El TSJPV avala el despido del secretario general de Cáritas de Vitoria tras una factura de móvil de casi 22.000 euros
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha declarado procedente el despido disciplinario del secretario general de Cáritas Diocesana de Vitoria tras una factura de Euskaltel de 21.825,41 euros por el uso del teléfono corporativo durante un viaje a Perú. El directivo llevaba más de 19 años en la entidad. La Sala de lo Social también tuvo en cuenta el retraso en comunicar el gasto y el intento de cargarlo a otra partida presupuestaria.
La factura se generó en febrero de 2025, durante un viaje para el que el secretario general había recibido una invitación de Cáritas Lima. La organización peruana le había convocado, en calidad de secretario general, a un encuentro de intercambio de prácticas de gestión. La dirección de Cáritas de Vitoria tuvo conocimiento del gasto a finales de junio. El 10 de octubre abrió un expediente disciplinario y cuatro días después lo despidió tras recibir sus alegaciones.
En la carta de despido, Cáritas cifró el recibo en 21.831,41 euros, seis euros más que el importe recogido en los hechos probados. La entidad alegó que el uso del teléfono había causado un perjuicio económico y quebrado la confianza que había depositado en el directivo. Los jueces consideraron que el importe, la demora en dar cuenta del gasto y el intento de imputarlo a otra partida constituían en conjunto un incumplimiento grave del deber de diligencia y de la buena fe contractual.
El exsecretario general sostuvo que el despido debía declararse nulo o, subsidiariamente, improcedente. Alegó que había sufrido hostigamiento y reclamó 18.000 euros por daños morales. La Sala consideró que el hostigamiento y la represalia alegados carecían de respaldo en los hechos probados.
La discusión sobre los poderes del secretario general fue decisiva. El trabajador defendía que su relación laboral era ordinaria. El tribunal confirmó que ejercía funciones de alta dirección. Cobraba 67.926,32 euros brutos al año, podía disponer de fondos por importes inferiores a 10.000 euros con su sola firma, elegía y contrataba proveedores y representaba a Cáritas en la negociación colectiva. Para importes superiores, los poderes preveían la firma conjunta con la directora y la intervención de los órganos correspondientes según la cuantía.
Al calificar la relación como de alta dirección, la Sala aplicó el plazo de prescripción de doce meses que fija el artículo 13 del Real Decreto 1382/1985 y rechazó que la falta hubiera prescrito cuando Cáritas comunicó el despido en octubre. La sentencia del 10 de noviembre de 2026 confirma el fallo del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz, que ya había avalado el cese en mayo.
La resolución indica que cabe recurso de casación para la unificación de doctrina. Se da la circunstancia de que en junio de 2025, coincidiendo con el descubrimiento de la factura, Ramón Ibeas dejó la secretaría general de Cáritas Vitoria después de 20 años en el puesto.
