El ERE de Freepik y la pregunta incómoda que toda startup acabará afrontando
El anuncio del ERE de Freepik, la gran joya tecnológica de Málaga, ha provocado una discusión poco habitual entre emprendedores. No tanto por el ajuste laboral en sí, sino por una cuestión mucho más profunda: ¿qué le debe una startup a la sociedad cuando alcanza el éxito?
La empresa malagueña, convertida en uno de los principales referentes europeos de inteligencia artificial aplicada a la generación de imágenes, ha comunicado un expediente de regulación de empleo que afecta a más de un centenar de trabajadores, casi una cuarta parte del total. La noticia ha desencadenado un intenso debate en redes sociales entre empresarios, directivos y emprendedores locales.
Las posiciones son claras. Por un lado, quienes defienden que una empresa tiene la obligación de adaptarse a los cambios tecnológicos para seguir siendo competitiva. Por otro, quienes consideran que una compañía que se ha beneficiado durante años del apoyo institucional, del talento local y del prestigio asociado al ecosistema emprendedor de Málaga debería asumir una mayor responsabilidad social antes de acometer un recorte de semejante magnitud.
Ambas posturas tienen parte de razón. Freepik no es una empresa cualquiera. Fundada en 2010, se convirtió en uno de los grandes casos de éxito del emprendimiento español. Durante años ha sido presentada como la prueba de que desde Málaga se podía construir una compañía tecnológica global capaz de competir con gigantes internacionales.
Pero precisamente por eso ahora se enfrenta a un escrutinio distinto. Mientras una startup es pequeña, la sociedad celebra cada contratación. Cuando se convierte en una empresa de referencia, también empieza a analizar cada despido. El fenómeno no es exclusivo de Málaga. Está ocurriendo en Silicon Valley, en Londres, en Berlín y terminará ocurriendo en cualquier ecosistema tecnológico maduro.
La irrupción de la inteligencia artificial está acelerando una transformación que afecta especialmente a empresas digitales. Muchas tareas que hace apenas tres años requerían decenas de profesionales pueden realizarse hoy con equipos mucho más reducidos apoyados en herramientas de IA. La consecuencia es evidente: las compañías más avanzadas tecnológicamente podrían convertirse, paradójicamente, en las que menos empleo generen en relación con su facturación.
Eso plantea un problema para las administraciones públicas. Durante años se ha justificado el apoyo a startups y empresas tecnológicas por su capacidad para crear empleo de calidad. Pero si la IA reduce progresivamente esa necesidad de mano de obra, el argumento empieza a cambiar. La pregunta ya no será cuántos puestos de trabajo crea una empresa, sino cuánto valor económico genera para el territorio.
Y ahí es donde el debate de Freepik adquiere relevancia. Los críticos del ERE sostienen que una compañía emblemática debería intentar preservar el máximo empleo posible. Sus defensores responden que una empresa existe para competir y que, si no se adapta a tiempo, corre el riesgo de desaparecer y destruir todavía más puestos de trabajo en el futuro.
La discusión recuerda a un viejo dilema empresarial: ¿debe una empresa maximizar el bienestar de todos sus grupos de interés o su principal responsabilidad consiste en garantizar su propia supervivencia? No existe una respuesta sencilla. Lo que sí parece claro es que el caso de Freepik anticipa un debate que pronto llegará a muchos otros territorios. También a Euskadi.
Porque cuando una empresa tecnológica alcanza una dimensión suficiente para convertirse en símbolo de una ciudad o de una región, deja de ser percibida únicamente como un negocio privado. Pasa a formar parte de la conversación pública. Y es entonces cuando cada decisión empresarial comienza a juzgarse no solo por su lógica económica, sino también por su impacto social. El ERE de Freepik no ha abierto una discusión sobre una empresa. Ha abierto una discusión sobre el futuro del emprendimiento en la era de la inteligencia artificial.
El debate resulta especialmente interesante para Euskadi, donde administraciones públicas y agentes económicos dedican millones de euros a impulsar startups tecnológicas. Si dentro de unos años compañías como Sherpa.ai, Multiverse Computing o cualquier futura unicornio vasca acometen grandes ajustes de plantilla gracias a la IA, volverá a aparecer la misma pregunta que hoy divide a Málaga: ¿una startup debe ser juzgada únicamente por su competitividad o también por su contribución social y laboral al territorio que la vio crecer?
