Los retrasos de un juzgado de Vitoria contribuyen a rebajar a tres meses la pena por una estafa en Wallapop

Un juzgado de Vitoria ha condenado a tres meses de prisión a un vendedor que cobró 1.675 euros por un motor anunciado en Wallapop que el comprador nunca recibió. La pena, frente al año y medio que solicitaba la Fiscalía, responde a la aplicación de dos atenuantes: la consignación del dinero antes del juicio y los retrasos injustificados de un procedimiento que el propio juez considera de escasa complejidad.

La sentencia, dictada el 22 de septiembre de 2026 por el Juzgado de lo Penal número 2 de Vitoria, identifica dos periodos de paralización que suman aproximadamente trece meses. El magistrado considera que esas demoras fueron extraordinarias e indebidas, no eran atribuibles al acusado y justifican reducir su responsabilidad penal.

La primera paralización se produjo entre el 4 de noviembre de 2024 y el 14 de julio de 2025. Durante ese periodo quedó pendiente la práctica de diligencias, entre ellas una solicitud de información a Seur. El juzgado había acordado pedir esos datos en febrero de 2025, pero la orden no se ejecutó y tuvo que reiterarse en julio.

El segundo periodo de inactividad se extendió desde el 15 de septiembre de 2025 hasta el 3 de febrero de 2026, cuando se acordó continuar la causa por los trámites del procedimiento abreviado. La representación del perjudicado había presentado, además, hasta cuatro escritos para reclamar que se impulsara la tramitación.

El origen del caso se remonta al 9 de noviembre de 2022. Ese día, el comprador transfirió 1.675 euros a la cuenta del vendedor por un motor de Yamaha Tmax 500 cuya adquisición habían acordado a partir de un anuncio en Wallapop. El motor nunca llegó.

El acusado, que declaró haber tenido un desguace y vender piezas de vehículos, sostuvo que Seur había recogido el motor en su establecimiento y lo había extraviado durante el transporte. Aseguró también que había reclamado a la compañía por teléfono y correo electrónico.

El juez rechazó esa versión. Seur informó de que no constaban datos relacionados con el código de envío que aparecía en la imagen de una supuesta etiqueta remitida al comprador. El vendedor tampoco aportó documentos que acreditaran las reclamaciones que afirmaba haber presentado a la transportista.

El comprador entregó al procedimiento el justificante de la transferencia, una factura proforma y las conversaciones de WhatsApp mantenidas con el vendedor. También explicó que el anuncio seguía publicado después de la supuesta venta, un extremo que el acusado reconoció durante el juicio.

A partir del conjunto de las pruebas, el magistrado concluye que existió un engaño previo dirigido a obtener el dinero del comprador. Descarta así la tesis de la defensa de que se trataba únicamente de un incumplimiento contractual provocado por un problema de transporte. La sentencia añade que utilizar un nombre, un teléfono y una cuenta bancaria reales, como hizo el acusado, no excluye la comisión de una estafa.

Antes del juicio, el vendedor consignó en la cuenta judicial los 1.675 euros para su entrega al perjudicado. El juez aprecia por ello una atenuante analógica de reparación del daño, aunque rechaza atribuirle carácter cualificado: el ingreso se realizó cuando ya se había requerido al acusado que prestara una fianza para garantizar las responsabilidades económicas.

La concurrencia de esa atenuante y la de dilaciones indebidas permite rebajar un grado la pena prevista para el delito, cuyo marco ordinario es de seis meses a tres años de prisión. El magistrado fija finalmente la condena en tres meses, el mínimo del intervalo resultante, teniendo en cuenta también la cuantía defraudada, la consignación del dinero y la ausencia de antecedentes penales.

La demora judicial no explica por sí sola toda la diferencia entre el año y medio solicitado por la Fiscalía y los tres meses impuestos. La reducción responde a la combinación de ambas atenuantes y a la valoración de las circunstancias del caso.

El condenado deberá indemnizar al comprador con 1.675 euros, más los intereses establecidos en el fallo, teniendo en cuenta el importe ya consignado. Sin embargo, no tendrá que asumir las costas de la acusación particular: la representación del perjudicado no pidió expresamente que se le impusieran y el juez considera que no puede concederlas de oficio.

La resolución admite recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Álava y no consta en el documento que sea firme. Tampoco resuelve sobre una eventual suspensión de la pena, por lo que la condena a tres meses de prisión no permite afirmar que el vendedor vaya a ingresar en la cárcel.