La pregunta que viene después de la IA: si las máquinas trabajan, ¿de quién serán las máquinas?

La discusión sobre la inteligencia artificial gira hoy alrededor de cuántos empleos destruirá, cuáles creará y cuánto aumentará la productividad. Pero Emad Mostaque, fundador y ex consejero delegado de Stability AI, plantea una pregunta bastante más incómoda: si llega un momento en el que el capital ya no necesita contratar trabajadores para producir, ¿cómo conseguirán capital quienes hasta ahora vivían de su trabajo?

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La pregunta puede parecer prematura. Los robots humanoides apenas han empezado a salir de los laboratorios y la inteligencia artificial todavía necesita supervisión humana para multitud de tareas. En 2025 se vendieron aproximadamente 7.000 humanoides para aplicaciones industriales y profesionales en todo el mundo, frente a las 542.000 instalaciones anuales de robots industriales convencionales registradas un año antes. Muchos de esos humanoides ni siquiera están trabajando realmente: han sido adquiridos para investigación y desarrollo.

Pero la cuestión que plantea Mostaque no necesita que desaparezca todo el empleo para convertirse en un problema económico. Basta con que una parte creciente de la producción dependa de activos —chips, centros de datos, modelos de IA, agentes y robots— que pertenecen a un grupo relativamente reducido de propietarios.

El mecanismo económico tradicional es bastante sencillo. Una empresa dispone de capital, pero necesita contratar trabajadores para producir más. Los trabajadores reciben salarios y utilizan esos ingresos para comprar los bienes y servicios que producen las empresas.

Mostaque plantea qué ocurre cuando esa relación se rompe. Una empresa que pueda sustituir una parte sustancial de su plantilla por agentes de inteligencia artificial no tendrá que repartir entre trabajadores una parte equivalente del valor generado. Y cuando los robots sean suficientemente baratos y capaces, algo parecido podría extenderse desde el trabajo intelectual al físico.

Su formulación lo resume bien: «Cuando el capital ya no necesita trabajo, ¿cómo consigue capital el trabajo?». No es necesario aceptar sus previsiones más extremas para observar que el problema ha empezado a preocupar a los economistas. El FMI señala que la IA podría desplazar empleo y presionar a la baja los salarios de determinados trabajadores.

Sus investigaciones detectan además una distribución desigual de los primeros beneficios: quienes poseen habilidades relacionadas con la IA están obteniendo primas salariales, mientras determinados empleos intermedios expuestos a la automatización aparecen particularmente amenazados.

En Europa, el organismo calcula que alrededor del 60% de los trabajadores de las economías avanzadas ocupan puestos muy expuestos a la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, estima que la tecnología podría elevar aproximadamente un 1% la productividad europea durante los próximos cinco años. Las dos cosas pueden suceder simultáneamente: una economía puede hacerse más productiva sin que los beneficios de esa productividad se distribuyan de manera uniforme.

Hasta ahora, buena parte de la respuesta política a esa posibilidad se ha centrado en redistribuir posteriormente la riqueza: impuestos, prestaciones, renta básica universal o eventualmente impuestos sobre los robots. Mostaque propone darle la vuelta al razonamiento. En lugar de preguntarse cuánto habría que quitar posteriormente a los propietarios de las máquinas para entregárselo a quienes han perdido su trabajo, plantea convertir a los ciudadanos también en propietarios de las máquinas.

Es lo que denomina Universal Basic Capital, frente a la más conocida Universal Basic Income (renta básica universal). La idea sería distribuir entre la población propiedad o derechos económicos sobre las empresas, infraestructuras, agentes de IA o robots que generan la producción. El ciudadano no recibiría solamente una prestación financiada mediante impuestos: recibiría una parte del rendimiento del capital automatizado.

La diferencia no es pequeña. Imaginemos una fábrica que actualmente necesita 1.000 trabajadores y que dentro de veinte años pudiera producir lo mismo con 100 personas y cientos de robots. Una opción sería gravar los beneficios de sus propietarios para financiar las rentas de quienes ya no trabajan allí. Otra sería que trabajadores, ciudadanos, fondos públicos o fondos de pensiones fueran propietarios de una parte de esos robots y cobrasen sus dividendos.

No es una idea completamente nueva. Los fondos soberanos ya convierten determinados recursos económicos de un país en patrimonio colectivo. El caso más conocido es Noruega, que ha utilizado durante décadas los ingresos del petróleo para acumular activos financieros en beneficio del Estado y de generaciones futuras. La diferencia es que el recurso escaso del siglo XXI podría no estar debajo del suelo, sino dentro de los centros de datos y de las fábricas automatizadas.

Y aquí aparece una dimensión especialmente relevante para Europa. Actualmente buena parte de la infraestructura esencial de la inteligencia artificial pertenece a empresas estadounidenses, mientras China desarrolla su propio ecosistema. El FMI acaba de advertir expresamente del riesgo europeo de aumentar su dependencia de tecnología de IA procedente de Estados Unidos y China.

La cuestión de la llamada «soberanía de la IA» adquiere entonces un significado económico distinto. No se trata únicamente de dónde están alojados los datos o de si un modelo cumple la regulación europea. También importa quién posee el activo que cobrará cada vez que una empresa sustituya trabajo humano por computación.

Esto afecta igualmente a Euskadi. Instituciones y empresas están invirtiendo en centros de datos, inteligencia artificial, modelos lingüísticos y robótica. Pero se habla mucho más de disponer de la tecnología que de la propiedad futura de esos medios de producción. Comprar servicios de IA a una multinacional estadounidense o utilizar un modelo chino adaptado a Europa puede aumentar la productividad local, pero no significa necesariamente que el capital generado por esa productividad permanezca aquí.

La robótica hará todavía más visible la cuestión. Mostaque imagina que cada país podría disponer de una flota de robots participada colectivamente. Es una propuesta todavía enormemente especulativa, como lo son sus previsiones sobre la rapidez con la que desaparecerá el trabajo humano.

Los datos actuales aconsejan prudencia. El mercado mundial de humanoides sigue siendo minúsculo y muchos de los robots vendidos se utilizan para desarrollar la propia tecnología. Incluso China, que ha apostado decididamente por el sector, ha empezado a enfriar la carrera bursátil de sus fabricantes ante las dudas sobre valoraciones y sobre cuánto de sus ingresos procede realmente de demanda comercial.

Pero esa inmadurez tecnológica no invalida la pregunta sobre la propiedad. Al contrario: la propiedad de la infraestructura se está decidiendo antes de que sepamos hasta dónde llegará la automatización. Nvidia vende los chips. Microsoft, Amazon y Google construyen capacidad de computación. OpenAI, Anthropic, Google y otros desarrollan los modelos.

Las grandes empresas tecnológicas están invirtiendo centenares de miles de millones en una infraestructura cuyo objetivo económico último es precisamente conseguir que cada unidad de trabajo intelectual pueda producirse con menos intervención humana.

El FMI calcula que la inversión privada relacionada con la inteligencia artificial podría superar los dos billones de dólares en 2026. También ha advertido de que una parte creciente está financiándose mediante deuda y de las relaciones circulares que se están formando entre fabricantes de chips, centros de datos, proveedores de modelos e inversores.

Eso significa que mientras discutimos si ChatGPT hará desaparecer a los abogados, programadores o periodistas, se está produciendo una gigantesca acumulación de los activos que podrían sustituir una parte de su trabajo. Mostaque lleva su pronóstico mucho más lejos y cree que el valor económico del trabajo cognitivo humano podría llegar incluso a ser negativo frente a una inteligencia artificial más barata, rápida y permanentemente disponible. No existen datos que permitan afirmar hoy que vaya a ocurrir algo semejante y mucho menos en los plazos que maneja.

Pero su pregunta sobre la propiedad no depende de que acierte. Si la IA y la robótica cumplen siquiera una parte de las expectativas depositadas en ellas, habrá una enorme diferencia entre una sociedad en la que millones de personas utilizan máquinas propiedad de unas pocas compañías y otra en la que esos mismos ciudadanos poseen directa o indirectamente una parte de los activos automatizados.

Durante dos siglos, una de las preguntas económicas fundamentales ha sido cuánto debe cobrar quien trabaja. La inteligencia artificial puede obligarnos a añadir otra anterior: quién será el dueño de quien trabaja cuando quien trabaja sea una máquina.

Foto: Emad Mostaque, fundador de Stability AI. Foto: Ben Dance / No 10 Downing Street (CC BY 2.0).