¿Se atreverá el Gobierno de España a cerrar TikTok?

La amenaza de suspender TikTok plantea una pregunta que va más allá de esta plataforma: cuánto negocio estamos dispuestos a permitir a una empresa que no protege adecuadamente a los menores. Mi impresión es que veremos antes requerimientos, expedientes y promesas de mejora que una interrupción del servicio. Pero, si los incumplimientos persisten, la posibilidad de suspenderlo debe ser creíble.

La investigación de Maldita.es ha situado el debate donde más incomoda a las grandes plataformas: en los resultados de sus sistemas de protección. La organización documentó 1.183 contenidos explícitos de abuso sexual infantil que acumulaban 48 millones de visualizaciones. Según sus comprobaciones, de una muestra de 50 vídeos denunciados mediante los canales de TikTok, la plataforma retiró cinco y bloqueó otros 13 únicamente en España. Son hallazgos de una investigación periodística que deberán examinar las autoridades, pero suficientemente graves para exigir algo más que explicaciones genéricas.

El asunto ya ha superado la fase de las declaraciones políticas. El 13 de noviembre, la Fiscalía presentó una denuncia contra TikTok Technologies Spain ante el tribunal de guardia de Madrid y solicitó investigar posibles delitos relacionados con la difusión de ese material, además de su retirada urgente. Una denuncia no equivale a una condena, pero tampoco permite despachar lo ocurrido como una polémica pasajera.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido a la Agencia Española de Protección de Datos la suspensión cautelar de la plataforma. Conviene precisar que el Gobierno no dispone de un interruptor que pueda accionar por voluntad política: la AEPD es independiente y cualquier intervención debe respetar las competencias, los procedimientos y las garantías correspondientes. La agencia ha anunciado actuaciones dirigidas a bloquear contenidos concretos, una vez analizada la información, y trasladar los hechos a las autoridades europeas competentes.

Esa distinción importa. Un Ejecutivo que pudiera cerrar una red social porque le molesta sería un peligro. Un Estado incapaz de conseguir que una plataforma deje de difundir material de abuso sexual infantil también lo sería. La exigencia democrática consiste en actuar con pruebas, proporcionalidad y control judicial, y conseguir que la actuación produzca resultados.

TikTok sostiene que necesita colaboración para combatir a quienes modifican sus métodos para eludir la detección y ha reclamado a Maldita.es los resultados completos de su investigación. La organización responde que ya había denunciado una muestra mediante los mecanismos de la propia plataforma. Ahí aparece una cuestión fundamental: los canales ordinarios de denuncia deben funcionar también para quien no tiene acceso al departamento de comunicación de una multinacional.

Hay, además, un problema económico. Moderar bien cuesta dinero. Investigar avisos, revisar decisiones, impedir la reincidencia y cooperar con las autoridades exige recursos. Si el coste esperado de incumplir resulta inferior al de corregir el servicio, la regulación deja un incentivo perverso. Las sanciones y las medidas correctoras deben conseguir que proteger a los usuarios forme parte de las condiciones para operar.

La normativa europea contempla multas de hasta el 6% de la facturación mundial anual por incumplimientos del Reglamento de Servicios Digitales. También prevé, como último recurso y bajo condiciones exigentes, solicitar una restricción temporal del acceso al servicio mediante un procedimiento que requiere intervención judicial. Por tanto, suspender una plataforma no es una ocurrencia ajena al marco europeo. Es una herramienta excepcional cuya aplicación debe justificarse.

La reflexión de Somos Conexión que inspira este artículo añade un elemento necesario: bloquear una aplicación no elimina los riesgos del entorno digital. La cooperativa reclama regulación efectiva y formación para menores y familias. Tiene sentido. Los comportamientos delictivos pueden desplazarse a otros servicios y ninguna prohibición sustituye al acompañamiento de los adultos.

Pero sería inaceptable convertir la educación digital en una forma de trasladar la responsabilidad a las familias. Los padres no pueden auditar un algoritmo ni comprobar qué ocurre después de cada denuncia. Enseñar a un menor a identificar riesgos es necesario; exigir a la empresa que los prevenga y actúe cuando los conoce también.

¿Se atreverá el Gobierno a impulsar hasta el final una suspensión si resulta necesaria? Mi impresión es que intentará evitar llegar a ese extremo. Interrumpir un servicio utilizado por ciudadanos, creadores y empresas tiene un coste político y económico inmediato. Los requerimientos y las promesas de corrección permiten aplazar esa decisión.

Lo razonable es ofrecer una oportunidad de subsanar los incumplimientos, con obligaciones verificables y plazos. Lo irresponsable sería encadenar oportunidades sin consecuencias. TikTok debe poder seguir operando si cumple las condiciones exigibles para hacerlo. Si no las cumple, su tamaño no puede convertirse en un salvoconducto.

El Gobierno habrá demostrado firmeza cuando consiga cambios comprobables o impulse las medidas necesarias ante su ausencia. Hasta entonces, la amenaza de cierre seguirá siendo eso: una amenaza.

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