El TSJPV confirma cuatro años de cárcel por estafar casi 400.000 euros a un donostiarra fingiendo ser su pareja

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado la condena de cuatro años de prisión a una mujer que estafó 397.205 euros a un hombre de avanzada edad residente en San Sebastián haciéndole creer que mantenían una relación sentimental. La sentencia, del 5 de noviembre, rechaza tanto la petición de absolución de la acusada como el recurso del perjudicado, que reclamaba elevar la pena a ocho años.

La resolución revisa la condena dictada en julio por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, de la que ya informó Gananzia. El TSJPV mantiene también la obligación de indemnizar al perjudicado con 265.150 euros, más 190,58 euros por gastos notariales e intereses, y la revocación de una donación de 132.055 euros, cuyo importe deberá restituir la condenada.

Uno de los argumentos centrales de la defensa era que la convivencia prolongada, la compra de una vivienda a medias y los testamentos en los que el hombre la nombró heredera universal acreditaban una relación auténtica. La Sala rechaza esa interpretación: la convivencia puede formar parte del mecanismo utilizado para consolidar la confianza de la víctima y mantener el engaño durante un periodo prolongado.

La defensa invocó además la exención de responsabilidad penal prevista para determinados delitos patrimoniales entre familiares, que la jurisprudencia ha extendido a las parejas estables. El tribunal descarta aplicarla porque considera probado que no existía una relación sentimental real: la apariencia de pareja fue precisamente el instrumento de la estafa.

Los hechos comenzaron el 25 de enero de 2022 en un restaurante de Bruselas. El hombre, nacido en 1939 y actualmente residente en Donostia, conoció allí a la acusada. La sentencia considera acreditado que ella se aprovechó de su soledad y vulnerabilidad afectiva para hacerle creer que quería compartir su vida con él. El TSJPV respalda la conclusión de la Audiencia de que aquel encuentro había sido preparado.

Tras unos meses en Bruselas, ambos se trasladaron a Dénia. En junio de 2022 compraron una vivienda por 264.110 euros, íntegramente pagados por el hombre, pero escriturada por mitades. Para hacerlo, la mujer le convenció de que formalizara una donación de 132.055 euros, equivalente al precio de la parte que ella adquiría.

Después llegaron las peticiones para una supuesta vivienda en Rumanía destinada a la madre enferma de la acusada, con la promesa de que el inmueble quedaría a nombre del perjudicado. Entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023 realizó cuatro transferencias que sumaron 233.500 euros. El tribunal considera acreditado que esa promesa era falsa.

A estas operaciones se añadieron otras transferencias y 63 retiradas de efectivo por 21.770 euros entre enero de 2023 y febrero de 2024. La mujer conocía la clave de la tarjeta bancaria porque él se la había facilitado, pero la utilizó para sacar dinero sin su conocimiento ni consentimiento.

La defensa también alegó que el hombre conservaba sus facultades cognitivas. La Sala subraya que ese dato no excluye la estafa: la manipulación emocional puede inducir a error a una persona que mantiene intactas sus capacidades intelectuales. El informe forense explicaba su vulnerabilidad afectiva; la prueba del engaño procedía del conjunto de testimonios, documentos bancarios, escrituras y movimientos patrimoniales.

El perjudicado, por su parte, pretendía que se aplicaran otras agravaciones y que la condena alcanzara los ocho años, o subsidiariamente no bajara de seis. El TSJPV rechaza que la intervención de una vivienda baste para aplicar la agravación específica relativa a este bien: el hombre adquirió la copropiedad y no vio frustrada su expectativa de disponer de ella. Tampoco considera acreditada documentalmente la situación económica en la que quedó para justificar otra agravación por el impacto del perjuicio.

La cuantía total defraudada sí determina la aplicación del artículo 250.2 del Código Penal, con un marco de cuatro a ocho años de prisión. La Sala respalda la pena mínima impuesta por la Audiencia y explica que no cabe agravar dos veces por la misma acumulación de cantidades: ninguna de las operaciones superó individualmente los 250.000 euros y fue su suma la que permitió aplicar ese tramo penal.

La condena incluye doce meses de multa con una cuota diaria de seis euros. El TSJPV confirma íntegramente la resolución, aunque todavía cabe preparar recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La sentencia no permite determinar si el perjudicado ha recuperado ya alguna de las cantidades.