Ikusnet, una de las primeras empresas del Estado que se dedicó íntegramente al software libre, ha entrado en suspensión de pagos. El pasado mes de julio, el Boletín Oficial del Estado publicó el concurso de acreedores de esta compañía y de otras dos que estaban participadas por la matriz, Free System y Sharika Digital, todas ellas sociedades limitadas laborales.

La mala situación de Ikusnet se llevaba rumoreando desde hace más de un año y su nombre aparecía periódicamente en relación con embargos de la seguridad social y de ex trabajadores por impagos de cuotas y salarios. Su presidente, Daniel Armendariz, ex presidente de la patronal de empresas de software libre, ejerce desde hace un par de años como gerente de otra compañía similar, Infloss World, especializada en dar servicio a instituciones públicas y que en 2010 se adjudicó la gestión de la Oficina de Software Libre del Gobierno Vasco durante seis meses.

Sea como fuere, Ikusnet no es la primera vez que lo pasaba mal. Al poco tiempo de su nacimiento como portal de Internet, en plena eclosión de las puntocom, Armendariz estuvo a punto de cerrar la compañía y finalmente decidió virar el negocio completamente hacia los programas de código abierto. La empresa asegura haber tenido beneficios desde 2002 hasta 2008.

Mientras las cosas iban bien, Ikusnet montó nueve sociedades laborales con informáticos en diversos puntos de España, que pasaban a ser accionistas de las mismas. Ahí radica, según Armendariz, una parte del problema financiero que ha llevado a la compañía a suspender pagos. “Muchas empresas satélites no conseguían dar beneficios y acabaron por arrastrar a la matriz”, asegura.

Daniel Armendariz

Por otra parte, la expansión se basó fundamentalmente en subvenciones y préstamos blandos del Ministerio de Industria que, como consecuencia de lo anterior, no se pudieron devolver a partir de 2009. Según Armendariz, el barco se hundió definitivamente a raíz de los desacuerdos entre los propios socios, ya que muchos de ellos decidieron abandonar en ese momento e incluso plantearon demandas contra la empresa por los salarios incobrados.

“Teníamos un documento firmado por todos que las pérdidas y beneficios se repartían a partes iguales, pero no tuvo validez legal en los juicios. Asimismo teníamos actas de las reuniones en las que se comprometían a no solicitar el salario a la empresa ni indemnización alguna, ya que debíamos ser solidarios con las sociedades. Al final papel mojado y palabras mojadas”, asegura.

“Fue curioso cómo el modelo común en el momento que llegaron los problemas económicos fue un salvese quien pueda y sobre todo en personas que presumían de un alto valor ético y moral en el modelo comunitario”, asegura Armendariz, antes de confirmar que la decisión final de cerrar se tomó a finales de 2009.

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