¿BEC o Ikea? Las contradicciones de la colaboración público-privada de las instituciones vascas

A los políticos vascos se les llena la boca hablando de colaboración público-privada. Es uno de esos conceptos que quedan bien en cualquier discurso institucional: modernidad, eficiencia, competitividad, atracción de inversiones, alianza con las empresas… Pero luego, cuando aparece una inversión privada real, con suelo, dinero, empleo y riesgo empresarial encima de la mesa, las instituciones hacen lo que les da la gana. El caso de Ikea en Barakaldo es probablemente uno de los mejores ejemplos.

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Esta gran superficie primero iba a instalarse en Ansio, en los 400.000 metros cuadrados de la antigua Altos Hornos de Vizcaya que habían pasado a manos de la Diputación Foral de Bizkaia tras el concurso de acreedores de esta compañía. La multinacional sueca se asoció con las firmas inmobiliarias Mills Corporation y Lease para impulsar allí un macrocomplejo comercial que prometía una inversión de 80.000 millones de pesetas —cerca de 480 millones de euros— y hasta 4.500 empleos.

No era una tienda de muebles. Era un proyecto de transformación urbana. Incluía un gran centro comercial, una estación intermodal y ocho rascacielos. Barakaldo podía haberse convertido entonces en el gran referente comercial del norte de España. Pero la Diputación Foral de Bizkaia tomó otra decisión: construir en esos terrenos el Bilbao Exhibition Centre, el BEC.

Es decir, la iniciativa pública ocupó el mismo espacio en el que se había planteado una gran iniciativa privada. La colaboración público-privada quedaba así reducida a un eslogan. Cuando el proyecto privado no encajó con la voluntad política, se apartó, probablemente influido por las asociaciones de comerciantes, que siempre han rechazado a las grandes superficies, y por el otrora todopoderoso Eroski.

Ikea se enfadó. Amenazó con marcharse a Álava o Cantabria. Finalmente, por insistencia del Ayuntamiento de Barakaldo, la compañía encontró otra ubicación en el propio municipio. Pero el episodio dejó una enseñanza incómoda: las instituciones vascas hablan mucho de atraer inversión, pero se reservan siempre la última palabra, incluso cuando eso supone sustituir dinero privado por dinero público.

Y el balance del BEC no ayuda precisamente a defender aquella decisión. Según la información remitida al Parlamento Vasco, el Gobierno Vasco ha destinado ya 348 millones de euros a mantener a flote el BEC desde 2001. Las aportaciones de la Diputación de Bizkaia son similares. En conjunto, hablamos de casi 700 millones de euros públicos para sostener una infraestructura que nunca ha demostrado ser el gran motor económico que se prometió y que sigue perdiendo dinero cada día que está abierta.

Lo más llamativo es que el caso de Barakaldo no fue una excepción. Ikea tuvo problemas parecidos en Gipuzkoa. La multinacional quiso abrir una tienda en el territorio, pero chocó con la indecisión administrativa, la falta de suelo adecuado y los debates urbanísticos interminables. Ante ese bloqueo, terminó haciendo lo más sencillo: cruzar la frontera e instalarse en Baiona.

El resultado fue que Francia se quedó con la inversión, los empleos y la actividad comercial que Gipuzkoa no fue capaz de atraer. Otra vez, mucho discurso sobre colaboración público-privada y muy poca capacidad real para facilitar una inversión concreta. La pregunta, por tanto, no es solo si Bizkaia acertó eligiendo el BEC frente a Ikea. La pregunta es más amplia: ¿qué entienden exactamente las instituciones vascas por colaboración público-privada?

Porque colaborar no consiste en convocar foros, pronunciar discursos y llenar planes estratégicos de palabras bonitas. Colaborar significa también aceptar que una empresa privada puede tener una propuesta mejor que la administración. Significa no bloquear durante años decisiones de inversión. Significa no competir con dinero público contra proyectos privados viables. Y significa entender que el empleo y la inversión no esperan eternamente a que la política se ponga de acuerdo consigo misma.

Barakaldo acabó teniendo Ikea y BEC. Pero el primero llegó a pesar de las instituciones y el segundo gracias a una lluvia interminable de dinero público. Quizá ahí está la verdadera contradicción del modelo vasco: se presume de colaboración público-privada, pero demasiadas veces la administración no quiere colaborar. Quiere mandar.