La Justicia reconoce una incapacidad absoluta a dos trabajadores vascos con adicción a la cocaína

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha reconocido en dos sentencias una incapacidad permanente absoluta a dos trabajadores vascos con problemas de consumo de cocaína y graves trastornos psiquiátricos. Los casos, procedentes de Gipuzkoa y Bizkaia, tienen un resultado común: la sala considera que sus limitaciones les impiden mantener cualquier actividad laboral. Pero uno de los fallos incluye un voto discrepante que cuestiona tanto la incapacidad como el papel de la Seguridad Social.

Las resoluciones, fechadas el 28 y el 30 de octubre, responden a situaciones diferentes. En el procedimiento de Gipuzkoa, el trabajador ya cobraba una pensión por incapacidad permanente total y reclamó que se elevara a absoluta por el empeoramiento de su estado. En el de Bizkaia, la Seguridad Social no le había reconocido incapacidad permanente alguna y el juzgado también había desestimado su demanda.

El primer caso afecta a un antiguo operador de instalaciones de una empresa papelera de Gipuzkoa. Tenía reconocida una incapacidad total desde abril de 2016 y presentaba ludopatía, dependencia de sustancias y depresión. El juzgado de lo social número 3 de Donostia consideró acreditado que su situación había empeorado y le reconoció una prestación del 100% de una base reguladora de 2.910,59 euros, en catorce pagas, con efectos desde el 16 de octubre de 2024 y las revalorizaciones correspondientes. Son 40.748,26 euros anuales antes de esas actualizaciones.

El INSS recurrió porque entendía que el cuadro era sustancialmente el mismo que había motivado la incapacidad total en 2016. Alegó que la dependencia de la cocaína ya existía entonces y que no se había producido una agravación suficiente para reconocerle la incapacidad para cualquier profesión.

La mayoría de la sala rechaza ese argumento. Aprecia una evolución progresiva con aparición de síntomas psicóticos, aislamiento social extremo, dificultades para tomar decisiones y organizar rutinas, problemas de concentración y memoria y dependencia diaria del apoyo materno. También tiene en cuenta la medicación y sus posibles efectos sobre la atención y el rendimiento.

La sentencia describe recaídas continuas en el juego y el consumo de cocaína para intentar aliviar la tristeza y la angustia. El fundamento de la prestación, sin embargo, es la repercusión conjunta de las patologías sobre su capacidad de trabajar. La sala considera que las limitaciones acreditadas son incompatibles con el desempeño normal de cualquier profesión y confirma la decisión del juzgado.

El presidente de la sala, Pablo Sesma de Luis, formula un voto particular contrario. Considera que no se ha justificado que el trabajador esté incapacitado para toda actividad y atribuye los trastornos anímicos a la combinación de juego y cocaína. Su discrepancia culmina con una afirmación explícita: «la Seguridad Social [no] está para sostener económicamente estas situaciones». Se trata de la posición del magistrado discrepante, no del criterio que resuelve el caso.

El segundo procedimiento, tramitado inicialmente ante el juzgado de lo social número 11 de Bilbao, tiene como elemento central un trastorno bipolar grave, acompañado de antecedentes y recaídas en el consumo de alcohol y cocaína. En este caso no consta ludopatía. El INSS había denegado la incapacidad en julio de 2024 y el juzgado confirmó esa decisión en abril de 2026.

El TSJPV revoca esa sentencia tras apreciar que la valoración de las limitaciones del trabajador omitía información relevante de los informes sanitarios. La resolución recoge catorce ingresos psiquiátricos entre enero de 2022 y enero de 2026, episodios depresivos mayores y episodios hipomaníacos, tratamientos en comunidad terapéutica y necesidad de recurrir a terapia electroconvulsiva. También describe una pérdida progresiva de facultades cognitivas, con problemas de memoria, iniciativa y gestión de dificultades cotidianas.

La sala admite que una persona con trastorno bipolar y antecedentes de consumo puede estabilizarse y trabajar, pero subraya que debe examinarse la evolución de cada paciente. En este trabajador, los tratamientos intensivos no habían conseguido una estabilidad sostenida. La posibilidad de realizar tareas puntuales durante una mejoría no equivale a poder mantener un empleo con regularidad y rendimiento suficiente, razona el tribunal.

El fallo reconoce la incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común sobre una base reguladora mensual de 1.658,23 euros, con los efectos económicos, mejoras y revalorizaciones legales correspondientes. La sala deja abierta la posibilidad de revisar su situación si mejora.

Las dos sentencias valoran el conjunto de enfermedades y sus consecuencias funcionales, por lo que no establecen que el consumo de cocaína, por sí solo, dé derecho a una pensión. Ambas resoluciones advierten de que no son firmes y de que cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.