Verdalia tendrá que sacar en camiones el biometano de Karrantza hasta que esté preparada su conexión a la red de gas

La planta de biometano que Verdalia proyecta construir en Karrantza tendrá que transportar inicialmente su producción por carretera porque la conexión directa con la red de distribución de gas natural todavía no está operativa. Así lo reconoce el Gobierno Vasco en una respuesta parlamentaria del consejero de Industria, Mikel Jauregi, que introduce una novedad respecto a la información facilitada hasta ahora por la empresa: el biometano tendrá que comprimirse a 250 bares, almacenarse temporalmente y trasladarse en camiones especiales hasta un punto de inyección exterior a las instalaciones.

La respuesta, fechada el 21 de octubre, contesta a una batería de preguntas formuladas por el parlamentario de EH Bildu Ander Goikoetxea sobre el impacto de la instalación en el tráfico y el entorno del valle. El Gobierno Vasco explica que se han autorizado dos modificaciones no sustanciales de la actividad que contemplan la inyección del biometano en la red gasista, pero que, hasta que sea posible realizar la conexión directa, será necesario recurrir al transporte por carretera mediante vehículos denominados tube trailers, equipados con depósitos de gas a alta presión.

Lo llamativo es que la empresa había anunciado en agosto que el biometano se inyectaría en la red de gasoductos existente, sin almacenamiento en la planta, según recogió Deia. La respuesta parlamentaria confirma ahora que, al menos durante una fase transitoria, sí habrá almacenamiento de gas comprimido y transporte por carretera. Ambas versiones podrían referirse a distintas fases de funcionamiento, pero el Gobierno Vasco no explica cuándo estará disponible la conexión definitiva.

La documentación tampoco aclara por qué no está preparada esa conexión. No precisa si el problema radica en la capacidad de la infraestructura gasista existente, en la necesidad de construir una conducción adicional o en la instalación de los equipos de medición, regulación e inyección. Tampoco identifica al operador responsable de las obras, su coste o el plazo previsto para completarlas.

Esta circunstancia tiene consecuencias económicas y ambientales. La solución provisional obliga a comprimir el biometano, almacenarlo, cargarlo en vehículos especiales y transportarlo hasta otro emplazamiento, lo que introduce costes energéticos y logísticos adicionales. La importancia de estos costes dependerá de la distancia hasta el punto de inyección y de la duración de la fase transitoria, dos datos que no aparecen en la respuesta del Ejecutivo.

La instalación, promovida por Verdalia Bioenergy, cuenta con autorización ambiental integrada y declaración de impacto ambiental desde 2025. Está proyectada en el barrio de Las Torcachas, junto a la carretera BI-630, con una inversión que se ha cifrado en unos 8,5 millones de euros. La compañía ha anunciado una capacidad de producción de 75 GWh anuales de biometano y la creación de diez empleos permanentes. La autorización ambiental contempla el tratamiento de residuos ganaderos y agroalimentarios.

El transporte es precisamente uno de los principales motivos de controversia alrededor del proyecto. El Gobierno Vasco señala que el estudio acústico utiliza un escenario de 30 camiones diarios, incluyendo entradas de residuos, salidas de productos y vehículos de los trabajadores. Sin embargo, no desglosa cuántos de esos desplazamientos corresponderán al gas comprimido ni cuantifica el incremento específico del tráfico durante la fase de transporte provisional.

La respuesta también aporta cifras sobre los residuos que recibiría la instalación: 89.000 toneladas anuales de estiércol y purines vacunos, además de 8.000 toneladas de residuos de la industria láctea como parte de la mezcla principal. La compañía, por su parte, ha comunicado una capacidad de tratamiento de 130.000 toneladas anuales de recursos agroganaderos. Las cantidades no son necesariamente contradictorias, puesto que unas describen componentes de la mezcla y la otra la capacidad global, pero tampoco permiten conocer por sí solas la procedencia de todos los materiales.

El Gobierno Vasco reconoce que la autorización ambiental no recoge qué proporción de los residuos procederá del propio valle de Karrantza y qué parte llegará de otras comarcas o provincias. Tampoco facilita la distancia media que recorrerán los camiones. Respecto al digestato, el material resultante del proceso de fermentación, señala que deberá existir un plan de gestión que identifique las parcelas agrícolas receptoras, pero no concreta su superficie ni ubicación en esta respuesta.

El proyecto ha generado oposición vecinal y también críticas del PNV de Karrantza, que cuestiona el impacto del transporte pesado. En septiembre, la formación aseguró que la instalación podría requerir 13.404 transportes anuales. Esta estimación no es directamente comparable con los 30 camiones diarios del estudio acústico sin aclarar si ambas cifras contabilizan vehículos, viajes o movimientos de entrada y salida.

La cuestión de la conexión gasista añade ahora una incógnita a la planificación de la planta. El Gobierno Vasco considera provisional el transporte del biometano por carretera, pero no establece una fecha para su finalización. Hasta que se aclare cuánto tiempo será necesario utilizar este procedimiento y dónde se encuentra el punto exterior de inyección, tampoco será posible cuantificar su coste ni el tráfico adicional que generará.