En los últimos días están apareciendo noticias sobre (presuntos) enchufes gubernamentales por doquier. Me refiero al caso de Ezker Batua, a otro más en Metro Bilbao, a la sospecha de que ocurre lo mismo en BBK y al enésimo informe filtrado a la prensa en relación con la trama montada por cargos del PNV en Alava en torno a las empresas Kataia y Errexal.

El relato que hacía ayer Karim Asry en El País de cómo contrataban la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco y algunas mancomunidades es escalofriante:

“El informe policial destaca cómo la empresa arrancó en 2005 su actividad, a pesar de no tener experiencia alguna. El 23 de septiembre de 2005, el entonces director de Juventud convoca a las cuadrillas alavesas para explicarles el nuevo Plan Joven -Sánchez Robles no acudió al encuentro y terminó enviando a una subordinada suya-. Cinco días después, el Gobierno vasco autoriza la concesión de ayudas extraordinarias para el citado Plan. Pasan dos días y Errexal envía su presupuesto a la Cuadrilla de Añana, que se lo adjudica en apenas unas horas. Con el resto de las Cuadrillas, resalta el informe, ocurre lo mismo y apenas transcurren unos días, como mucho, entre la presentación del presupuesto y la adjudicación”.

Es más que posible que todo fuera legal, claro está, porque se trata de contratos que no sobrepasan una determinada cuantía. Pero demuestra que muchos cargos públicos han estado y están utilizando su puesto para favorecer a determinadas empresas, lo que perjudica a la propia institución y a las compañías del sector que no tienen a su disposición estos enchufes.

Una sociedad pública en la que están sucediendo cosas raras es Metro Bilbao. Ya hablamos hace tiempo de la extraña contratación de una firma de recursos humanos catalana para un proceso de selección. Y acaba de suceder algo parecido con un estudio de “gestión del cambio” encargado a una psicóloga de Barcelona, Miriam Escobar de la Iglesia, por la friolera de 118.297 euros más gastos de desplazamientos (17.752 euros). El trabajo ha durado 10 meses, con lo que ha salido a más de 13.000 euros por mes.

Podría ser una buena inversión si la consultora fuera la mejor del mundo. Pero no tiene muy buena pinta. Por una parte, porque según su curriculum de Linkedin, estaba en paro desde abril de 2009. Por otra, porque Deia recoge el testimonio del presidente del comité de empresa de Metro Bilbao, que asegura no saber todavía en qué consiste esa gestión del cambio. Y finalmente, porque la fórmula utilizada para la selección del profesional es sumamente opaca.

El tercer caso a comentar es el de BBK. Y es que la fundación de la entidad financiera vizcaína era uno de los destinos en los que Ezker Batua pretendía que se colocara a uno de sus 46 afiliados a cambio de votar a favor del candidato del PNV para gobernar la Diputación de Alava. Fuera cierto o no, clama al cielo que la BBK enchufe a políticos y no a los mejores profesionales para cada puesto. Por cierto, la caja no ha dicho ni mu sobre el tema.

Es la enésima vez que se confirma que muchos utilizan la política no para beneficiar a la sociedad sino para colocarse a sí mismos o a sus familiares y amigos. Es cierto que las sociedades mediterráneas son tremendamente tolerantes con estos enchufes, pero debemos darnos cuenta de que esto es incorrecto. No solo por la injusticia que supone sino, sobre todo, porque genera ineficiencias económicas que a larga redundan en contra de todos.

En una sociedad en la que muchos se colocan gracias a sus conocidos, el esfuerzo personal pierde todo el sentido del mundo. Se prima lo próximo sobre lo profesional y se reduce la calidad de los servicios, al margen de que se alienta a que todo el mundo actúe en su propio beneficio en lugar del común. El enchufismo conduce a la ruina de un país. Sin ir más lejos, es lo que está sucediendo en Grecia. Por eso hay que destapar todos estos casos y vilipendiar públicamente a los que actúan de esta forma.

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