La moda cuántica: las instituciones ponen dinero pero las empresas pasan

Las tecnologías cuánticas se han convertido en la nueva moda de las administraciones públicas. Como hace unos años sucedió con el blockchain y después con la inteligencia artificial, gobiernos de todo el mundo compiten ahora por anunciar estrategias, centros de investigación y, sobre todo, ordenadores cuánticos. El problema es que resulta mucho más fácil gastar dinero público en comprar estas máquinas que encontrar empresas que sepan qué hacer con ellas.

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Euskadi es probablemente el ejemplo más extremo en España. El Gobierno Vasco selló en 2023 una alianza con IBM que inicialmente contemplaba instalar en Donostia un Quantum System One y terminó desembocando en un Quantum System Two, inaugurado en octubre de 2025 con un procesador Heron de 156 cúbits. El proyecto Basque Quantum (BasQ) contempla una inversión pública directa superior a 120 millones de euros hasta 2028, que las propias instituciones calificaron como la mayor realizada hasta entonces en Euskadi en una infraestructura científica. Solo el acuerdo inicial para crear el centro de computación cuántica con IBM superaba los 50 millones de euros.

La apuesta puede tener sentido desde el punto de vista científico. Euskadi dispone de grupos de investigación de primer nivel en física, materiales y computación, y disponer de una infraestructura excepcional puede servir para atraer investigadores y proyectos internacionales. Otra cosa distinta es justificar semejante desembolso por su utilización empresarial. Ahí empiezan las dudas.

De hecho, el propio Gobierno Vasco reconocía en enero que el IBM Quantum System Two estaba funcionando al 25% de su capacidad, con una decena de proyectos de investigación, y anunciaba que esperaba llegar al 50%. Y no fue hasta julio de 2026 cuando presentó formalmente el protocolo para abrir la máquina a empresas y entidades públicas.

Es decir, primero se ha realizado una inversión gigantesca en disponer de la máquina y después se está trabajando para conseguir usuarios. El orden resulta cuando menos llamativo para una infraestructura que también se justifica por su futura aplicación industrial.

Euskadi tampoco está sola en esta carrera. Galicia dispone ya del Qmio, de 32 cúbits, y la Xunta adjudicó a Telefónica por más de 9 millones de euros la adquisición de otro computador de 54 cúbits para el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA). El equipo forma parte de una inversión mucho mayor, de 56 millones, destinada al nuevo edificio e infraestructuras del centro.

Cataluña también cuenta con infraestructura propia a través del Barcelona Supercomputing Center (BSC), dentro del proyecto Quantum Spain, dotado con 22 millones de euros para el desarrollo del ordenador y de algoritmos cuánticos. Esta última es probablemente la iniciativa más razonable en cuanto va asociada al desarrollo de proveedores locales de tecnologías de hardware y software.

Y la última en apuntarse ha sido Madrid. La Comunidad anunció el 6 de agosto que invertirá cerca de 2 millones de euros hasta 2029 para disponer de su primer computador cuántico de titularidad pública, que se instalará en la Universidad Politécnica de Madrid. Según el Ejecutivo madrileño, estará disponible para universidades, centros de investigación, hospitales y empresas, especialmente startups.

La pregunta que apenas aparece en estas presentaciones es mucho más sencilla: ¿cuántas empresas necesitan realmente utilizar un ordenador cuántico hoy? Porque una cosa es considerar estratégico investigar una tecnología que podría revolucionar determinadas actividades dentro de diez o veinte años y otra muy diferente adquirir hardware extremadamente caro sin haber demostrado previamente que existe una demanda suficiente para utilizarlo.

Hay una manera bastante sencilla de medir el interés empresarial real por las tecnologías cuánticas en Euskadi. Basta con analizar qué sucede cuando el Gobierno Vasco ofrece dinero a las compañías para utilizarlas. Spri lanzó en 2025 el programa Smart Industry – Tecnologías Cuánticas, destinado específicamente a trasladar estas tecnologías desde los agentes de I+D hacia las empresas.

La convocatoria permitía financiar proyectos de computación, comunicaciones, simulación, sensórica, metrología y criptografía postcuántica. Las subvenciones podían alcanzar 150.000 euros por proyecto y 200.000 euros por empresa. El presupuesto disponible era de 2 millones de euros. El resultado permite hacerse una idea bastante precisa de la demanda existente.

Según la resolución publicada el 10 de agosto en el BOPV, solo aparecen seis expedientes subvencionados, correspondientes a cinco empresas: Irontec, Bellmer Ibérica Machinery —con dos proyectos—, Laboral Kutxa, Matz-Erreka y Ubikare Zainketak. Y ninguna se ha acercado siquiera al límite de 200.000 euros por compañía.

La mayor ayuda ha sido para Matz-Erreka, con 123.877 euros. Después aparecen Ubikare, con 40.578 euros; Laboral Kutxa, con 24.028; Bellmer, con dos ayudas que suman prácticamente 26.000 euros; e Irontec, con apenas 5.756 euros. En total, Spri ha concedido 220.227 euros. Eso supone apenas el 11% de los 2 millones disponibles. Han quedado sin utilizar cerca de 1,78 millones de euros, casi el 89% del presupuesto.

Es difícil encontrar una demostración más clara de la distancia existente entre el entusiasmo institucional por la computación cuántica y la demanda empresarial real. Cuando se celebran congresos, se presentan estrategias o se inauguran ordenadores, la cuántica parece destinada a transformar inmediatamente la industria vasca. Cuando se pone dinero encima de la mesa para que las empresas desarrollen proyectos, aparecen cinco compañías.

Esto no significa que la computación cuántica carezca de futuro. Probablemente tendrá aplicaciones extraordinariamente relevantes en ámbitos como simulación molecular, nuevos materiales, optimización, criptografía o investigación farmacéutica. La cuestión es cuándo serán económicamente competitivas esas aplicaciones y cuántas empresas vascas podrán aprovecharlas. Ese matiz es fundamental cuando quien paga es el contribuyente.

Una empresa privada que compra una máquina de varios millones tiene incentivos muy claros para calcular previamente cuántas horas va a utilizarla, cuánto dinero espera ahorrar y cuándo recuperará la inversión. En una administración pública esos mecanismos son mucho más débiles. El éxito se mide demasiadas veces por haber conseguido instalar la máquina, inaugurar el centro o aparecer en los mapas internacionales de tecnología, no por el número de empresas que posteriormente la utilizan ni por el retorno económico generado.

La propia comunicación institucional vasca resulta reveladora. En 2023, antes incluso de que estuviera instalado el computador, el Gobierno Vasco destacaba que la alianza con IBM ya había servido para consolidar el «prestigio» internacional de Euskadi. Es una forma perfectamente legítima de política científica, pero diferente de demostrar que existe una necesidad industrial que justifique la inversión.

Precisamente por eso, inversiones de este tamaño deberían ir acompañadas de indicadores públicos muy concretos: horas efectivas de utilización, porcentaje de capacidad ocupada, número de empresas usuarias, proyectos empresariales desarrollados, ingresos obtenidos, patentes generadas, startups creadas, inversión privada inducida y aplicaciones que hayan llegado realmente al mercado. Y esos indicadores deberían auditarse periódicamente.

Existe además un poderoso incentivo político para sumarse a estas carreras tecnológicas. Ningún gobierno quiere correr el riesgo de que dentro de diez años la computación cuántica sea fundamental y alguien pueda reprocharle no haber invertido cuando tuvo la oportunidad.

El resultado es una especie de FOMO institucional: Euskadi tiene un ordenador cuántico, Galicia compra otro, Cataluña dispone del suyo y Madrid anuncia el siguiente. Cada nueva inversión sirve, además, como argumento para justificar la posterior. Si otras regiones lo tienen, nosotros también debemos tenerlo. Pero la política tecnológica no debería consistir en coleccionar máquinas.

Euskadi puede tener buenas razones para apostar por la investigación cuántica y para aprovechar la presencia de grupos científicos excelentes. Incluso puede tener sentido asumir riesgos con dinero público en una tecnología todavía inmadura. Lo que resulta mucho más discutible es que se presenten estas inversiones como una respuesta a una demanda industrial que, por ahora, cuesta encontrar.

El programa Smart Industry ofrece una pequeña pero significativa prueba. Había 2 millones de euros disponibles para que las empresas vascas experimentaran con tecnologías cuánticas y solo han sido necesarios 220.000. Mientras tanto, las administraciones siguen comprando ordenadores. La cuántica tiene mucho futuro. Lo que todavía no está tan claro es que tenga tanto presente como parecen creer nuestros gobiernos.