El Gobierno Vasco sigue el modelo israelí para convertir a la diáspora en un activo económico

Durante décadas, la relación entre Euskadi y su diáspora se ha basado principalmente en la preservación de la cultura, el euskera y los vínculos sentimentales con la tierra de origen. Las Euskal Etxeak repartidas por América, Europa y otros continentes han sido los principales instrumentos para mantener viva esa conexión. Sin embargo, el nuevo anteproyecto de Ley de la Diáspora Vasca supone un cambio de enfoque mucho más ambicioso: el Gobierno Vasco quiere convertir a la diáspora en un activo económico, social y estratégico para el futuro del país.

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La inspiración no aparece citada expresamente en el texto, pero resulta difícil no encontrar paralelismos con el modelo desarrollado durante décadas por Israel. Allí, la diáspora judía no se concibe únicamente como una comunidad cultural repartida por el mundo, sino como una red internacional capaz de aportar talento, inversión, influencia política, conocimiento y oportunidades de negocio al país.

El nuevo texto legislativo vasco parece avanzar precisamente en esa dirección. Una de las novedades más significativas es que la ley abandona la visión tradicional de las colectividades vascas como meros espacios de difusión cultural. El texto reconoce expresamente derechos económicos a las comunidades vascas en el exterior y las incorpora como agentes de desarrollo.

Las entidades de la diáspora podrán participar en foros económicos, colaborar con instituciones y empresas vascas, promover relaciones comerciales internacionales y actuar como puente entre Euskadi y los países donde están asentadas. A su vez, el Gobierno Vasco se compromete a fomentar encuentros empresariales, facilitar la conexión entre empresarios vascos radicados en Euskadi y en el exterior, e incluso promover la participación de la diáspora en actuaciones de carácter financiero. La filosofía es clara: los descendientes de emigrantes dejan de ser únicamente depositarios de una memoria colectiva para convertirse en potenciales aliados económicos.

La ley también responde a una preocupación creciente entre las instituciones vascas: la evolución demográfica. Euskadi registra una de las tasas de natalidad más bajas de Europa, envejece a gran velocidad y afronta dificultades crecientes para cubrir determinados perfiles profesionales. La industria, la tecnología, la salud o la investigación compiten cada vez más por un talento escaso.

En este contexto, el anteproyecto incorpora una estrategia integral de acogida y retorno destinada a facilitar la vuelta de ciudadanos vascos residentes en el exterior y de sus descendientes. El texto incluso prevé programas específicos de intercambio de talento y mecanismos para favorecer la circulación de profesionales entre Euskadi y la diáspora.

La lógica recuerda nuevamente a Israel, donde numerosas políticas públicas han estado orientadas a atraer científicos, emprendedores e investigadores de origen judío dispersos por todo el mundo. Quizá la parte más innovadora del proyecto sea la ampliación del propio concepto de diáspora.

La ley incluye entre la ciudadanía vasca en el exterior a descendientes de emigrantes hasta el cuarto grado de consanguinidad, siempre que mantengan o recuperen la nacionalidad española. Además, reconoce como integrantes de las comunidades vascas a personas sin ascendencia vasca que simplemente manifiesten afinidad con Euskadi y participen activamente en estas organizaciones.

Se trata de una concepción muy amplia que supera las fronteras administrativas tradicionales y que busca construir una auténtica «comunidad vasca global», término que aparece expresamente en la norma. El proyecto no se limita a proclamar principios generales. También crea una estructura institucional específica para gestionar estas relaciones.

Entre otras medidas, contempla: un Registro de Ciudadanía Vasca en el Exterior, un Registro de Comunidades Vascas, un Consejo Asesor de Relaciones con la Diáspora, un Congreso Mundial de la Diáspora cada cinco años, una Oficina Unificada de Acogida para personas retornadas, un Archivo Histórico de la Diáspora y un Centro de Interpretación de las Migraciones.

La intención es convertir la política de diáspora en una actuación permanente y transversal que involucre a departamentos como industria, empleo, educación, cultura, turismo o vivienda. La palabra más reveladora del anteproyecto es probablemente una que apenas existe fuera de este ámbito: «diasporizar».

La ley la define como el conjunto de iniciativas destinadas a que la sociedad vasca y sus instituciones adquieran conciencia del potencial humano, cultural y socioeconómico que atesora la diáspora. En otras palabras, el Gobierno Vasco ya no contempla a los descendientes de emigrantes únicamente como herederos de una identidad cultural compartida. Empieza a verlos como una red global de contactos, conocimiento, talento e influencia que puede contribuir al desarrollo económico del país.

Israel lleva décadas explotando con enorme eficacia ese enfoque. La incógnita ahora es si Euskadi dispone de una diáspora suficientemente conectada, numerosa e implicada para obtener resultados comparables. Porque, más allá de la retórica institucional, el éxito de esta ley dependerá de algo muy simple: que quienes viven a miles de kilómetros sigan sintiendo que una parte de su futuro también pasa por Euskadi.