrimonio personal y sí con la participación activa de sus hijos.

Tercera.- La cronología real de los hechos y que serán acreditados ante los tribunales, cuando se presenten las correspondientes Querellas Criminales, es la siguiente:

En marzo de 2.005, Don Marcial Sainz emprende una serie de inversiones ruinosas que oculta inicialmente a sus hijos. Adquiere, entre otras operaciones, la opción de compra de una empresa propietaria de un terreno en la Costa del Sol (Los Jaralillos) que supondría una inversión total de 42.000.000€. Sus hijos se muestran disconformes con al operación, por su elevado riesgo y, ante la persistencia de Don Marcial Sainz de continuar con la misma, deciden (todas las partes) la venta de las participaciones del grupo familiar, que ostenta Don Marcial Sainz, es decir del 33%, a sus hijos a cambio de varias sociedades, principalmente patrimoniales y la cantidad en metálico de 7.000.000€.

Como consecuencia de los fracasos empresariales emprendidos, Don Marcial Sainz vuelve a exigir a sus hijos, en el año 2006, un importe superior a lo acordado por la venta de su tercio del grupo. Los hijos de Don Marcial Sainz, teniendo en cuenta que se trataba de su padre, por segunda vez, acceden en julio de 2.007 a sus injustificadas pretensiones, se apartan del acuerdo firmado en el 2.005, validan la operación de compraventa del tercio de participaciones del Grupo Familiar, por la que Don Marcial Sainz cobró 7.000.000€ y la titularidad de varias sociedades y se le entregan a Don Marcial Sainz y esposa, adicionalmente, nuevas contraprestaciones multimillonarias, en el afán de evitar la ruptura familiar.

En consecuencia, a los hijos no les queda más que repartirse el resto de las empresas. No pareciéndole suficiente a Don Marcial Sainz el nuevo acuerdo alcanzado, incumple DE NUEVO el acuerdo de julio de 2.007.
Con el fin de no judicializar, dada la relación familiar, las nuevas diferencias que VUELVE a plantear Don Marcial Sainz en noviembre de 2.007, se inicia un procedimiento arbitral, desembocando, dicho arbitraje, en el Laudo dictado con fecha 27 mayo de 2.008.

NUEVAMENTE, Don Marcial Sainz no está conforme con el resultado del referido Laudo y desde esa fecha se ha venido solicitando, reiteradamente, por sus hijos, la ejecución del mismo, hasta que Don Juan Ignacio Sainz se ha visto obligado a solicitar la ejecución judicial del mismo.

Con fecha 25 de abril de 2.008, como consecuencia de las continuas denuncias ANÓNIMAS formuladas por D. Marcial Sainz, se inspeccionan, 5 veces, las empresas adjudicadas a sus hijos, entre otros, el Impuesto de Sociedades, IVA e IRPF de los ejercicios 2.005, 2.006 y 2.007, levantándose las correspondientes
actas de conformidad y cerrándose las inspecciones, no acreditándose ninguna irregularidad.

En el acuerdo de 2.007, se asignaba a uno de sus hijos una serie de empresas, entre las que se encontraban dos mercantiles cuya administración era irregularmente mantenida por la esposa de Don Marcial Sainz, Doña Susana García Pablos. Su hijo se ve imposibilitado a desarrollar los proyectos correspondientes. Su hijo, para solicitar la entrega de estas empresas, se vió en la necesidad de interponer la correspondiente reclamación judicial.

Este procedimiento fue paralizado por D. Marcial Sainz mediante la treta de interponer las querellas criminales, que finalmente fueron archivadas por falta de base alguna. La finalidad de D. Marcial Sainz retrasando el cumplimiento de sus obligaciones era dañar lo más posible la posición de sus hijos y solicitar más dinero a cambio de dejar de entorpecer el cumplimiento de lo acordado. Para ello, interpone las siguientes querellas:

Con fecha 30 de Junio de 2009, Don Marcial Sainz interpone una Querella, con los mismos argumentos esgrimidos en la denuncia al periódico y aportando la misma documentación, contra su hijo, querella de la que se acuerda por la Audiencia Provincial de Bizkaia, con carácter definitivo, sin posibilidad de apelación,
el 3 de diciembre de 2.010, el sobreseimiento libre, es decir que no se ha encontrado causa alguna que justifique dicha querella.

D. Marcial Sainz interpone otra querella contra su propio abogado, que le representó en las negociaciones del acuerdo de 5 de julio de 2.007 y posterior arbitraje y contra el árbitro que dicto el laudo resultante de dicho procedimiento.

Sobre estas querellas se dictó también sobreseimiento libre, es decir, ausencia total de fundamento de dicha querella, en fecha 27 de mayo de 2.010.

Una vez archivadas todas estas querellas, el juzgado requiere a D. Marcial Sainz y a su esposa para que el próximo viernes día 25 de Marzo otorgue las escrituras de venta de las participaciones sociales de las empresas que se había negado a trasmitir. A tal fin, solicitaba que el día 15 de marzo, como máximo,
notificase al juzgado su comparecencia. A día de hoy aún no ha cumplido este trámite.

Nos consta que, cuando se transmitan estas empresas por D. Marcial Sainz y su esposa, estarán absolutamente descapitalizadas.

Por último, reiterar nuestro más repugnante rechazo a las acusaciones infundadas vertidas por nuestro padre, Don Marcial Sainz, con el ÚNICO fin de obtener por medio de chantaje y coacciones un beneficio que no le corresponde. Lamentamos profundamente la referencia a terceros que son totalmente ajenos al conflicto familiar y que se han visto citados en el artículo publicado por este periodico en el día de ayer, todo esto es motivado únicamente por el animo de obtener más dinero.

No habiendo podido acreditar, ante los Juzgados, sus pretensiones, el único camino que le queda es el de intoxicar a la opinión pública en perjuicio de sus propios hijos.

Hasta este momento y como consecuencia de nuestra relación familiar, equivocadamente, no habíamos presentado la correspondiente querella.

Estos hechos los hemos puesto en conocimiento de nuestros Abogados, con el fin de que presenten, a la mayor brevedad posible y ante los juzgados competentes, la correspondiente Querella Criminal, solicitando las indenmizaciones que legalmente correspondan y que se haga extensiva a las personas o entidades que sin pruebas suficientes manifiesten su conformidad con dicha denuncia.

El presente comunicado es el primero y el único que se va a realizar por parte de Imbiz, trasladándose estos desagradables acontecimientos, y de manera exclusiva, a los juzgados.
GRUPO IMBIZ, S.L.

(Actualización 30.03.11) Me ha parecido muy positiva la nueva actitud adoptada por el diputado general de Alava, Xabier Agirre, respecto a este caso. Esto es lo que dijo ayer: “Nunca le he defendido ni acusado, pero si por deslealtad se entiende que ni este diputado general ni el Consejo de Diputados fueron informados de cómo iba la tramitación de la recalificación, o que [De Miguel] hubiera tenido que inhibirse”, debido a los múltiples intereses económicos y personales que tenía en sacar adelante la fallida macrorecalificación de Zambrana, “entonces sí, ha sido absolutamente desleal”.

(Actualización 21.07.11) Se va confirmando que el caso Miñano escondía financiación irregular del PNV. Según publican hoy El País y El Mundo, hay pruebas sustanciales de que los implicados cobraban una comisión del 4% por cada operación que gestionaban, normalmente adjudicación de obra pública. Lo que no aclara todavía el artículo es cómo revertía esto finalmente en el partido.

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