¿Está cambiando el Gobierno Vasco su política industrial? La OPA sobre Azkoyen apunta a una nueva estrategia

La OPA lanzada por Ohmnia sobre Azkoyen puede acabar siendo recordada por dos paradojas. La primera es puramente financiera: ofrece 10 euros por acción cuando el mercado considera que la compañía vale bastante más. La segunda es mucho más interesante desde el punto de vista económico y político: el Gobierno Vasco está contribuyendo a financiar la adquisición de una empresa que no tiene una sola fábrica en Euskadi.

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Lejos de ser una contradicción, ambas cuestiones pueden ser la prueba de que la política industrial vasca está entrando en una nueva fase. Durante décadas, los gobiernos autonómicos han entendido la política industrial como un mecanismo para atraer inversiones, instalar fábricas, crear empleo o evitar deslocalizaciones. El éxito se medía por el número de puestos de trabajo creados o por el volumen de inversión material realizada dentro del territorio.

La operación sobre Azkoyen responde a una lógica completamente distinta. Ya no se trata de atraer fábricas, sino de comprar empresas. Ohmnia, el grupo liderado por José Antonio Jainaga, ha recibido el respaldo de un amplio grupo de inversores, entre ellos el Instituto Vasco de Finanzas, a través de Finkatuz, Kutxabank, Vital, BBK y diversos empresarios vascos.

Sin embargo, la empresa objeto de la adquisición tiene su principal centro productivo en Peralta (Navarra) y desarrolla su actividad industrial fuera de la Comunidad Autónoma Vasca. Si la operación culmina con éxito, el Gobierno Vasco no habrá atraído una fábrica a Euskadi. Habrá contribuido a que un grupo empresarial con sede en Euskadi controle una empresa industrial navarra.

Es un matiz aparentemente pequeño, pero supone un cambio profundo en la forma de entender la política industrial. En los últimos años el Ejecutivo vasco ha repetido una idea con insistencia: lo importante no es únicamente dónde se encuentran las plantas industriales, sino dónde se toman las decisiones.

Ese planteamiento explica operaciones como la entrada en Talgo, el apoyo al regreso de Ibermática al control vasco tras la compra de Ayesa o la participación pública en compañías consideradas estratégicas. La OPA sobre Azkoyen lleva esa filosofía un paso más allá.

No se trata de evitar que una empresa vasca sea adquirida desde fuera. Se trata de utilizar capital público vasco para que un grupo industrial vasco compre una empresa ubicada fuera de Euskadi. En cierto modo, la política industrial deja de ser defensiva para convertirse en expansiva.

La propia estructura de Ohmnia ayuda a entender esa estrategia. El objetivo declarado de Jainaga no parece ser simplemente comprar Azkoyen, sino construir un grupo industrial europeo de mayor tamaño mediante adquisiciones sucesivas. En esa visión, Azkoyen no sería un destino final, sino una pieza más de una plataforma industrial capaz de seguir creciendo.

La pregunta entonces cambia por completo. El retorno de la inversión pública ya no se mediría por el número de empleos creados en una determinada planta, sino por la existencia de un gran grupo industrial cuya dirección, propiedad y estrategia permanezcan en Euskadi. Es una lógica muy similar a la que durante décadas han seguido países como Francia, Alemania o Italia para consolidar sus grandes grupos industriales.

Navarra empieza a mirar con preocupación… La reacción en Navarra demuestra que este cambio estratégico no ha pasado desapercibido. Marian Garayoa, que trabaja para la patronal de la comunidad foral, ha definido Azkoyen como una de las empresas «bandera» y ha advertido de que la operación plantea interrogantes sobre el futuro de los centros de decisión, las capacidades industriales y determinadas cadenas de suministro.

Su reflexión va más allá del caso concreto. Garayoa reconoce abiertamente que Euskadi ha desarrollado en los últimos años una capacidad financiera muy superior para intervenir en operaciones corporativas gracias a instrumentos como Finkatuz, Indartuz o el plan Euskadi Eraldatuz 2030.

Frente a ello, Navarra apenas empieza a construir herramientas similares mediante el Instituto Navarro de Inversiones o la sociedad pública S4. Su conclusión es casi una declaración de intenciones: Navarra debería aspirar a disponer de instrumentos financieros capaces de participar en operaciones empresariales de esta magnitud.

Resulta significativo que el debate no gire únicamente alrededor de Azkoyen. Empieza a girar alrededor de la capacidad de cada territorio para conservar —o conquistar— centros de decisión empresariales…pero también hay preguntas en Euskadi. Paradójicamente, mientras en Navarra preocupa perder influencia sobre una de sus empresas emblemáticas, en Euskadi puede plantearse la cuestión contraria.

¿Qué retorno obtiene el contribuyente vasco cuando parte del dinero público sirve para comprar una empresa que no genera empleo industrial directo en la comunidad? Hasta ahora esa pregunta apenas se planteaba porque las inversiones públicas se dirigían, casi siempre, a empresas con implantación local.

Ahora el criterio parece diferente. El retorno podría medirse mediante indicadores menos visibles: el control empresarial desde Euskadi; la ubicación de la dirección del grupo; la capacidad para decidir futuras inversiones; la generación de nuevas adquisiciones; o el fortalecimiento de un gran grupo industrial vasco con vocación internacional. La discusión deja de ser territorial para convertirse en estratégica.

Quizá la verdadera noticia de la operación sobre Azkoyen no sea quién compra la empresa navarra. La verdadera noticia es que el Gobierno Vasco parece estar utilizando por primera vez de forma explícita recursos públicos para impulsar la creación de un gran grupo empresarial vasco mediante adquisiciones fuera del territorio.

Si esa estrategia se consolida, Euskadi dejará de competir únicamente por atraer inversiones. Competirá también por controlar empresas. Y eso abre un debate mucho más profundo que el propio desenlace de la OPA. Porque obliga a responder una pregunta que hasta hace poco apenas existía: ¿qué debe perseguir una política industrial moderna?

¿Que las fábricas estén en Euskadi? ¿Que el empleo se cree en Euskadi? ¿Que las sedes sociales permanezcan en Euskadi? ¿O que los grandes grupos industriales tengan su centro de decisión en Euskadi, aunque parte de su producción se desarrolle en otros territorios? La respuesta marcará probablemente la política industrial vasca de la próxima década. Y la OPA sobre Azkoyen puede ser el primer gran ejemplo de ese nuevo modelo.