¿Se ha convertido Euskadi en referente en atracción de vividores?

El caso de la familia desahuciada en Vitoria, que percibía 2.454 euros mensuales en ayudas públicas mientras el propietario de la vivienda tenía que alojarse con su mujer y su hijo en una habitación, plantea una pregunta incómoda: ¿hasta dónde debe llegar la solidaridad de una sociedad cuando quienes se benefician de ella incumplen sus obligaciones?

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Euskadi presume de disponer de uno de los sistemas de protección social más avanzados de Europa. Y tiene motivos para hacerlo. Una sociedad desarrollada no debería permitir que una familia se quede sin comer, que unos niños carezcan de educación o que una persona enferma no reciba atención sanitaria por falta de recursos. El problema empieza cuando esa solidaridad deja de exigir responsabilidades a quienes la reciben y, sobre todo, cuando termina perjudicando a otros ciudadanos que también necesitan protección.

Lo sucedido en Vitoria con una familia de origen magrebí, integrada por un matrimonio y seis hijos, es un ejemplo difícil de justificar. Según la información publicada por El Correo, basada en un informe del Ayuntamiento de Vitoria, la unidad familiar percibía 2.454 euros mensuales procedentes de distintas prestaciones públicas. Mientras tanto, permanecía en una vivienda que su propietario llevaba años intentando recuperar para poder vivir en ella con su propia familia.

La situación tiene algo de mundo al revés. Quien disponía de una vivienda no podía utilizarla y quien debía abandonarla continuaba ocupándola mientras recibía ayudas públicas. El propietario, su mujer y su hijo se vieron obligados a vivir en una habitación mientras aguardaban una resolución judicial que finalmente les ha permitido recuperar su casa.

No estamos hablando, además, de una emergencia inesperada. Los servicios sociales municipales sostienen que la familia conocía desde octubre de 2019 la intención del propietario de no renovar el alquiler porque necesitaba la vivienda para uso propio. También aseguran que rechazó determinados recursos de alojamiento, que no siguió las pautas de inserción laboral y búsqueda de vivienda planteadas por los técnicos y que pasó 38 días en Marruecos durante el verano, pese a conocer las consecuencias que esa ausencia tendría sobre sus prestaciones.

El padre, que ejerce como imán en las tres cárceles vascas, sostiene que llevaba un año buscando otra vivienda sin encontrarla. Es perfectamente posible que una familia con seis menores encuentre enormes dificultades para alquilar un piso en Vitoria. Pero esa dificultad no puede convertirse en un derecho indefinido a permanecer en una propiedad ajena, especialmente cuando existen alternativas ofrecidas por las instituciones.

Hay, además, un aspecto económico particularmente llamativo que merece una explicación del Gobierno vasco. Según el informe municipal citado por El Correo, entre las prestaciones que recibía la familia figuraba la Prestación Económica de Vivienda (PEV), destinada precisamente a ayudar a sufragar los gastos de alojamiento. Para acceder a ella se exige acreditar documentalmente el alquiler, incluido un justificante de pago.

Si esta familia llevaba años sin pagar al propietario, ¿cómo pudo acceder a esa prestación o mantener su cobro? ¿Comprobó la Administración que el dinero público destinado a vivienda se utilizaba realmente para pagarla? Desconocemos cuánto percibía por este concepto, desde cuándo y qué documentación presentó. Por tanto, no puede afirmarse que existieran cobros indebidos, pero la contradicción aparente es suficientemente importante como para exigir una explicación.

Y aquí aparece la cuestión más relevante: ¿quién protege al propietario cuando el sistema de protección social ampara durante años una situación que le perjudica directamente? El derecho a la vivienda no puede interpretarse como el derecho a disponer de la vivienda de otro.

Si las administraciones consideran que una familia necesita alojamiento, deben proporcionarle una solución dentro de sus competencias y posibilidades. Lo que no parece razonable es que la factura de esa política social recaiga sobre un ciudadano particular, que además puede encontrarse en una situación económica más precaria que quienes reciben las ayudas.

Tampoco resulta razonable que las prestaciones públicas funcionen sin una exigencia efectiva de colaboración. La RGI y otras ayudas están concebidas para garantizar unos ingresos mínimos y favorecer la inclusión, no para sustituir indefinidamente la responsabilidad personal. Cuando los servicios sociales constatan incumplimientos, deberían existir consecuencias proporcionadas y aplicables, sin dejar desprotegidos a los menores.

La procedencia de esta familia ha contribuido a convertir el caso en un debate sobre inmigración. Pero conviene distinguir dos cuestiones. Una es que una persona nacida fuera de España pueda acceder a prestaciones públicas cuando cumple los requisitos legales, algo perfectamente legítimo. Otra, muy distinta, es que el sistema tolere situaciones de abuso o incumplimiento por parte de cualquier beneficiario, sea marroquí, vasco o de cualquier otro origen.

De hecho, el verdadero problema no es que una familia tenga seis hijos ni que reciba ayudas por ellos. Es que la combinación de prestaciones, incumplimientos y lentitud judicial haya podido convivir durante años con el perjuicio sufrido por otra familia. La protección de unos no debería exigir el sacrificio de otros.

La reacción política y social tampoco invita al optimismo. El Sindicato Socialista de Vivienda ha denunciado una supuesta campaña de criminalización contra la familia desahuciada. Está en su derecho de defenderla y de cuestionar la actuación institucional. Pero cualquier defensa de su situación debería explicar también qué solución propone para el propietario, cuya necesidad de vivienda no es menos legítima.

Existe un riesgo evidente de que determinados sectores políticos terminen confundiendo la defensa de los vulnerables con la defensa incondicional de cualquiera que se enfrente a un propietario. Y de que la condición de arrendador convierta automáticamente a un ciudadano en sospechoso, aunque sea él quien esté sufriendo las consecuencias económicas y familiares del conflicto.

Euskadi necesita inmigración, entre otras razones por su envejecimiento demográfico y las dificultades de numerosas empresas para encontrar trabajadores. También necesita mantener una red de protección social sólida. Pero ambas cosas requieren confianza ciudadana, reglas comprensibles y obligaciones recíprocas.

Si una persona trabaja, paga impuestos, cumple sus contratos y, cuando necesita recuperar su vivienda, descubre que debe esperar años mientras el sistema protege a quien permanece en ella, esa confianza se deteriora. Y cuando las instituciones no consiguen resolver estas contradicciones, dejan el terreno abonado para los discursos que cuestionan toda la política migratoria y el propio Estado del bienestar.

Por eso la pregunta del titular es deliberadamente provocadora. No existen datos que permitan afirmar que Euskadi se haya convertido en un referente internacional de atracción de personas que pretenden vivir de las ayudas. Un caso, por escandaloso que resulte, no demuestra una tendencia general. Aunque hay algunos datos que resultan muy preocupantes.

Pero sí obliga a preguntarse si nuestro sistema tiene suficientes mecanismos para distinguir entre quien necesita ayuda y colabora para superar su situación y quien incumple reiteradamente las obligaciones que le corresponden. Una sociedad solidaria no es aquella que entrega prestaciones sin exigir nada a cambio. Es aquella que protege a quien realmente lo necesita, exige responsabilidades a todos y evita que la vulnerabilidad de unos se resuelva a costa de los derechos de otros.