Jon González, la última víctima de la cultura de la cancelación
Hasta hace apenas unos días, el anonimato permitía a Jon González mantener una de las cuentas más influyentes del debate económico español en X. Sus hilos sobre productividad, envejecimiento demográfico, vivienda o pensiones acumulaban miles de interacciones y eran compartidos tanto por economistas liberales como por perfiles simplemente interesados en entender mejor las cuentas públicas españolas.
Su pecado, para muchos, era sencillo: utilizar datos incómodos. Bajo ese anonimato, Jon González venía defendiendo desde hace tiempo algo que numerosos economistas consideran inevitable: la necesidad de reformar el sistema público de pensiones ante el envejecimiento acelerado de la población española y la caída progresiva de la relación entre trabajadores y jubilados. Sus argumentos se apoyaban habitualmente en estadísticas del INE, informes europeos, evolución demográfica y comparativas internacionales. Gustaran o no sus conclusiones, rara vez podían acusarle de hablar sin datos.
El problema llegó cuando el anonimato desapareció. En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales que detrás de la cuenta se encontraba Jon González Cervantes, ingeniero industrial formado en la Universidad de Deusto y trabajador del servicio de estudios de BBVA. A partir de ese momento se desencadenó una campaña de acoso digital bastante representativa del clima que domina hoy las redes sociales españolas.
Numerosos usuarios empezaron a señalar que “ya se entendía” por qué defendía determinadas reformas económicas, insinuando que hablaba en nombre de los intereses bancarios. Otros le acusaron directamente de querer “quitar pensiones” o de representar una supuesta élite tecnocrática desconectada de la realidad social. Algunos mensajes iban todavía más lejos y pedían explícitamente a BBVA que actuara contra él por sus opiniones públicas.
En cuestión de horas, la conversación dejó de girar alrededor de si los datos sobre sostenibilidad de las pensiones eran correctos o incorrectos. El debate pasó a ser si una persona debía perder su reputación profesional por expresar determinadas ideas económicas.
La campaña en redes sociales fue creciendo rápidamente tras revelarse su identidad profesional. Algunos usuarios insinuaron conflictos de interés por trabajar en BBVA, mientras otros directamente reclamaban consecuencias laborales por sus opiniones. El periodista de El Salto Yago Alvarez, por ejemplo, publicó que “Jon González es Regulatory Reporting en el BBVA” y añadía que “no es cualquiera en el banco”.
El sindicalista Daniel Cruz, por su parte, afirmaba que “ha llegado el momento de preguntarse quién le paga la nómina a Jon González y por qué nunca lo cuenta”, en clara insinuación sobre la supuesta falta de independencia de sus análisis.
Y el economista Eduardo Garzón, vinculado a MásMadrid, se dirigía directamente al jefe de González:
Frente a ello, también surgieron numerosas voces criticando el acoso personal. El periodista vasco Joseba Iturria defendía que seguía a Jon González “porque da información que nadie ha conseguido desmentir, aunque esté en contra de sus ideas” y calificaba de “vergonzoso” el linchamiento digital sufrido por el analista.
Otro mensaje criticaba que se intentara destruir profesionalmente a alguien simplemente por expresar opiniones económicas incómodas.
Incluso algunos usuarios que inicialmente participaron en la polémica acabaron reculando ante el nivel de agresividad alcanzado. Uno de ellos, el socialista donostiarra Enrique Ramos, reconocía haber borrado sus mensajes sobre Jon González debido a la virulencia que estaba tomando la discusión en redes sociales.
Jon González no es un dirigente político, ni un ministro, ni un consejero delegado. Es un técnico que analizaba cuestiones económicas desde una cuenta personal. Se puede discrepar de sus tesis —faltaría más—, pero lo ocurrido vuelve a mostrar una tendencia cada vez más habitual: la imposibilidad de sostener públicamente posiciones impopulares sin exponerse a campañas coordinadas de señalamiento.
El resultado final parece evidente. Su perfil terminó desapareciendo, probablemente tras recibir fuertes presiones externas y posiblemente también recomendaciones internas derivadas de su vinculación laboral con BBVA. La entidad financiera, como cualquier gran corporación, trata de evitar polémicas públicas que puedan afectar a su reputación. Pero el episodio deja una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto pueden los empleados de grandes empresas participar en debates públicos sin miedo a represalias?
Lo más llamativo es que muchos de los argumentos que Jon González exponía ni siquiera son especialmente heterodoxos. Organismos como la Comisión Europea, el Banco de España o la AIReF llevan años alertando sobre los desequilibrios futuros del sistema de pensiones español. La diferencia es que esos informes suelen quedar encapsulados en círculos técnicos, mientras que un tuit viral tiene capacidad para llegar a millones de personas y generar rechazo emocional inmediato.
Las redes sociales han convertido la economía en un terreno profundamente tribal. Ya no importa tanto si los números cuadran como quién los dice y desde dónde los dice. Si el mensaje contradice el relato emocional dominante, el emisor pasa rápidamente a convertirse en objetivo.
El caso de Jon González no va realmente sobre pensiones. Va sobre el coste creciente de pensar en público. Sobre el miedo a expresar opiniones complejas en un ecosistema diseñado para castigar cualquier matiz. Y sobre una cultura de la cancelación que ya no afecta solo a celebridades o políticos, sino también a perfiles técnicos y profesionales que simplemente participan en conversaciones incómodas.
Sobre el Autor
José A. del Moral
Socio director de Alianzo, fundador de Startup 2.0 y business angel. Fue socio fundador de Ya.com. Ha coescrito dos libros sobre la Web 2.0. El Mundo lo incluye todos los años desde 2011 en la lista de los 25 españoles más influyentes en Internet.