El Gobierno Vasco evita hacer fijos a 24 trabajadores de Lanbide que llevan hasta 17 años en sus puestos

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado la razón al Gobierno Vasco en su recurso contra una sentencia que había reconocido la condición de personal laboral fijo a 24 orientadores de Lanbide. Los trabajadores llevaban entre 13 y 15 años prestando servicios cuando se dictó la resolución, pero el tribunal considera que haber superado un proceso de selección para un empleo temporal no les da derecho a convertirse en fijos, aunque se haya producido un abuso de la temporalidad.

La sentencia, fechada el 3 de noviembre, revoca una resolución del Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao que, en noviembre de 2024, había estimado parcialmente la demanda de los trabajadores. El juzgado entendió entonces que mantenerlos como indefinidos no fijos después de más de trece años de servicio no constituía una respuesta adecuada al abuso de la contratación temporal.

Los afectados trabajan como orientadores laborales en distintas oficinas de Lanbide, fundamentalmente de Bizkaia, aunque también hay empleados destinados en Vitoria-Gasteiz. La mayoría comenzó a prestar servicios en 2011, coincidiendo con la puesta en marcha del Servicio Vasco de Empleo, pero una de las demandantes había sido contratada en enero de 2009.

Los 24 trabajadores ya habían conseguido que los tribunales reconocieran su condición de indefinidos no fijos en sentencias dictadas entre 2013 y 2015. Es decir, la Administración vasca llevaba más de una década manteniendo una situación laboral que ya había sido objeto de pronunciamientos judiciales.

En 2024, el juzgado de Bilbao dio un paso más al reconocerles la condición de trabajadores laborales fijos. Su argumento era que una prestación continuada durante trece años no podía considerarse una necesidad coyuntural de personal, sino que respondía a una necesidad estructural de Lanbide.

Además, el juzgado tuvo en cuenta que todos los demandantes habían aprobado el proceso excepcional de consolidación de empleo convocado al amparo de la Ley 20/2021, destinada precisamente a reducir la temporalidad en las administraciones públicas.

Sin embargo, el Gobierno Vasco recurrió la resolución alegando que el reconocimiento de la fijeza vulneraba las normas constitucionales de acceso al empleo público, que exigen respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La Sala de lo Social del TSJPV ha aceptado finalmente este argumento, aplicando una doctrina establecida por el Tribunal Supremo el pasado 11 de mayo, a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea conocida como caso Obadal.

Según esta interpretación, los trabajadores que hayan superado una oposición para acceder a un empleo fijo, pero no hayan obtenido plaza por insuficiencia de vacantes, pueden conseguir posteriormente la fijeza si sufren un abuso de la contratación temporal.

La situación es distinta cuando el proceso selectivo que superaron estaba destinado exclusivamente a cubrir puestos temporales. En ese caso, la prolongación abusiva de los contratos no permite convertir automáticamente la relación laboral en fija.

Y esa es precisamente la circunstancia que concurre en Lanbide. Los 24 orientadores accedieron a sus puestos a través de una convocatoria de contratación temporal publicada en marzo de 2011, por lo que el TSJPV considera que no cumplen los requisitos necesarios para obtener la fijeza por esta vía.

La sentencia contiene otro dato significativo. Durante la tramitación del recurso, el Gobierno Vasco alegó que 22 de los 24 demandantes ya habían obtenido una plaza como funcionarios de carrera mediante los procedimientos de estabilización del empleo público. Únicamente dos trabajadores quedaban fuera de esa situación, según la Administración.

El Ejecutivo solicitó por ello que se declarase la pérdida sobrevenida de objeto del procedimiento. Sin embargo, el tribunal rechazó este argumento porque no constaba que los afectados hubieran tomado posesión de las plazas adjudicadas y porque el litigio se refería específicamente a su anterior relación laboral con Lanbide.

De esta manera, la sentencia deja sin efecto el reconocimiento de fijeza laboral obtenido en 2024, aunque no cuestiona las plazas funcionariales que los trabajadores hayan podido conseguir posteriormente mediante los procedimientos de estabilización.

El caso pone de manifiesto las dificultades jurídicas para resolver situaciones de temporalidad prolongada en el sector público. La condición de indefinido no fijo, utilizada para responder a contrataciones temporales irregulares, no equivale a la de trabajador fijo y permite que la relación laboral termine cuando se cubra reglamentariamente la plaza, con las consecuencias legales correspondientes.

El TSJPV considera que el abuso de la temporalidad no basta por sí solo para superar las exigencias constitucionales de acceso al empleo público. En consecuencia, estima íntegramente el recurso del Gobierno Vasco y desestima la pretensión de los 24 trabajadores.

La resolución no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo mediante un recurso de casación para la unificación de doctrina.

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