Los trabajadores de Vicinay se sienten engañados por Dámaso Quintana

Los trabajadores de Vicinay se sienten engañados por Dámaso Quintana, el empresario que tomó el control del grupo con un proyecto respaldado financieramente por el Gobierno Vasco. Según relatan en un vídeo difundido en Instagram por Radio Bilbao, al hacerse cargo de la empresa les aseguró: «A partir de ahora, sois mis hijos». Ahora se encuentran ante una propuesta de 60 despidos y un nuevo expediente de regulación temporal de empleo, y cuestionan cómo la pérdida de un pedido puede poner en peligro el futuro que les habían prometido.

La frase resume la distancia entre la confianza que despertó el cambio de propietario y la situación actual. Los testimonios recogidos en el vídeo transmiten desconcierto y decepción: la llegada de un inversor industrial, acompañada de financiación institucional, debía abrir una etapa de estabilidad después de años de dificultades. Apenas unos meses después, la plantilla vuelve a negociar recortes de empleo.

En esos relatos aparece también una vinculación con la fábrica que va más allá de la relación laboral. Hay trabajadores cuyas familias han estado ligadas a Vicinay durante varias generaciones. Esa continuidad ayuda a entender la intensidad del malestar: lo que está en juego es su sustento y también una historia familiar construida alrededor de una de las empresas históricas de la industria vasca. Probablemente la última en la que el trabajo se heredaba de padres a hijos.

La sensación de incumplimiento tiene un reflejo en la posición sindical. ELA sostiene que los expedientes ponen en cuestión los compromisos asumidos al entrar Quintana y reclama conocer el destino de los recursos públicos, las obligaciones contraídas y las garantías de mantenimiento del empleo. El sindicato convocó un paro de dos horas para este lunes, 9 de noviembre, coincidiendo con el inicio del periodo de consultas.

El detonante del ajuste es la pérdida de un pedido de BP que terminó adjudicado a un competidor chino, según publicó elDiario.es. La dirección planteó el 22 de octubre las extinciones y un ERTE con horizonte inicial hasta finales de julio de 2027. El alcance de las medidas obliga a preguntarse cuánto dependía la recuperación de ese encargo y qué alternativas comerciales contemplaba el proyecto.

Perder un pedido importante puede dejar sin actividad una instalación con elevados costes fijos. Pero la pérdida de una oportunidad comercial no explica por sí sola la solidez del plan con el que se justificó el rescate. Para evaluarla sería necesario conocer el volumen del encargo, su peso en las previsiones y si se trataba de un contrato firmado o de una adjudicación esperada. No son situaciones equivalentes.

El contraste con el anuncio institucional de julio es considerable. El Gobierno Vasco presentó entonces la operación como una vía para asegurar la continuidad industrial y conservar en Euskadi la principal fabricación del grupo. Anunció una inversión de 7,5 millones de euros a través de Ezten II para adquirir el 7,8% de ECN All Wind, la sociedad de Velora que pasaría a controlar Vicinay.

Aquel comunicado anticipaba un aumento de la producción de alrededor del 25% en los años siguientes, apoyado en las perspectivas de los mercados energético y de instalaciones marinas. Era una previsión, no una cartera de pedidos garantizada, pero formaba parte de la explicación pública del respaldo al proyecto.

La crisis, en cualquier caso, no comenzó con Quintana. Vicinay había entrado en preconcurso en julio de 2025 y su incorporación al nuevo grupo estuvo vinculada a la reestructuración de una deuda que superaba los 150 millones de euros. La compra pretendía resolver una situación financiera previa, además de proporcionar un nuevo impulso comercial.

El Ejecutivo mantiene su apoyo al inversor. Tras reunirse con el comité el 5 de noviembre, el viceconsejero Andoitz Korta defendió que Quintana fue el único candidato dispuesto a asumir el proyecto y sostuvo que, sin la operación, la empresa habría cerrado. Según su explicación, el empresario lideró una inversión de 60 millones y la reorganización de la deuda.

Industria precisó además que, junto a los 7,5 millones aportados directamente, la operación contó con otros 8,7 millones canalizados a través de Ekarpen, un vehículo público en el que coparticipan Kutxabank y el Grupo Mondragon. Son aportaciones a ECN All Wind: no deben confundirse con una transferencia íntegra de esos importes a la tesorería de la fábrica de Sestao.

La respuesta institucional al ajuste pasa ahora por pedir al grupo que explore recolocaciones para los afectados. Korta recordó que la participación pública es minoritaria y que no implica una garantía de ausencia de despidos. Los trabajadores, mientras tanto, reclaman continuidad y explicaciones sobre la distancia entre las expectativas que acompañaron al rescate y los recortes que ahora se les plantean.