¿Es bueno que las administraciones vascas se conviertan en caseros de las empresas?

Las administraciones vascas llevan décadas ampliando una actividad que normalmente correspondería al mercado inmobiliario: construir, comprar y alquilar oficinas y pabellones a empresas privadas. Los parques tecnológicos, los elkartegis, BAT, los BIC e incluso Bilbao Exhibition Centre (BEC) ofrecen espacios empresariales de propiedad pública. En algunos casos hay razones que justifican la intervención; en otros resulta más difícil distinguirla de la actividad de un propietario inmobiliario convencional.


El fenómeno merece atención porque no consiste únicamente en aprovechar edificios públicos ya existentes. Las administraciones continúan destinando capital a adquirir y construir nuevos inmuebles empresariales, al mismo tiempo que pagan por la gestión de algunos de estos centros. El caso de los parques tecnológicos permite cuantificar la magnitud de esta política.

Parque Tecnológico de Euskadi funciona comercialmente como una red única, aunque en las últimas cuentas disponibles todavía aparecen sociedades diferentes para Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. Todas ellas están controladas por instituciones públicas y una parte importante de su actividad consiste precisamente en arrendar inmuebles.

En Bizkaia, por ejemplo, el presupuesto de 2025 contemplaba 7,2 millones de euros de ingresos por alquileres, dentro de una cifra de negocio total de 15,7 millones. El parque dispone de decenas de edificios propios y comercializa oficinas, naves, espacios de coworking, edificios completos y parcelas. Entre las compañías instaladas figuran desde startups hasta multinacionales como Iberdrola, Siemens Gamesa, IBM, Telefónica, Accenture, Oracle, Vodafone o Capgemini.

Las cuentas introducen, sin embargo, un matiz importante. No parece correcto afirmar que esta actividad inmobiliaria se sostenga mediante grandes subvenciones anuales de explotación. En Bizkaia, por ejemplo, el presupuesto de 2025 no contemplaba subvenciones corrientes para financiar el funcionamiento ordinario. Las ayudas recibidas están relacionadas en buena medida con actividades específicas como BIC Bizkaia.

El mecanismo de financiación pública más relevante es otro: las administraciones aportan el capital que permite a los parques comprar suelo, construir edificios y seguir aumentando su patrimonio inmobiliario. El caso de Gipuzkoa resulta especialmente ilustrativo. Durante 2024, sus accionistas públicos aportaron aproximadamente 9,3 millones de euros mediante ampliaciones de capital. SPRI desembolsó alrededor de 7,1 millones, la Diputación de Gipuzkoa 2,15 millones y el Ayuntamiento de Donostia unos 75.000 euros.

Una de esas operaciones permite entender perfectamente para qué sirve el dinero. A finales de 2024 el Gobierno Vasco autorizó una ampliación porque el parque necesitaba financiación para comprar locales y plazas de garaje ante el elevado grado de ocupación de sus edificios. SPRI aportó 1,12 millones de euros.

Es decir, el éxito comercial de los inmuebles públicos genera una necesidad de más espacio que vuelve a resolverse mediante capital público. Cuando se llenan los edificios de propiedad pública, la respuesta es comprar más inmuebles con dinero aportado por las administraciones.

No se trata tampoco de una política residual heredada de los primeros parques tecnológicos. Gipuzkoa tenía previsto invertir cerca de 21 millones de euros en 2025, después de 18,5 millones en 2024. Álava, por su parte, amplió su capital en 4,4 millones a comienzos de 2025 y preparó posteriormente otra operación de casi 2 millones para financiar nuevas inversiones.

Solo las sociedades de Gipuzkoa y Álava acumulaban ya más de 180 millones de euros de capital social. Es una cantidad considerable de recursos públicos inmovilizados en unas sociedades cuyo patrimonio incluye suelo, oficinas y edificios posteriormente utilizados por compañías privadas.

Esto cambia también la forma de analizar la posible competencia con el mercado inmobiliario. No es necesario que un parque tecnológico cobre un alquiler subvencionado para disfrutar de una ventaja que un propietario privado no tiene. Una inmobiliaria debe conseguir inversores o endeudarse para comprar el terreno y construir el edificio, remunerar ese capital y asumir el riesgo de que quede vacío. El parque recibe buena parte del capital de sus accionistas públicos.

El debate no es si los parques tecnológicos son útiles. Pueden generar economías de concentración, facilitar contactos entre empresas y centros tecnológicos y permitir una planificación territorial especializada. La pregunta es otra: ¿para conseguir esos objetivos necesita la Administración ser también propietaria de los edificios?

Se puede reservar suelo para empresas tecnológicas, establecer condiciones de uso, construir accesos, mejorar el transporte público, desplegar redes eléctricas y de telecomunicaciones o situar allí universidades y centros de investigación sin necesidad de que el Gobierno Vasco sea propietario de la oficina en la que trabaja una multinacional.

Bizkaia ha extendido el mismo principio a los elkartegis. Azpiegiturak dispone de una red pública de oficinas y pabellones destinados a empresas. El nuevo Elkartegi de Zalla, por ejemplo, supuso una inversión de 7,5 millones de euros y permite además que determinadas empresas obtengan bonificaciones de hasta el 40% de la renta durante cuatro años.

Aquí la posible distorsión resulta más evidente. Un propietario privado construye un pabellón con su dinero y después busca empresas dispuestas a alquilarlo. A pocos kilómetros puede encontrarse con otro propietario que ha construido con recursos públicos y que, además, tiene capacidad para subvencionar parcialmente la renta.

Hay casos en los que esa intervención resulta mucho más justificable. Los BIC cumplen una función distinta cuando actúan realmente como incubadoras temporales. Una startup recién constituida puede carecer de garantías para alquilar instalaciones y determinados proyectos industriales o biotecnológicos necesitan laboratorios, talleres y equipamientos compartidos que tendría poco sentido construir individualmente.

BIC Bizkaia, por ejemplo, dispone de unos 6.000 metros cuadrados con laboratorios y talleres especializados en biociencias y tecnologías relacionadas con la industria. Ahí el edificio forma parte de un servicio de incubación y de unas infraestructuras difíciles de encontrar en el mercado convencional.

La diferencia fundamental debería ser la temporalidad. Una incubadora tiene éxito cuando la empresa deja de necesitarla. Si una compañía alcanza suficiente facturación, plantilla y financiación para operar normalmente, resulta razonable que pase al mercado y deje el espacio subvencionado a otro proyecto que todavía lo necesite.

BAT ocupa una posición más difícil de clasificar. El centro internacional de emprendimiento de Bilbao no ofrece solamente metros cuadrados: pretende conectar startups, inversores, grandes compañías y aceleradoras internacionales. Esa actividad puede evaluarse como una política pública de emprendimiento.

Pero BAT también ofrece coworking y oficinas privadas completamente equipadas. Y el coste público no termina en disponer del inmueble. BEAZ adjudicó a PwC la dirección y gestión del centro durante 15 años por 15,58 millones de euros sin IVA, 18,86 millones incluyendo el impuesto.

La división simple arrojaría algo más de un millón de euros anuales sin IVA, aunque el contrato no se ejecuta mediante anualidades idénticas. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas recogía ya 685.000 euros ejecutados en 2021 y 2,95 millones en 2022, 3,63 millones en sus dos primeros ejercicios. PwC, además, obtiene ingresos de la explotación de los servicios del centro.

BAT permite observar hasta dónde puede llegar este modelo. La Administración participa en el inmueble, financia la estructura de emprendimiento y paga a una multinacional de consultoría para gestionarla, mientras las empresas utilizan los espacios resultantes.

También BEC participa en este mercado. La sociedad propietaria del recinto ferial, participada por Gobierno Vasco, Diputación de Bizkaia, ayuntamientos de Bilbao y Barakaldo y Cámara de Comercio, comercializa las ocho plantas de oficinas de su torre, con aproximadamente 540 metros cuadrados por planta.

Entre sus últimos inquilinos figura Valtria. La empresa de ingeniería de salas limpias ha trasladado allí su delegación para el norte de España, donde trabajan una veintena de profesionales. No se trata de una startup incubada durante sus primeros meses, sino de una empresa consolidada que necesitaba unas oficinas mayores para acompañar su crecimiento. En este caso resulta todavía más difícil identificar el fallo de mercado que pretende solucionar la intervención pública. El Gran Bilbao dispone de un mercado privado de oficinas capaz de alojar a una empresa de veinte trabajadores.

Existe además un problema de incentivos. Una vez que una Administración construye un edificio empresarial, necesita llenarlo. Mantener plantas vacías deteriora las cuentas y hace más difícil justificar la inversión. Si faltan candidatos que cumplan el objetivo inicial, existe un incentivo permanente para ampliar las actividades admitidas, captar compañías consolidadas o mejorar las condiciones económicas.

La herramienta de política empresarial puede terminar así generando su propia política: hay que atraer empresas porque hay edificios que ocupar y construir nuevos edificios porque los existentes están ocupados. Todo ello tiene un coste de oportunidad. Los más de 180 millones de capital acumulados únicamente por los parques de Álava y Gipuzkoa podrían estar invertidos en inmuebles empresariales, pero también podrían financiar investigación, formación, infraestructuras energéticas, capital para nuevas compañías o simplemente permanecer en manos de los contribuyentes.

La cuestión, por tanto, no debería plantearse como una elección entre apoyar o no apoyar a las empresas. La Administración tiene numerosas funciones que difícilmente puede desempeñar el mercado: ordenar el territorio, garantizar suelo industrial, construir infraestructuras, mejorar las conexiones eléctricas y digitales, evitar que el suelo productivo termine dedicado a otros usos o financiar determinadas infraestructuras científicas.

Pero precisamente por eso debería existir una explicación especialmente sólida cuando decide hacer algo que el mercado ya hace de manera habitual. Una incubadora temporal para una startup puede solucionar un problema real. Un laboratorio compartido que ninguna empresa podría financiar individualmente también. Incluso puede estar justificada la construcción pública de pabellones en una comarca donde no existe oferta privada.

Resulta bastante más difícil explicar por qué el dinero público debe utilizarse para comprar la oficina en la que trabaja una multinacional o una empresa consolidada. Durante décadas Euskadi ha asociado política industrial con construcción de infraestructuras físicas. Quizás haya llegado el momento de plantearse si todos esos edificios siguen siendo política industrial o si, en algunos casos, las administraciones se han convertido simplemente en el mayor casero empresarial de Euskadi.

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