¿Cómo es posible que Indumetal siga operando?

Un nuevo incendio vuelve a poner el foco sobre la planta de Erandio, condenada por delito medioambiental tras demostrar la Justicia que trituró durante años residuos electrónicos sin descontaminarlos previamente. La pregunta es incómoda: ¿cómo es posible que una empresa condenada por un delito contra el medio ambiente continúe desarrollando su actividad?

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La respuesta está en la propia sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia. Aunque la resolución condenó tanto a la sociedad como a cuatro de sus principales responsables por un delito contra el medio ambiente, en ningún momento acordó la clausura de la planta, sino únicamente penas de prisión para los directivos, multas económicas e inhabilitaciones temporales relacionadas con la gestión de residuos electrónicos. La empresa, por su parte, fue condenada únicamente al pago de una multa.

La investigación judicial, iniciada en 2016 tras una denuncia anónima, acreditó que la empresa incumplía de forma sistemática la normativa sobre tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Según los hechos declarados probados, una parte muy importante de televisores, monitores, pantallas LCD y lámparas con mercurio era triturada directamente sin retirar previamente los componentes peligrosos, pese a que la autorización ambiental exigía exactamente lo contrario.

El proceso liberaba polvo fluorescente, mercurio y otros contaminantes al aire, al suelo y al sistema de alcantarillado que desembocaba en la ría de Asua. La sentencia también considera probado que numerosos residuos se almacenaban al aire libre sobre una solera agrietada y que algunos aparatos eran rotos deliberadamente mediante maquinaria pesada antes de ser descontaminados.

La Audiencia no atribuyó las irregularidades a errores puntuales. Al contrario, concluyó que los procedimientos habían sido diseñados por la dirección de la empresa y transmitidos a toda la cadena de mando como el protocolo habitual de trabajo. Los responsables intermedios se limitaban a ejecutarlo sin corregirlo.

Entre 2013 y 2016 llegaron a gestionarse incorrectamente millones de kilos de residuos electrónicos, una práctica que, según la sentencia, generaba un riesgo relevante para la calidad del aire, del suelo y del agua. La Audiencia condenó al entonces vicepresidente y antiguo consejero delegado y al director general a dos años de prisión, además de multas e inhabilitación temporal para actividades relacionadas con la gestión de residuos electrónicos.

Otros dos responsables de planta y medio ambiente recibieron siete meses de prisión. La empresa fue condenada como persona jurídica a una multa de 20 meses, mientras que las penas de prisión quedaron suspendidas por la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas y la ausencia de antecedentes penales.

¿Por qué puede seguir funcionando? La sentencia responde implícitamente a la pregunta. El Código Penal permite condenar a una empresa por un delito medioambiental sin acordar necesariamente su disolución o el cierre de sus instalaciones. En este caso, el Ministerio Fiscal y las defensas alcanzaron un acuerdo de conformidad que fijó unas penas concretas, entre las que no figuraba la clausura de la planta, por lo que Indumetal ha podido continuar desarrollando su actividad tras el pago de la multa y el cumplimiento de las restantes sanciones.

El incendio registrado este sábado, originado en material electrónico almacenado en la planta y que obligó a movilizar a los bomberos y a realizar mediciones de calidad del aire, vuelve ahora a situar bajo escrutinio una instalación cuyo historial judicial parecía ya cerrado, pero cuyas consecuencias siguen siendo motivo de preocupación para los vecinos de Erandio.