Lotería de Igorre: ¿cómo terminará?

Lo que comenzó como una de las grandes alegrías colectivas de Bizkaia tras el Sorteo de Navidad ha terminado convirtiéndose en un caso con posibles consecuencias penales, civiles y patrimoniales de enorme alcance. El club de rugby Arratiko Zekorrak, de Igorre, reconoció haber vendido cientos de participaciones de más del número 90.693, agraciado con el tercer premio de la Lotería de Navidad. El desfase deja ahora más de dos millones de euros pendientes de pago y más de un centenar de denuncias presentadas ante la Ertzaintza.

---

Según las explicaciones dadas por el propio club, se vendieron 1.425 participaciones cuando solo existía cobertura real para 1.200. Cada papeleta costaba 5 euros: cuatro se jugaban y uno era un donativo para la entidad deportiva. El premio correspondiente ascendía a 10.000 euros por participación.

El problema no es pequeño. Si finalmente se confirma que faltaban entre 225 y 286 participaciones respaldadas por décimos reales, el agujero económico podría situarse entre 2,1 y 2,8 millones de euros. La cuestión ahora ya no es solo económica. La pregunta clave es jurídica: ¿estamos ante un simple desastre organizativo o ante una estafa penal?

En España, para que exista delito de estafa no basta con que alguien cause un perjuicio económico. Tampoco basta con una mala gestión, una negligencia o un caos administrativo. Lo que exige el Código Penal es algo mucho más concreto: un engaño bastante realizado con intención de obtener un beneficio ilícito.

Ahí está la clave del caso de Igorre. Para que los responsables del club fueran condenados penalmente por estafa, habría que demostrar varios elementos:

• que sabían que estaban vendiendo participaciones sin respaldo suficiente;
• que ocultaron deliberadamente esa situación;
• que siguieron distribuyendo o gestionando cobros pese a conocer el desfase;
• y que actuaron con voluntad de obtener un beneficio o evitar pérdidas propias perjudicando a terceros.

No es suficiente con acreditar que “faltaba dinero”. Hay que probar dolo, es decir, intención consciente. Ese será probablemente el gran campo de batalla judicial. Los gestores del club tienen un argumento defensivo potente: admitir el error desde el principio y sostener que todo fue fruto de una desorganización interna.

De hecho, públicamente han afirmado que descubrieron el problema cuando el dinero empezó a agotarse y todavía quedaban personas por cobrar. Si un juzgado concluye que realmente existió un fallo de control, una impresión excesiva de papeletas o una negligencia grave pero sin voluntad de engañar, el procedimiento penal podría debilitarse mucho.

Porque el derecho penal español no castiga la incompetencia por sí sola. Y esto es importante entenderlo: en los tribunales hay numerosos casos de asociaciones, comisiones de fiestas o clubes que han acabado vendiendo más participaciones de las que podían respaldar. En muchos de ellos no ha habido condenas penales precisamente porque resultó imposible demostrar intención fraudulenta previa.

Ahora bien, también existen aspectos potencialmente peligrosos para la directiva del club. Uno de ellos es determinar cuándo conocieron realmente el desfase. Y el hecho de que ocultaran deliberadamente la situación durante varios días, hasta que lo reveló la prensa, va a jugar en su contra. Es fundamental también acreditar a dónde fue a parar el dinero de los boletos, si terminó en una cuenta del club o en una personal.

Entonces la situación penal cambiaría radicalmente. Algunos afectados ya han denunciado precisamente posibles favoritismos en los pagos realizados. Ese detalle puede resultar decisivo. Porque una cosa es descubrir un error cuando ya es irreversible y otra muy distinta administrar conscientemente la escasez favoreciendo a unos perjudicando a otros.

Precisamente por esa dificultad probatoria, varios juristas apuntan ya a que la vía civil podría acabar teniendo más recorrido que la penal. En ese escenario, el debate no sería si hubo engaño delictivo, sino simplemente responsabilidad patrimonial.

Y ahí el club lo tendría mucho más complicado, especialmente su máximo responsable, el profesor de autoescuela Unai Zuluaga, el único que ha dado la cara hasta el momento. En la vía civil es suficiente acreditar que las participaciones fueron emitidas y que el premio no fue abonado.

En derecho civil no hace falta demostrar intención criminal. Basta con probar incumplimiento y daño económico. El problema para los afectados es otro: aunque obtengan sentencias favorables, quizá no haya patrimonio suficiente para cobrar. Tanto el del club como el de sus responsables.

A día de hoy, el escenario más plausible parece una combinación de investigación penal larga, enorme presión social, intentos de acuerdo extrajudicial y posteriores reclamaciones civiles masivas. La vía penal podría acabar archivándose si no aparece evidencia clara de engaño consciente. Pero eso no impediría reclamaciones económicas devastadoras.

Porque aunque no exista estafa, sí puede existir una ruina patrimonial enorme. Y quizá esa sea la gran tragedia de Igorre: que un caso nacido probablemente entre descontrol, confianza excesiva y gestión amateur termine convirtiéndose en uno de los mayores conflictos sociales y judiciales recientes vinculados a la lotería en Euskadi.