I+Med denuncia que la burocracia, la falta de vivienda y el retraso del TAV frenan su crecimiento en Vitoria

La cooperativa farmacéutica alavesa I+Med ha puesto sobre la mesa tres problemas que dificultan su crecimiento y que dependen, en buena medida, de las administraciones públicas: la lentitud urbanística, la escasez de vivienda y las deficientes comunicaciones ferroviarias. Su consejero delegado, Manu Muñoz, ha explicado en una entrevista con El Correo que la empresa lleva 14 meses esperando para avanzar en la tramitación de su nueva fábrica, ha tenido que cancelar programas de captación de investigadores por falta de alojamiento y mantiene una oficina en Madrid para atender a clientes que no pueden desplazarse fácilmente a Vitoria.

Las declaraciones resultan especialmente significativas porque I+Med es una de las empresas elegidas por el Gobierno Vasco para encabezar sus proyectos transformadores en el ámbito de la biomedicina. La cooperativa, que cuenta con 211 socios trabajadores y está presente en 62 países, proyecta construir en el parque tecnológico de Miñano una nueva planta de 15.000 metros cuadrados, denominada ‘Bosque de la Ciencia’, con una inversión anunciada de 100 millones de euros y la previsión de crear 500 empleos.

Sin embargo, el proyecto todavía no ha superado su tramitación urbanística. Muñoz asegura que la empresa comenzó las gestiones con el Ayuntamiento de Vitoria en verano de 2025 y que, en octubre de 2026, sigue esperando. Preguntado por si considera razonables estos plazos, su respuesta es significativa: «Creo que no estamos en la Champions».

El directivo no cuestiona el respaldo político recibido. De hecho, asegura que todas las instituciones han acogido favorablemente el proyecto y confía en que se quede en Vitoria. Pero advierte de que los plazos administrativos también forman parte de la competencia entre territorios para atraer inversiones.

La situación ha obligado a I+Med a tomar medidas para no perder terreno frente a sus competidores. Mientras espera a que avance el proyecto urbanístico, la cooperativa prevé invertir tres millones de euros entre 2026 y 2027 en nuevos equipamientos. «Lo que no queremos es que un tema burocrático o urbanístico nos descuelgue de la competencia», explica Muñoz.

La segunda dificultad es la vivienda, que ha dejado de ser exclusivamente un problema social para convertirse también en una limitación empresarial. El CEO de I+Med asegura que la compañía no encuentra grandes dificultades para contratar determinados perfiles científicos y técnicos gracias a la oferta formativa existente en Euskadi. Sin embargo, ha tenido que cancelar programas de atracción de investigadores experimentados porque no consigue alojarlos en Vitoria.

El problema, según explica, no se limita a los salarios de los jóvenes. También afecta a profesionales sénior con capacidad económica suficiente para acceder a una vivienda, pero que encuentran dificultades por la falta de oferta.

Muñoz plantea una colaboración entre administraciones, empresas y entidades como la Fundación Vital para facilitar alojamiento a los trabajadores. Reconoce que dentro de I+Med se han estudiado posibilidades como adquirir caseríos próximos a Miñano para rehabilitarlos, aunque cuestiona que una empresa farmacéutica deba desviar recursos y atención hacia la promoción inmobiliaria. Su prioridad, en cualquier caso, es facilitar el acceso a la vivienda a los actuales socios de la cooperativa, antes incluso que captar profesionales del exterior.

La tercera dificultad está relacionada con las comunicaciones. El retraso de la alta velocidad ferroviaria tiene consecuencias concretas para I+Med, hasta el punto de que parte de la actividad de su delegación de Madrid responde a la necesidad de atender allí a clientes que encuentran complicado viajar a Vitoria.

Muñoz explica que algunos visitantes internacionales llegan a Madrid y no disponen de conexiones suficientemente cómodas para desplazarse hasta las instalaciones alavesas. Cuando se trata de reuniones clínicas o comerciales que no requieren visitar la fábrica, la empresa opta por atenderles en la capital española.

De esta forma, la ausencia del TAV no solo supone un inconveniente para los viajeros, sino que obliga a una empresa exportadora a organizar parte de su actividad comercial fuera de Euskadi. Es un ejemplo concreto de cómo las infraestructuras de transporte condicionan las relaciones empresariales y la proximidad a los mercados.

El directivo tampoco considera prioritario multiplicar las conexiones aéreas de Foronda. Ante la ampliación prevista del aeropuerto de Bilbao, propone mejorar las comunicaciones por carretera con Loiu y disponer de un aeropuerto potente que preste servicio al conjunto del territorio.

Las reflexiones de Muñoz plantean una cuestión de fondo sobre el papel de las administraciones en la política industrial. Mientras el Gobierno vasco promueve programas para impulsar la investigación y el crecimiento de las empresas, algunas de las dificultades que estas encuentran tienen que ver con competencias públicas mucho más tradicionales: agilizar los procedimientos administrativos, facilitar el acceso a la vivienda y mejorar las infraestructuras de transporte.

La paradoja resulta especialmente visible en I+Med. El Ejecutivo autonómico presentó en marzo un proyecto transformador de hidrogeles inteligentes liderado por la cooperativa, con una inversión inicial anunciada de 72 millones de euros en tres años y una previsión de 232 empleos directos y 370 indirectos. Se trata de una iniciativa de investigación e industrialización que no debe confundirse con los 100 millones previstos para el Bosque de la Ciencia.

La empresa cuenta, por tanto, con el respaldo institucional para desarrollar nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo asegura que lleva más de un año esperando para avanzar en su ampliación industrial, que no puede ejecutar determinados programas de contratación por la falta de vivienda y que necesita atender en Madrid a clientes que tienen dificultades para llegar a Vitoria.

Más allá de la situación particular de I+Med, sus declaraciones apuntan a una idea: la competitividad industrial no depende únicamente de las subvenciones a la innovación, sino también de que las administraciones resuelvan con eficacia cuestiones básicas que condicionan la actividad diaria de las empresas. Es precisamente en esos ámbitos donde Muñoz identifica algunos de los principales obstáculos para seguir creciendo en Álava.