Cuando el consejero de Seguridad transmite incertidumbre

El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, compareció este jueves para hablar de las amenazas de disturbios que circulan por las redes sociales y de las 25 manifestaciones previstas para este fin de semana en Euskadi. Su intervención, de apenas dos minutos, resulta llamativa por la reiteración de expresiones de desconocimiento y por un lenguaje que, en lugar de transmitir tranquilidad, puede aumentar la incertidumbre de los ciudadanos. El contraste con los comercios de Bilbao, que han comenzado a proteger sus escaparates ante posibles saqueos, es especialmente significativo.

«Yo, yo no sé lo que es el fenómeno Blocus». Así comenzó Zupiria su respuesta. Después añadió que había recibido y percibido mensajes en las redes sociales, que desconocía su significado y que nadie sabía a qué respondían. Más adelante insistió: «No sabemos a qué responde». Y terminó reconociendo: «Pero no sé de qué estamos hablando».

Cinco manifestaciones de desconocimiento en apenas dos minutos. No es necesariamente malo que un responsable público reconozca sus limitaciones informativas. Es preferible a inventar explicaciones. Pero el consejero de Seguridad no es un ciudadano cualquiera. Se supone que dispone de los servicios de información de la Ertzaintza y de otras fuerzas de seguridad locales y estatales y que puede ofrecer una valoración más precisa de las amenazas, aunque determinados detalles deban mantenerse reservados por razones operativas.

Lo más sorprendente es que Zupiria explicó cómo había conocido esos mensajes. «Yo los he recibido como padre, creo que Esther (en referencia a Esther Apraiz, presidenta de Eudel, que le acompañaba) también como madre, y nuestros hijos nos los han enseñado», señaló. Posteriormente insistió en que, como cualquier padre y ciudadano, le habían llegado «mogollón de cosas» a través de las redes sociales.

Resulta una forma singular de abordar una amenaza de seguridad pública. El máximo responsable de la seguridad vasca se presenta ante los ciudadanos como un padre que recibe mensajes de sus hijos, no como el responsable de una organización policial que investiga posibles delitos. La referencia familiar puede servir para transmitir cercanía, pero también contribuye a situar al consejero en el mismo nivel informativo que cualquier usuario de WhatsApp.

El lenguaje tampoco ayuda. Zupiria habla de grupos «que van a quemar el país», de personas «que van a hacer no sé cuántas cosas» o «que van a traer a no sé qué tipo de gente». Son expresiones que pueden resultar naturales en una conversación informal, pero que llaman la atención cuando proceden de quien debe coordinar la respuesta institucional ante posibles altercados.

No se trata de exigir a un consejero una oratoria impecable ni de contar sus muletillas. Lo importante es el contenido del mensaje. Y, en este caso, las expresiones coloquiales acompañan a una sucesión de afirmaciones imprecisas sobre hechos que preocupan a una parte de la ciudadanía. Su principal mensaje tranquilizador fue igualmente genérico: «Ante eso, la Ertzaintza hará lo que tenga que hacer». Al final de su intervención aseguró que la policía autonómica garantizaría el orden.

Pero entre desconocer prácticamente todo sobre una amenaza y garantizar que se mantendrá el orden falta una explicación. ¿Se ha evaluado la credibilidad de los mensajes? ¿Se conocen los posibles objetivos? ¿Hay un dispositivo preventivo específico? ¿Se ha informado a los establecimientos amenazados? La intervención no ofreció respuestas concretas a estas preguntas.

Zupiria sí aportó un dato preciso: había 25 manifestaciones y concentraciones comunicadas para el fin de semana en Euskadi. Y advirtió de que algunas personas podrían aprovecharlas para provocar disturbios. Su apelación a la responsabilidad de los organizadores es razonable, como también lo es su defensa del derecho de manifestación. Conviene, en cualquier caso, no confundir las movilizaciones legales con los llamamientos a cometer actos violentos.

Sin embargo, buena parte de su intervención estuvo dirigida a pedir responsabilidad a los convocantes, mientras que apenas explicó qué estaba haciendo su propio departamento. El contraste con lo que está sucediendo en Bilbao resulta particularmente revelador. Algunos comercios de la Gran Vía han comenzado a cubrir sus escaparates con paneles de madera, ante el temor a que se repitan los disturbios del lunes. Los incidentes de aquel día, que incluyeron daños y saqueos, explican buena parte de la preocupación.

Las organizaciones empresariales Cecobi y bilbaoDendak han tenido que reunirse este viernes con responsables de Seguridad para conocer las medidas preventivas previstas y poder trasladar recomendaciones a sus asociados. Tras ese encuentro, han comunicado que la Ertzaintza y la Policía Municipal desplegarán un amplio dispositivo especial desde primera hora del sábado. Es precisamente el tipo de información que habría sido útil escuchar al consejero el día anterior.

Además, este viernes se ha conocido la detención por la Policía Nacional de un joven de 20 años, presunto administrador de una cuenta de Blocus Bilbao desde la que, según el Ministerio del Interior, se difundían llamamientos a provocar incidentes, se señalaban comercios como posibles objetivos y se compartían instrucciones para elaborar artefactos incendiarios.

La operación demuestra que había investigaciones policiales en marcha, como el propio Zupiria había señalado. No permite concluir que desconociera su existencia ni que la Ertzaintza estuviera desinformada. Pero sí plantea una cuestión: ¿qué información manejaba el Departamento de Seguridad cuando su máximo responsable aseguraba públicamente que no sabía a qué respondía este fenómeno?

Tampoco sería justo atribuir a las palabras del consejero la preocupación de los comerciantes. Los disturbios anteriores y la difusión de amenazas en redes sociales constituyen motivos suficientes para explicar su inquietud. Sin embargo, una comparecencia institucional debería contribuir a reducir la incertidumbre, diferenciando los riesgos comprobados de los rumores y explicando, hasta donde sea posible, las medidas adoptadas.

La seguridad ciudadana no depende de que un consejero hable con aplomo ante las cámaras. Depende, fundamentalmente, de la capacidad de prevención y actuación de los cuerpos policiales. Pero la comunicación también forma parte de la gestión de una crisis, especialmente cuando las amenazas afectan a la actividad económica y generan temor entre empresarios, trabajadores y clientes.

Y aquí aparece una paradoja: mientras el consejero habla de confusión y reconoce reiteradamente lo que desconoce, los comerciantes tienen que adoptar decisiones muy concretas sobre sus negocios. Proteger escaparates, retirar mercancías, reforzar medidas de seguridad o decidir si abrir con normalidad.

No necesitan que el consejero les cuente los mensajes que recibe de sus hijos. Necesitan saber qué riesgo existe, qué medidas se han adoptado y qué pueden hacer para protegerse. Reconocer la incertidumbre es una muestra de prudencia. Convertirla en el mensaje principal del responsable de Seguridad puede tener el efecto contrario al que se pretende.