Un McDonald’s frente al mayor colegio de Donostia desata una rebelión vecinal
La construcción del que será el mayor restaurante McDonald’s de Gipuzkoa ha provocado una movilización de familias y vecinos en San Sebastián. El establecimiento, con capacidad para 170 personas, se encuentra a menos de cien metros de Aldapeta Maria, un colegio con unos 2.200 alumnos. Los afectados han iniciado una recogida de firmas para impedir su apertura y reclamar restricciones a la instalación de negocios de comida rápida junto a centros educativos.
El nuevo restaurante, impulsado directamente por la filial española de la multinacional, ocupará los números 4 y 6 de la calle Lizarra (Estella), en pleno centro donostiarra. Las obras comenzaron hace unas semanas, después de que el Ayuntamiento concediera la correspondiente licencia el pasado 31 de agosto. El establecimiento será el cuarto de McDonald’s en San Sebastián, después de los de la Bretxa, Garbera y Belartza.
La oposición se ha organizado a través de una petición en Change.org, impulsada por miembros de la comunidad educativa y vecinos de la zona. Los promotores reclaman que se reconsidere la autorización y que se establezca una distancia mínima entre los establecimientos de comida rápida y los centros escolares.
Los vecinos consideran especialmente preocupante que el restaurante se instale junto a Aldapeta Maria, uno de los mayores colegios de Euskadi, con alumnos de distintas edades. A escasos metros también se encuentra la residencia universitaria Compañía de María. A los argumentos relacionados con la alimentación se suman las posibles molestias por ruidos, olores, residuos y tráfico.
La principal contradicción denunciada por los afectados es que las administraciones públicas promueven una alimentación saludable entre los menores mientras permiten la apertura de grandes establecimientos de comida rápida a las puertas de los colegios.
El Gobierno Vasco desarrolla desde hace años programas de prevención de la obesidad infantil, un problema que afecta a una parte significativa de la población escolar. Además, el Gobierno central aprobó en abril de 2025 el Real Decreto 315/2025, que establece criterios nutricionales para los alimentos y bebidas que pueden comercializarse en las cafeterías y máquinas expendedoras de los centros educativos.
Sin embargo, esta regulación no afecta a los restaurantes situados fuera de los recintos escolares. Es decir, determinados productos pueden estar restringidos dentro de un colegio, pero los alumnos pueden adquirirlos en un establecimiento comercial situado a pocos metros.
El Ayuntamiento de San Sebastián sostiene que no dispone de argumentos legales para denegar la licencia. Según ha explicado a El Diario Vasco, McDonald’s desarrolla una actividad permitida por la normativa vigente y, siempre que cumpla los requisitos establecidos, el consistorio está obligado a autorizarla. Su respuesta ha sido contundente: «No conceder el permiso supondría prevaricar».
La afirmación municipal refleja las limitaciones de las administraciones para impedir la implantación de una actividad económica legal. Una licencia urbanística no puede denegarse simplemente porque un negocio genere rechazo social. Otra cuestión es que los ayuntamientos puedan introducir restricciones generales en su normativa urbanística, siempre que estén justificadas y respeten los principios de proporcionalidad y libertad de establecimiento.
Precisamente ahí se encuentra el fondo de la reivindicación vecinal. Más allá de este restaurante concreto, los promotores de la recogida de firmas pretenden que se establezcan reglas para evitar que las grandes cadenas de comida rápida se instalen junto a los colegios. Una medida que obligaría a determinar qué negocios quedarían afectados y qué distancia mínima debería respetarse.
Para McDonald’s, el nuevo establecimiento supone ampliar su presencia en Gipuzkoa, donde también cuenta con restaurantes en Andoain, Errenteria e Irun. La compañía no ha anunciado todavía la fecha de inauguración del local de Lizarra, aunque la licencia municipal contempla un plazo máximo de seis meses para ejecutar las obras.
La polémica plantea también una cuestión económica. La proximidad a un centro con más de 2.000 estudiantes constituye un atractivo comercial para cualquier negocio de restauración. Sin embargo, esa misma concentración de menores es precisamente el argumento utilizado por las familias para cuestionar la ubicación elegida.
El conflicto enfrenta dos políticas públicas que no siempre resultan fáciles de conciliar: la libertad de establecimiento de las empresas y la protección de la salud infantil. Mientras los vecinos reclaman que la segunda tenga consecuencias sobre las autorizaciones comerciales, el Ayuntamiento insiste en que debe aplicar la normativa vigente.
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