¿Fue un error paralizar Lemóniz?

Hay preguntas que conviene volver a hacerse con el paso del tiempo. No para reescribir la historia, sino para entender mejor el presente. Coincidiendo con el 125 aniversario de Iberdrola, una de ellas vuelve inevitablemente a la actualidad: ¿fue un error paralizar la central nuclear de Lemóniz?

Durante décadas, la respuesta dominante ha sido sencilla. Lemóniz simbolizaba un modelo energético rechazado por buena parte de la sociedad vasca y su cancelación se interpretó como una victoria del movimiento antinuclear. Sin embargo, casi medio siglo después resulta difícil ignorar otra realidad: la paralización de la central tuvo unas consecuencias económicas, políticas e industriales enormes, muchas de las cuales todavía siguen presentes.

La primera consecuencia fue la más evidente. ETA consiguió su objetivo. No fue una decisión empresarial ni un cambio tecnológico lo que detuvo la central. Fue una campaña de terrorismo sostenida durante años. Más de 200 atentados, cinco asesinatos directos —entre ellos José María Ryan y Ángel Pascual, máximos responsables del proyecto—, bombas contra las instalaciones, amenazas constantes y un clima de violencia que terminó haciendo inviable la continuidad de las obras.

El mensaje que dejó aquel desenlace era peligrosísimo. Por primera vez, una gran organización terrorista comprobaba que mediante asesinatos podía modificar una decisión estratégica del Estado y de una gran empresa. Resulta imposible saber cuánto influyó aquello en la evolución posterior de ETA, pero sí puede afirmarse que, junto con el desvío de la autovía del Leizaran, constituyó uno de los mayores éxitos políticos de la organización. Si el terrorismo obtiene el resultado que perseguía, inevitablemente interpreta que la estrategia funciona.

La segunda consecuencia fue económica. Cuando el proyecto quedó definitivamente enterrado, uno de los reactores estaba terminado aproximadamente en un 90% y el segundo rondaba el 70%. Iberduero había invertido el equivalente a unos 1.200 millones de euros actuales, financiados en gran parte mediante deuda. Aquella inversión nunca produjo un solo kilovatio.

El impacto sobre la compañía fue enorme. Durante años tuvo que soportar una pesada carga financiera derivada de unas instalaciones que jamás entrarían en funcionamiento. Finalmente, el coste de la moratoria nuclear terminó repercutiéndose parcialmente en la factura eléctrica de todos los consumidores españoles. Pocas inversiones industriales han supuesto semejante destrucción de capital.

Pero probablemente la consecuencia más difícil de medir sea la tercera: la energética. Durante décadas Euskadi ha sido una de las comunidades con menor capacidad de generación eléctrica propia de España. Consume mucha más electricidad de la que produce y depende en gran medida del exterior para abastecerse.

Es imposible afirmar cómo habría evolucionado el sistema eléctrico si Lemóniz hubiera entrado en funcionamiento. Lo que sí parece razonable es pensar que el panorama energético vasco habría sido radicalmente distinto. Dos reactores nucleares habrían aportado una enorme capacidad de generación estable durante décadas, reduciendo la dependencia exterior y proporcionando electricidad abundante para una industria especialmente intensiva en consumo energético.

Mientras otros territorios aprovecharon esa capacidad para consolidar su desarrollo industrial, Euskadi perdió una infraestructura que ya estaba prácticamente terminada. Hoy el debate energético gira alrededor de la electrificación, los centros de datos, la inteligencia artificial o la reindustrialización europea. Paradójicamente, todos esos retos requieren precisamente aquello que Lemóniz iba a proporcionar: grandes cantidades de electricidad disponible las 24 horas del día.

Eso no significa que la central hubiera resuelto todos los problemas energéticos actuales. Tampoco que la energía nuclear carezca de inconvenientes. La gestión de los residuos, el riesgo asociado a este tipo de instalaciones o el enorme coste de construcción siguen siendo cuestiones perfectamente legítimas para el debate.

Pero la discusión de fondo ya no es únicamente si la energía nuclear era o no conveniente. La pregunta es otra. ¿Podía Euskadi permitirse perder una infraestructura de semejante magnitud cuando ya estaba prácticamente terminada? También conviene recordar el contexto. La oposición social a Lemóniz existía y fue intensa. Hubo manifestaciones multitudinarias y un auténtico movimiento antinuclear.

Sin embargo, esa movilización democrática terminó completamente contaminada por la violencia de ETA, que convirtió una controversia política en una campaña de asesinatos. Ese matiz resulta esencial. No fue un referéndum, ni una decisión parlamentaria, ni un cambio de mayoría política lo que cerró la central. Fue el terrorismo.

Quizá por eso el verdadero legado de Lemóniz no sea únicamente una central abandonada, sino una advertencia sobre el precio que puede llegar a pagar una sociedad cuando la violencia consigue imponerse sobre las decisiones colectivas. Hoy, casi cincuenta años después, aquellos edificios de hormigón están llamados a convertirse en una piscifactoría de lenguado gracias a una nueva inversión público-privada.

Es una imagen cargada de simbolismo. De no ser otro bluf, donde iba a producirse una parte importante de la electricidad del norte de España se criarán peces. Y, mientras tanto, Euskadi continúa buscando cómo generar la energía que necesita para sostener su futuro industrial.

Quizá nunca sepamos con certeza qué habría ocurrido si Lemóniz hubiera entrado en funcionamiento. Pero sí sabemos qué ocurrió al paralizarla. ETA obtuvo una victoria estratégica, Iberduero sufrió uno de los mayores quebrantos económicos de su historia y Euskadi perdió una infraestructura energética que todavía hoy condiciona parte de su desarrollo económico. Ese balance, por sí solo, justifica volver a plantear la pregunta. ¿Fue realmente un acierto paralizar Lemóniz?