Bizkaia abarata el coche en plena apuesta institucional (teórica) por el transporte público

Hay decisiones políticas que resultan difíciles de encajar con el discurso que las propias administraciones llevan años defendiendo. La rebaja del tope mensual de los peajes de Bizkaia hasta los 35 euros, anunciada por la Diputación Foral y que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, es una de ellas.

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La medida tiene una lectura sencilla: los conductores habituales pagarán menos por utilizar las autopistas del territorio. Es una noticia que será bien recibida por miles de personas que se desplazan cada día por motivos laborales y que ven cómo el coste de sus trayectos disminuye de forma significativa. Desde ese punto de vista, la decisión es comprensible.

Sin embargo, las políticas públicas no pueden analizarse únicamente desde el bolsillo de quienes se benefician de ellas. También deben juzgarse por los incentivos que generan y por su coherencia con el resto de la estrategia institucional. Y ahí empiezan las contradicciones.

Durante los últimos años, las administraciones vascas han defendido la necesidad de reducir el uso del vehículo privado para combatir la congestión, disminuir las emisiones y avanzar hacia una movilidad más sostenible. Con ese argumento se han destinado cientos de millones de euros a ampliar la oferta de transporte público, reforzar Bizkaibus, mejorar la red ferroviaria o impulsar infraestructuras ciclistas.

Todo ese esfuerzo parte de una premisa clara: cuanto más atractivo sea el transporte colectivo frente al coche, mejores serán los resultados para el conjunto de la sociedad. La rebaja de los peajes transmite exactamente el mensaje contrario.

Cuando el coste de utilizar una autopista disminuye de forma tan notable, el automóvil gana atractivo frente al autobús o al tren. No hace falta que todos los usuarios cambien de hábito para que la política pierda coherencia; basta con que la señal económica deje de empujar en la dirección que la propia Administración considera deseable.

Además, el nuevo sistema introduce un incentivo peculiar: quien más utiliza las autopistas es quien obtiene un mayor beneficio económico. No se trata de una ayuda vinculada a la renta, ni a situaciones de vulnerabilidad, ni a colectivos con especiales dificultades de movilidad. La variable determinante es otra: la intensidad con la que se usa el coche. Paradójicamente, el mayor apoyo público termina recayendo sobre quienes más kilómetros recorren por carretera.

Existe también un aspecto menos comentado. Los peajes no solo sirven para recaudar dinero con el que mantener las infraestructuras. También cumplen una función de regulación de la demanda. El precio ayuda a distribuir el tráfico y hace que cada desplazamiento tenga un coste visible para quien lo realiza.

Cuando ese coste desaparece en la práctica a partir de un determinado umbral mensual, la capacidad reguladora del peaje se reduce considerablemente. A partir de los 35 euros, el incentivo económico para moderar el uso de la autopista prácticamente desaparece.

La Diputación puede argumentar, con razón, que la medida busca aliviar el gasto de quienes no tienen una alternativa real al coche. Ese problema existe y merece soluciones. Pero precisamente por eso sorprende que la respuesta elegida sea una subvención generalizada al uso intensivo de las autopistas, en lugar de políticas más selectivas o de inversiones que amplíen las alternativas de movilidad para quienes hoy carecen de ellas.

Las decisiones sobre movilidad siempre implican elegir qué comportamientos se quieren fomentar. Y las señales económicas importan. Mucho. Por eso resulta llamativo que, mientras Europa debate sobre zonas de bajas emisiones, electrificación del transporte y reducción del tráfico privado, Bizkaia haya optado por una medida cuyo principal efecto será hacer más barato utilizar el coche.

Es una decisión popular. Probablemente también rentable desde el punto de vista político. Pero popular no siempre significa coherente. Si el objetivo estratégico sigue siendo una movilidad más sostenible, cuesta entender por qué una de las principales herramientas económicas de las que dispone la Administración se utiliza ahora para incentivar precisamente el comportamiento contrario.