Getxo externaliza sus multas: el síntoma de un problema mucho más profundo

Hay decisiones administrativas que, más allá de su impacto inmediato, retratan con crudeza el estado real de una institución. La reciente contratación de una multinacional para gestionar el cobro de sanciones en Getxo es una de ellas. No es solo una cuestión técnica ni una simple externalización de servicios: es la evidencia de que algo estructural está fallando.

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El dato es, directamente, escandaloso: 60.000 sanciones prescritas por no haberse reclamado en plazo, lo que se traduce en 8 millones de euros perdidos. Ocho millones. En cualquier organización mínimamente eficiente, una cifra así provocaría dimisiones en cadena y una revisión exhaustiva de los procesos internos. En la administración, sin embargo, la reacción parece ser otra: contratar a alguien de fuera para que haga lo que dentro no se ha hecho.

Y aquí surge la primera gran contradicción. El Ayuntamiento de Getxo cuenta con casi 750 empleados. ¿De verdad es necesario recurrir a una empresa externa para cobrar multas? ¿No hay capacidad, recursos ni talento dentro de la propia estructura municipal para llevar a cabo esta tarea básica? Si la respuesta es no, entonces el problema es gravísimo. Y si la respuesta es sí, pero aun así no se hace, el problema es aún peor.

La empresa elegida, Servicios de Colaboración Integral (SCI), no trabaja gratis, por supuesto. Se llevará un 12,5% de cada sanción que consiga recuperar. Es decir, un negocio redondo basado, precisamente, en las ineficiencias de la administración. Un modelo que se repite: compañías privadas que prosperan haciendo aquello que el sector público no sabe —o no quiere— hacer bien.

SCI, que facturó más de 15 millones de euros en 2023, no es una recién llegada. Fundada en Valencia en 1968, hoy forma parte del grupo EYSA, una compañía que ha pasado por diversas manos hasta acabar bajo el control de la gestora de fondos Tikehau Capital, con sede en Luxemburgo, una especie de paraíso fiscal para las entidades de capital riesgo. Un entramado empresarial internacional que ahora participará directamente en la recaudación de multas en un municipio vizcaíno. Globalización aplicada a la ineficiencia local.

Pero el debate de fondo no es la empresa. Es el sistema. ¿Cómo es posible que se dejen prescribir decenas de miles de sanciones? ¿Estamos ante un fallo puntual, un problema de organización, una sobrecarga administrativa… o algo más profundo? La pregunta incómoda es inevitable: ¿existe un problema estructural de motivación en la función pública?

Durante años, se ha defendido —con razón en muchos casos— la necesidad de proteger al funcionario frente a injerencias políticas y arbitrariedades. Pero esa protección, llevada al extremo, puede derivar en un sistema donde la exigencia real desaparece. Donde el incentivo para hacer bien el trabajo se diluye. Donde el coste de no hacerlo, sencillamente, no existe.

Y cuando eso ocurre, pasan cosas como esta. No se trata de demonizar al conjunto de los empleados públicos, muchos de los cuales sostienen el funcionamiento diario de las administraciones con profesionalidad. Pero sí de reconocer que el sistema, tal y como está diseñado, no penaliza suficientemente la ineficiencia ni premia el rendimiento. Y eso, a largo plazo, genera organizaciones pesadas, lentas y, en casos como este, profundamente ineficaces.

Externalizar puede ser una solución a corto plazo. Incluso puede mejorar los números en el próximo ejercicio. Pero es, en esencia, un parche. Porque el problema real sigue ahí: una administración incapaz de cumplir con funciones básicas pese a contar con recursos humanos más que suficientes.

Lo ocurrido en Getxo debería servir como señal de alarma. No solo por el dinero perdido, sino por lo que revela sobre el funcionamiento interno de nuestras instituciones. Si no somos capaces de corregir estas dinámicas, la consecuencia será clara: más externalización, más coste y, lo que es peor, una creciente desconfianza ciudadana en lo público.

La pregunta no es si hay que contratar a empresas como SCI. La pregunta es por qué hemos llegado al punto en el que eso parece inevitable. Y, sobre todo, qué vamos a hacer para que deje de serlo.