Last Tour y la importancia de la meritocracia

En 2017, la empresa que entonces dirigía ganó un concurso público convocado por el Ayuntamiento de Amurrio. Nuestra oferta fue la mejor en todos los aspectos: económicos, técnicos y cualitativos. Era, sencillamente, la propuesta más competitiva y con mucha diferencia. Sin embargo, el Ayuntamiento que comandaba Josune Irabien encontró la manera de apartarnos.

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No fue un proceso limpio. Antes de excluirnos definitivamente, el Consistorio ya había intentado echarnos por otras dos vías distintas. Cada vez respondíamos con recursos, alegaciones y documentación adicional. Cada vez desmontábamos sus argumentos. Pero la decisión parecía tomada de antemano: el contrato debía acabar en manos de otra empresa, Biok Comunicación.

El disgusto fue enorme. Junto a mis compañeros había dedicado días enteros a preparar aquella oferta. No solo porque el contrato era importante para mí porque mi familia es de la zona de Amurrio, sino porque creíamos —ingenuamente, quizá— que en la contratación pública todavía importaban criterios como el trabajo bien hecho, la calidad técnica o la competitividad económica. Después llegaron semanas redactando recursos administrativos para responder a cada nueva excusa que el Ayuntamiento inventaba para apartarnos del proceso.

Aquella experiencia me llevó a tomar dos decisiones que muchos consideraron radicales, pero que fueron fruto de una reflexión profunda sobre cómo funcionan demasiadas cosas en Euskadi: cerrar la empresa y marcharme. Empezar de cero en otro lugar. Porque llega un momento en que uno comprende que competir en igualdad de condiciones resulta imposible cuando el terreno está inclinado desde el principio.

También decidí acudir a los tribunales. Tres años después, en 2020, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vitoria-Gasteiz nos dio la razón de forma contundente. La sentencia dejó claro que el Ayuntamiento de Amurrio había actuado de manera ilegal al excluir nuestra oferta.

El juez recordó que la administración había aplicado «un formalismo arbitrario y contrario al principio de libre concurrencia», rechazando documentación perfectamente subsanable para impedir que siguiéramos en el procedimiento. La resolución anuló la adjudicación y obligó al Ayuntamiento a admitir la subsanación que nos había negado.

El problema es que la justicia llegó tarde. El trabajo ya estaba ejecutado y el contrato consumado. No podíamos recuperar una adjudicación perdida más de tres años antes. Solo nos quedó pactar una indemnización. Para entonces, Josune Irabien ya había sido recolocada en un puesto de libre designación en el Gobierno Vasco. Después fue nombrada secretaria general de Emakunde y actualmente ocupa la dirección de promoción del euskera del Ejecutivo autonómico.

No la conozco personalmente. No puedo afirmar si es buena o mala profesional. Pero sí puedo observar un patrón demasiado habitual en Euskadi: militancia política, red de contactos y sucesión de cargos públicos bien remunerados. La meritocracia suele quedar relegada a un papel secundario.

He recordado todo esto al leer la entrevista que este fin de semana publicó El Correo a Yurdana Burgoa, actual CEO de Last Tour, la promotora detrás de eventos como Bilbao BBK Live o BIME y que representa a varios grupos. Uno de ellos es En Tol Sarmiento (ETS), que acaba de recibir una subvención directa de 300.000 euros del Gobierno Vasco para una gira de conciertos.

En la entrevista, Burgoa asegura que la iniciativa para otorgar esta ayuda partió de las instituciones públicas. Probablemente de Irabien, ya que la promoción del euskera es el fundamento de esta subvención. Francamente, cuesta creer que una ayuda de semejante volumen aparezca de manera espontánea, sin interlocución previa ni trabajo político detrás. Y aquí es donde la historia vuelve a conectarse.

Porque Yurdana Burgoa era precisamente la persona que había fundado y controlado Biok Comunicación, la empresa que terminó llevándose aquel concurso de Amurrio. En aquel momento ya no estaba al frente de la agencia porque acababa de incorporarse al Gobierno Vasco como directora de Gabinete del Departamento de Economía y Hacienda.

Es decir, el propietario de Last Tour no fichó como CEO a cualquiera. Eligió a una profesional con una agenda institucional privilegiada, conocedora del funcionamiento interno del Gobierno Vasco y habitual acompañante de delegaciones públicas en eventos como el propio Bilbao BBK Live. Y eso importa mucho cuando tu modelo de negocio depende de millones de euros en subvenciones y patrocinios públicos.

Porque conviene recordar algo que rara vez se debate abiertamente: gran parte del ecosistema cultural (y también del económico) vasco vive sostenido por dinero público distribuido sin competencia real. Ayuntamiento de Bilbao, Diputación de Bizkaia y Gobierno Vasco llevan años entregando millones a determinados grupos, festivales y promotoras sin concursos abiertos que permitan competir a otros operadores.

Y cuando no existe competencia, tampoco existe meritocracia. Ese es el verdadero problema. No que una empresa privada gane dinero. No que una promotora tenga éxito. Todo lo contrario: ojalá existieran muchas más compañías culturales fuertes en Euskadi. El problema aparece cuando el éxito empresarial depende más de la proximidad política que de la capacidad profesional.

Porque entonces el mensaje para quienes empiezan es devastador: no basta con trabajar mejor. No basta con ofrecer un mejor precio. No basta con innovar. Lo decisivo es pertenecer al círculo correcto. La meritocracia no es un capricho liberal ni una consigna abstracta. Es el mecanismo que permite progresar a una sociedad.

Los países más dinámicos son aquellos donde las oportunidades se reparten en función del talento, el esfuerzo y la capacidad de competir. Cuando ocurre lo contrario, el resultado es estancamiento, dependencia y mediocridad. En un sistema meritocrático, las empresas saben que si presentan la mejor oferta pueden ganar un contrato. Los profesionales saben que pueden ascender gracias a su trabajo. Los emprendedores entienden que merece la pena arriesgar.

En cambio, cuando la percepción dominante es que todo depende de relaciones políticas, afinidades partidistas o redes clientelares, los más preparados empiezan a marcharse. Exactamente igual que hice yo hace años. Y ese es probablemente el mayor coste de todos. No el dinero público mal asignado. No las subvenciones discutibles. Sino el talento que Euskadi pierde cada vez que alguien concluye que competir aquí en igualdad de condiciones es imposible, que esto es un coto cerrado.