Francia resucita el impuesto sobre el bit que Luc Soete defendía hace treinta años

Hace casi treinta años estuve sentado en su despacho de Maastricht con Luc Soete, un profesor belga que dirigía un departamento universitario dedicado a analizar los efectos de las nuevas tecnologías sobre la economía y que proponía crear un impuesto sobre el bit para paliar los efectos que Internet iba a tener sobre la recaudación. Pues bien: la Asamblea Nacional francesa acaba de aprobar una enmienda que recupera aquella idea, con un gravamen de 5,5 céntimos por gigabyte. Todavía tiene que superar la tramitación presupuestaria para convertirse en un impuesto en vigor.

Hay que reconocer que el profesor belga fue un auténtico visionario. Cuando Internet todavía era una herramienta minoritaria y Google ni siquiera existía, él ya advirtió de que sus posibilidades de comunicación facilitarían que empresas y profesionales buscaran países con menores impuestos. El traslado de youtubers a Andorra permite entender hoy aquella preocupación, aunque cambiar de residencia fiscal no equivale por sí mismo a evadir impuestos. Soete anticipó también el problema de una economía en la que las multinacionales pueden vender en un país y localizar sus beneficios en otro.

En la entrevista que publiqué el 10 de abril de 1998, tras pasar una mañana con él, explicaba que las empresas se iban «de compras por los distintos gobiernos del mundo» para encontrar la legislación fiscal que más les interesaba. Su temor era que la economía digital debilitara los ingresos con los que los Estados financiaban sus servicios. Había recogido una propuesta del economista canadiense Arthur Cordell, formulada en 1994, y la había desarrollado desde Maastricht.

«El duty free electrónico no se sostendría durante mucho tiempo», me dijo. Su propuesta iba más allá de añadir un tributo: quería estudiar una transformación del sistema fiscal, con la posibilidad de sustituir impuestos existentes por otros adaptados a la nueva economía.

La solución francesa recupera el mismo principio: si resulta difícil gravar los beneficios de una empresa que opera desde otro país, se puede intentar medir lo que envía a los usuarios. La enmienda del diputado socialista Laurent Lhardit prevé que los operadores de acceso contabilicen los datos enviados por los proveedores de contenidos y comuniquen los volúmenes trimestralmente a Hacienda, sin registrar el contenido ni el destinatario. También contempla los servidores que acercan los contenidos al usuario, conocidos como CDN.

Pagarían las empresas emisoras, con un límite formulado en el texto del 15% de su facturación francesa o el 2% de la mundial. Los promotores esperan recaudar 10.000 millones de euros, una previsión cuya materialización dependerá del alcance y la aplicación del impuesto.

La iniciativa salió adelante el 30 de octubre por once votos contra diez, pese al criterio contrario del Gobierno y del ponente general, según recoge Les Numériques. Es una victoria parlamentaria ajustada, pendiente todavía de convertirse en legislación definitiva.

El tipo propuesto permite hacer un cálculo ilustrativo: descargar un videojuego de 100 gigabytes generaría una cuota teórica de 5,50 euros, antes de aplicar los límites empresariales. No sería una cantidad exigida directamente al jugador, pero sí un coste para el proveedor que alguien tendría que absorber.

Las plataformas podrían reducir su margen, subir precios o modificar sus servicios. Que el obligado a ingresar el impuesto sea Netflix o una plataforma de videojuegos no impide que una parte termine en la factura del usuario. De momento, se trata de posibles respuestas económicas, no de subidas anunciadas por las compañías.

Soete ya defendía que era posible contar los datos sin examinar su contenido. Recurría a una comparación con la gasolina: para gravar el combustible no hace falta conocer el valor del automóvil ni el motivo del viaje. Imaginaba contadores y proveedores de acceso capaces de incorporar el impuesto a sus facturas.

También entonces le planteé una objeción que sigue vigente: un documento pequeño puede contener información valiosísima para una empresa, mientras un archivo mucho más pesado puede generar pocos ingresos. Los gigabytes miden tráfico, no beneficios ni capacidad de pago. Un impuesto basado en el volumen puede penalizar más la distribución de vídeos, videojuegos o copias de seguridad que otras actividades capaces de ganar mucho dinero enviando pocos datos.

El mérito de Soete fue identificar pronto el problema fiscal que traería una economía menos dependiente de las fronteras. Eso no resuelve automáticamente las dificultades de su propuesta. Casi treinta años después de aquella conversación en Maastricht, Francia ha recuperado la idea. Le queda demostrar que contar datos permite cobrar mejor a quienes pretende gravar sin encarecer de forma desproporcionada los servicios que utilizan sus ciudadanos.