El TSJPV eleva a dos años y nueve meses de cárcel la condena al abogado gallego que se quedó con la indemnización de un accidente laboral en Euskadi

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha elevado de 11 meses a dos años y nueve meses de prisión la condena a un abogado colegiado en Lugo que cobró y se apropió de unos 145.000 euros de la indemnización de un cliente por un accidente laboral. El trabajador le había ordenado seguir adelante con el proceso si no conseguía un acuerdo por 200.000 euros. El letrado pactó por 147.000 euros a sus espaldas y el cliente se enteró de los pagos al declarar en un juzgado de San Sebastián.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa identifica al letrado como miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lugo. El trabajador, empleado de CAP Welding, se accidentó en octubre de 2009 durante las obras de ampliación del gasoducto Bergara-Irun. En 2010 encargó al abogado que defendiera sus intereses y le otorgó en Tui (Pontevedra) un poder notarial que le permitía negociar acuerdos y cobrar indemnizaciones en su nombre. El letrado utilizó ese poder para cerrar tres acuerdos entre 2015 y 2017. Axa aportó 135.000 euros, Mantenimiento y Montajes Industriales (MASA) pagó 7.000 y Zurich, otros 5.000.

En la causa original por el accidente, la Fiscalía solicitó una indemnización total de 146.000 euros. La acusación particular había reclamado 160.679,57 euros en su escrito de abril de 2015. Esas cifras eran peticiones al juzgado. Los 200.000 euros eran el importe que el trabajador había fijado para aceptar un acuerdo extrajudicial.

Los pagos, una vez descontados los derechos de la procuradora en el caso de Axa, acabaron en cuentas de las que era titular el abogado. Según los hechos probados, el letrado o alguien a petición suya imitó la firma del cliente en escritos de renuncia a acciones civiles y penales y en varios documentos del acuerdo. La Sala considera que, al desobedecer las instrucciones del trabajador, el abogado también le privó de la posibilidad de conseguir una indemnización mayor.

El abogado tampoco trasladó al trabajador las citaciones para el juicio. Cuando el juzgado le preguntó por su ausencia, respondió que creía que estaba en Asia, quizá en Singapur, y que no podía localizarlo. El juzgado multó al trabajador con 1.000 euros por no comparecer y después dejó sin efecto la sanción. El trabajador declaró que nunca había estado en Singapur.

El trabajador descubrió lo sucedido el 25 de mayo de 2018, cuando compareció ante el Juzgado de lo Penal número 1 de San Sebastián. Diez días después, el abogado depositó 125.533 euros en el juzgado. Había retenido 19.565,70 euros que se atribuyó como honorarios. El TSJPV confirma que debe abonar esa cantidad al cliente, además de los intereses. La Sala rechaza que el abogado pudiera cobrarse unilateralmente sus servicios con el dinero recibido por cuenta del trabajador.

El juzgado acordó en junio de 2018 entregar al trabajador la suma consignada y remitió documentación a Instrucción para que se investigara al abogado. En julio de 2019, la Audiencia Provincial de Gipuzkoa rechazó que la renuncia del cliente a reclamar hubiera sido válida y revocó la orden de entrega. Dispuso que el dinero quedara inmovilizado en el juzgado a resultas de la causa por el accidente y que se reclamara su devolución si ya se había entregado. Así consta en el auto 529/2019.

La investigación al letrado avanzó por separado. En mayo de 2020, el Juzgado de Instrucción número 3 de San Sebastián acordó seguir el procedimiento por apropiación indebida, falsedad documental y deslealtad profesional. El abogado pidió el archivo. En septiembre de 2021, la Audiencia rechazó su recurso y apreció indicios suficientes para seguir adelante. La pericial caligráfica había detectado imitaciones de la firma del trabajador, aunque no pudo determinar quién las había trazado.

El tribunal desestima el recurso del letrado y estima el del perjudicado. La Audiencia Provincial de Gipuzkoa había aplicado a los tres delitos la atenuante de dilaciones indebidas en su modalidad muy cualificada. El TSJPV la rebaja a simple. Entre la primera declaración del abogado como investigado y el juicio transcurrieron algo más de seis años. La Sala cifra en un año y nueve meses la paralización injustificada acreditada en ese periodo y considera que su duración justifica la atenuante simple.

La nueva condena fija nueve meses de prisión por apropiación indebida y dos años por falsedad continuada en documento público. Por deslealtad profesional le impone dos años y seis meses de inhabilitación para ejercer la abogacía. El fallo añade multas que suman 7.920 euros. La sentencia, dictada el 17 de noviembre, puede recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo.

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