El caso Lookiero y «los startups» del consejero Jauregi

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La semana pasada el fundador de Lookiero, Oier Urrutia, ofreció una charla en el BAT de Bilbao en la que estuvo escoltado por la diputada de promoción económica de Bizkaia, Ainara Basurko, y el consejero de industria, Mikel Jauregi. La primera hizo la introducción y el segundo el cierre, en lo que es una muestra de cómo las instituciones han convertido a la startup vasca en un rehén de su márketing político.


Vaya por delante que Urrutia es un excelente emprendedor y que ha tenido épocas en las que era muy crítico con la labor de las administraciones. Pero ahora está necesitado de su dinero. No en vano son las diputaciones y el Gobierno Vasco quienes, vía Ekarpen y junto con la SETT, que trae fondos europeos vía Madrid, le han salvado en la última ronda.

Hasta el punto de ceder los dos momentos más importantes de su charla a sus «rescatadores», que evidentemente estaban encantados de presumir de startup. Exactamente igual que cuando el ministro de transformación digital del Gobierno de España, Oscar López, visitó las nuevas instalaciones de Lookiero en Miranda de Ebro.

Basurko llegó incluso a decir que las 421 startups creadas en Bizkaia en los últimos diez años «nos sitúan» en una buena posición a nivel europeo. No aportó los datos de las regiones con las que competimos. Tampoco le pareció extraño que tengan nueve empleados de media con apenas 200.000 euros de ingresos anuales. Si se hace bien el cálculo, no da, salvo que los sueldos sean de 20.000 euros anuales o pierdan dinero a espuertas.

Cerró la charla el consejero Jauregi, que repitió hasta cuatro veces «los startups», confundiendo claramente el género del término, que utiliza el femenino porque se trata de «empresas». La palabra que no utilizó esta vez fue «cuadrilla», a la que ha recurrido en las operaciones de Talgo y Ayesa. Habló en su lugar de «equipo», en clara referencia a los diversos profesionales de Lookiero que habían ido apareciendo durante la jornada acompañando a Urrutia.

De hecho, el consejero Jauregi dedicó la práctica totalidad de su discurso a hablar de los recursos humanos, precisamente el sector en el que se formó y ha trabajado. E hizo una alusión personal de cariz defensivo: «No tengo nada contra los funcionarios y me rodean algunos muy buenos. Pero llevo 25 años trabajando en el sector privado».

En los últimos años, el Gobierno Vasco ha intensificado su discurso en torno a la colaboración público-privada como pilar estratégico para impulsar el ecosistema emprendedor. Sobre el papel, suena bien: instituciones que apoyan, startups que crecen, innovación que florece. Pero basta con rascar un poco la superficie para descubrir que, en demasiadas ocasiones, esta supuesta colaboración es otra cosa muy distinta: una transacción desequilibrada donde lo público no construye tejido, sino relato.

El mecanismo es relativamente sencillo. La administración concede ayudas, subvenciones o programas de acompañamiento a startups que, en muchos casos, sobreviven más por necesidad que por convicción de valor añadido real. A cambio, esas mismas startups pasan a formar parte del escaparate institucional: casos de éxito, notas de prensa, eventos, paneles y discursos donde se repite la idea de que Euskadi es un referente en innovación. La pregunta es inevitable: ¿estamos ante una política de desarrollo económico o ante una estrategia de marketing institucional?

Porque la clave no está en dar dinero, sino en cómo y para qué se da. Si el objetivo principal de una ayuda es generar titulares o alimentar memorias de actividad, estamos pervirtiendo el concepto de colaboración. No es una alianza, es una instrumentalización. La startup deja de ser un agente económico para convertirse en un recurso narrativo. Y eso tiene consecuencias.

La primera es la distorsión del diagnóstico. Si todo se presenta como un éxito, si cada proyecto financiado se convierte automáticamente en ejemplo de dinamismo, se pierde la capacidad de evaluar con honestidad el estado real del ecosistema. ¿Cuántas de esas startups sobreviven sin ayudas? ¿Cuántas escalan de verdad? ¿Cuántas generan empleo sostenible? Estas preguntas rara vez forman parte del discurso oficial.

La segunda consecuencia es más preocupante: se incentiva un modelo dependiente. En lugar de fomentar empresas resilientes, orientadas al mercado y capaces de competir globalmente, se alimenta un ecosistema acostumbrado a pivotar en torno a convocatorias públicas. El foco deja de estar en el cliente y pasa a estar en la siguiente subvención. Y eso no es innovación; es supervivencia asistida.

Hablar de “colaboración prostituida” puede resultar incómodo, pero describe con bastante precisión lo que ocurre cuando una de las partes —en este caso, la pública— utiliza su capacidad financiera no para generar valor compartido, sino para comprar legitimidad. No hay una relación entre iguales, sino una dinámica donde el poder define el relato y el otro actor lo acepta porque lo necesita.

Mientras tanto, se sigue proyectando la imagen de que Euskadi “va bien”. Que el ecosistema startup crece, que hay dinamismo, que hay futuro. Pero esa narrativa, sostenida en casos seleccionados y amplificados, puede estar ocultando una realidad mucho más frágil. Una realidad donde faltan scaleups, donde la inversión privada sigue siendo limitada y donde el talento, en muchos casos, mira hacia fuera.

La colaboración público-privada es necesaria. Pero solo lo es cuando es auténtica: cuando implica riesgo compartido, objetivos alineados y métricas claras de impacto real. No cuando se convierte en un intercambio de dinero por visibilidad institucional. Si Euskadi quiere construir un ecosistema sólido, necesita menos storytelling y más autocrítica.

Menos foto y más fondo. Porque sin un diagnóstico honesto, cualquier política —por bien financiada que esté— corre el riesgo de ser simplemente eso: propaganda bien pagada. Por cierto, obsérvese lo que ocurrió hace unos días en un evento organizado por la Diputación de Gipuzkoa con representantes de los dos principales éxitos locales: Viralgen y Multiverse. La diputada general, Eider Mendoza, asistió pero de forma discreta, como oyente.

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