La fibromialgia de un socio de Ampo no le incapacita para trabajar en otros puestos

El Juzgado de lo Social número 1 de Donostia ha rechazado reconocer la incapacidad permanente absoluta a un socio trabajador de Ampo que padece fibromialgia y otras dolencias, pese a que los informes médicos de empresa lo habían declarado no apto para distintos puestos. La jueza considera que conserva capacidad para desempeñar trabajos sencillos y livianos fuera de la cooperativa y mantiene la incapacidad total que tenía reconocida desde 2014.

La sentencia, dictada el 31 de agosto de 2026, examina el caso de un trabajador de 47 años que había desarrollado su profesión como operario de montaje de válvulas. En noviembre de 2014 obtuvo judicialmente una incapacidad permanente total por enfermedad común, una declaración que le impedía seguir en su profesión habitual, pero que no excluía el desempeño de otras actividades.

Entre las patologías valoradas entonces figuraban fibromialgia, síndrome miofascial y diversas lesiones y dolencias de columna. El cuadro incluía dolor intenso y continuo que no cedía pese a los tratamientos, así como limitaciones dolorosas de movilidad.

Tras aquel reconocimiento, el socio continuó trabajando en Ampo. Pasó a realizar tareas como ayudante de planificación del montaje, entre ellas preparar hojas de fabricación y listados y controlar la llegada de componentes. Posteriormente fue destinado a control técnico e inspección visual.

Los informes médicos de empresa lo declararon no apto para los diferentes puestos a los que fue adscrito. La representación de Ampo confirmó esa circunstancia en el juicio. El último de esos informes, relativo a la inspección visual, recogía limitaciones para permanecer de pie de forma prolongada, adoptar posturas forzadas de columna, elevar los brazos por encima de los hombros y exponerse continuadamente a pantallas.

Sin embargo, la magistrada entiende que esas restricciones no acreditan la imposibilidad de desarrollar cualquier actividad profesional. Su razonamiento distingue entre la falta de aptitud para los puestos examinados dentro de la cooperativa y la ausencia de capacidad para trabajar en el conjunto del mercado laboral.

La resolución sostiene que existen otras profesiones sin esos requerimientos y concluye que el demandante podría realizar tareas sencillas, livianas o sedentarias, con pocas exigencias físicas o intelectuales. No identifica ocupaciones concretas que permitan combinar todas las restricciones descritas.

El trabajador había solicitado una revisión por agravamiento. El INSS la rechazó en octubre de 2024 y la jueza confirma ahora que los informes aportados no prueban un empeoramiento suficiente para pasar de la incapacidad total a la absoluta. Antes de este procedimiento, otras dos reclamaciones judiciales con ese objetivo habían sido desestimadas, con resoluciones confirmadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

La sentencia no niega la existencia de dolor ni de problemas adicionales. Recoge alteraciones del sueño, dificultades de atención y de funciones ejecutivas, así como un trastorno por dolor somatomorfo persistente. También señala que el propio equipo de valoración de incapacidades situaba la afectación de la capacidad laboral en un grado moderado-severo. Pese a ello, considera que no se ha probado que esas limitaciones impidan las actividades más livianas.

Para fundamentar esa capacidad residual, la jueza valora, entre otros elementos, que conserva movilidad de hombros dentro del rango normal, fuerza en las piernas y capacidad para caminar de puntillas y sobre los talones. También examina las periciales particulares presentadas por el demandante, incluida la valoración de una psiquiatra que describía depresión marcada, sin considerar acreditada una limitación global que justifique el grado solicitado.

El fallo no le retira la incapacidad total reconocida en 2014. Rechaza elevarla a absoluta. La diferencia tiene efectos económicos: con carácter general, la primera da derecho al 55% de la base reguladora y la segunda al 100%, según explica la Seguridad Social. La base reguladora fijada en este procedimiento para la prestación solicitada era de 1.468,91 euros mensuales; el documento no precisa la cuantía actualizada de la pensión que ya percibía.

Ampo solicitó quedar fuera del litigio por falta de legitimación pasiva, pero la jueza consideró necesaria su presencia por ser la cooperativa en la que trabajaba el demandante y de la que era socio. La demanda también se dirigía contra Lagun Aro, que no compareció pese a estar citada. Finalmente, todas las partes demandadas quedaron absueltas de las pretensiones.

La resolución admite recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El documento consultado no permite conocer si fue recurrida ni si ha adquirido firmeza. La decisión se refiere al cuadro clínico y a las pruebas de este trabajador, no establece una regla general sobre la capacidad laboral de las personas con fibromialgia.