El Gobierno central ha decidido, pese a las presiones de los lobbys automovilísticos, no renovar el Plan Prever, que subvencionaba la compra de coches nuevos para renovar uno viejo. Esta ayuda costaba mucho dinero y no tenía ya ninguna justificación social ni ecológica. Tan sólo se sostenía en base al apoyo de un sector industrial muy poderoso.
El mantenimiento de este plan no sólo tenía un coste importante sino que suponía en sí una tremenda contradicción: el Gobierno estaba apoyando indirectamente a un sector que perjudica seriamente a la sociedad vía emisiones los tubos de escape.
En realidad, más que subvencionar, lo que se debe hacer es penalizar en mayor medida la compra de coches, tal y como se hace con el tabaco. Además, el ahorro que va a suponer suprimir este plan se podrá aprovechar para otros incentivos mucho más sociales. Por ejemplo, el cheque bebé o las ayudas previstas para la emancipación de los más jóvenes.
16/04/2009
El Plan Prever sí que tiene justificación tanto social como ecológica:
Justificación social porque un coche nuevo es mucho más seguro que uno viejo: airbags, ABS, reposacabezas, tercera luz de freno, etc. Un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia (http://www.autoglobal.com/noticias/9000/9069.html) calcula en una reducción de más del 20% de muertos y heridos graves la sustitución de los coches viejos por otros más seguros.
Justificación ecológica porque un coche de los años 70 contamina tanto con 100 nuevos, tanto en CO2 como en partículas. Son coches sin catalizador ni ninguna medidas anticontaminante. El estudio anterior dice que si el parque de automóviles circulante en España tuviera una media de 7 años de antigüedad la contaminación ambiental por el automóvil se reduciría en un 70%, mientras que la emisión de CO2 bajaría un 20%.
Esto por no hablar de las justificaciones económicas de puestos de trabajo (la industria automovilística es una de las mayores de España), de balanza energética (consumo de combustible) o ahorro anual por accidentes (hasta 1.600 millones de euros en coste por fallecidos y unos 600 millones de euros en compensaciones por heridos). Vease http://www.anfac.es/precen2.htm#208
Incluso el balance fiscal (ese dinero que “se podrá aprovechar para otros incentivos mucho más sociales”) sería positivo para el Estado, ya que las ayudas se verían compensadas de sobra con los ingresos adicionales por IVA e Impuesto de Matriculación.