Y otro error de Jauregi… el coste de poner trabas a la energía solar: 1.700 millones en inversiones en el aire

La decisión de Merlin Properties de suspender dos nuevos centros de datos en Arasur, con una inversión prevista de 1.700 millones de euros y 480 empleos, debería provocar una reflexión en el Gobierno vasco. La incertidumbre sobre los proyectos solares de Solaria ha terminado afectando a una inversión tecnológica de dimensiones extraordinarias. Es una consecuencia económica que se acumula en el accidentado historial del consejero de Industria, Mikel Jauregi.
Hay decisiones administrativas cuyas consecuencias no se aprecian hasta meses después. Cuando el departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco denegó en julio las autorizaciones de 19 proyectos fotovoltaicos de Solaria, el asunto parecía circunscribirse a una disputa entre una empresa energética y la Administración. Ahora sabemos que sus efectos pueden extenderse mucho más allá.
Según ha informado Economía Digital, y ha confirmado posteriormente Crónica Vasca, Merlin Properties ha dejado en suspenso la construcción de Arasur 4 y 5, dos centros de datos que pretendía incorporar a su complejo de Rivabellosa. La razón es la incertidumbre sobre el suministro eléctrico, para el que contaba con proyectos renovables de Solaria.
La compañía había previsto poner en funcionamiento ambas instalaciones entre finales de 2030 y principios de 2031. Los proyectos suponían una inversión estimada de 1.700 millones de euros y la creación de 480 puestos de trabajo. No se trata, por tanto, de una instalación menor ni de una simple declaración de intenciones sin consecuencias económicas.
El consejero delegado de Merlin, Ismael Clemente, ha dejado claro que no desarrollará centros de datos sin garantías suficientes de suministro eléctrico. La empresa estudia alternativas en otras ubicaciones, entre ellas Aragón y Portugal, mientras mantiene sus proyectos ya comprometidos en Arasur.
Conviene subrayar esta diferencia: Merlin no está abandonando Euskadi ni ha cancelado definitivamente toda la inversión anunciada. Pero sí está reconsiderando dónde ejecutar dos nuevas instalaciones. El riesgo no es que desaparezca la inversión, sino que termine realizándose fuera de Euskadi. Y eso debería preocupar especialmente a un Gobierno que insiste en la necesidad de atraer actividades tecnológicas, desarrollar la inteligencia artificial y generar empleo cualificado.
El problema de fondo es que la transición energética no consiste únicamente en establecer objetivos de descarbonización. También exige construir las instalaciones que permiten producir electricidad renovable y disponer de infraestructuras capaces de suministrarla a las empresas.
En este terreno, Euskadi parte con una dificultad evidente: su elevada dependencia energética del exterior y la limitada implantación de nuevas instalaciones de generación renovable. No parece razonable aspirar a atraer grandes consumidores eléctricos mientras se multiplican los obstáculos para desarrollar la capacidad de generación que necesitan.
Es cierto que los 19 proyectos de Solaria fueron denegados por la caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red. También lo es que la compañía ha recurrido decisiones administrativas y cuestiona los tiempos de tramitación. La existencia de esos recursos no demuestra por sí sola que el Gobierno vasco haya actuado incorrectamente. Pero tampoco permite despachar el asunto como si se tratara exclusivamente de un problema de la empresa.
La cuestión que debería aclarar Jauregi es si su departamento tramitó los expedientes con la diligencia necesaria y si los retrasos administrativos pudieron contribuir a que los permisos caducaran. Si la respuesta es afirmativa, estaríamos ante un problema de gestión con consecuencias económicas potencialmente muy importantes.
Por supuesto, los parques solares deben cumplir las exigencias ambientales y urbanísticas. Nadie debería pretender que una inversión multimillonaria justifique saltarse la normativa. Pero existe una diferencia entre aplicar criterios rigurosos y mantener procedimientos administrativos cuya duración puede acabar haciendo inviables proyectos empresariales.
También conviene preguntarse si la política energética vasca está suficientemente coordinada con su política industrial. Una Administración no puede limitarse a celebrar las inversiones tecnológicas cuando se anuncian y desentenderse de las condiciones materiales que necesitan para ejecutarse.
El caso de Merlin resulta especialmente significativo porque afecta a un sector en el que la disponibilidad de electricidad se ha convertido en un factor decisivo de localización. Los centros de datos necesitan grandes cantidades de energía, conexiones a las redes de telecomunicaciones y seguridad de suministro a largo plazo. Las empresas comparan territorios y pueden desplazar sus inversiones cuando encuentran mejores condiciones.
En Arasur, Merlin ya dispone de una primera instalación operativa, prepara la apertura de la segunda y mantiene el desarrollo de una tercera. Es decir, existe una actividad real y una trayectoria inversora que podrían haber facilitado nuevas ampliaciones. Precisamente por eso resulta preocupante que las dos siguientes hayan quedado en suspenso.
Tampoco debe olvidarse que los centros de datos presentan sus propios interrogantes: consumen mucha electricidad, requieren inversiones elevadas y no siempre generan tantos puestos de trabajo como otras actividades industriales. Es legítimo discutir su conveniencia, sus costes ambientales y el uso de recursos públicos para atraerlos. Pero ese debate debe realizarse abiertamente y con criterios económicos, no resolverse indirectamente mediante la incertidumbre sobre el suministro energético.
Los 1.700 millones de euros no son una pérdida contabilizada ni los 480 empleos son puestos de trabajo ya destruidos. Son inversiones y contrataciones previstas cuya ejecución en Euskadi ha quedado comprometida. Esa precisión no resta importancia a lo sucedido.
La responsabilidad política de Jauregi no consiste en garantizar que todas las iniciativas privadas salgan adelante, sino en asegurar que la Administración no se convierta innecesariamente en un obstáculo para las que cumplen las reglas. Si los proyectos de Solaria no reunían las condiciones legales, el Gobierno debe explicarlo con claridad. Si la tramitación fue demasiado lenta, debe reconocerlo y corregirlo. Y si existen alternativas viables para suministrar electricidad a Merlin, debería trabajar para que puedan materializarse.
La noticia de Arasur es una advertencia sobre algo que a menudo se olvida: las decisiones energéticas también son decisiones industriales. Y sus consecuencias pueden medirse, como en este caso, en miles de millones de euros de inversión potencial. Jauregi tiene ahora la oportunidad de explicar qué ocurrió con Solaria y qué puede hacer su departamento para evitar que Merlin termine desarrollando fuera de Euskadi unos centros de datos que inicialmente había previsto construir en Álava.
