Las sentencias destapan una caja común entre sociedades de Scientia alimentada por fondos del Gobierno Vasco

Las sucesivas sentencias relacionadas con el cierre de los colegios Karmelo de Donostia y San Pedro Apóstol de Bilbao están sacando a la luz la estructura financiera del grupo Scientia, controlado por Atlas Holdings, el fondo del empresario mexicano Mariano Martínez. Los tribunales han acreditado la existencia de una caja común entre sociedades del grupo, a la que llegaban fondos procedentes de los conciertos educativos del Gobierno Vasco, mientras se acumulaban deudas salariales con los profesores y se realizaban importantes transferencias entre empresas vinculadas.

En enero de 2025, Gananzia publicó una investigación sobre cómo Atlas Holdings había llevado al cierre de los dos colegios vascos pocos años después de adquirirlos. Entonces ya llamaban la atención las operaciones inmobiliarias, la falta de gestión de los centros y los impagos. Las resoluciones judiciales posteriores permiten ahora reconstruir parte del funcionamiento económico del grupo.

La sentencia más significativa es la dictada el 27 de marzo de 2025 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que declaró nulo el despido colectivo de Karmelo. El tribunal concluyó que Scientia School y Scientia Karmelo constituían un grupo empresarial a efectos laborales y apreció expresamente «confusión patrimonial y unidad de caja» entre ambas sociedades.

Los hechos probados explican cómo funcionaba ese sistema. Scientia School era titular del concierto educativo con el Gobierno Vasco, mientras Scientia Karmelo gestionaba el colegio donostiarra. Esta última sociedad pagaba las nóminas de los profesores con el dinero que le transfería Scientia School procedente de la financiación pública. La titularidad del concierto no pasó a Scientia Karmelo hasta el curso 2023-2024.

La separación entre ambas sociedades era, por tanto, más formal que efectiva. Scientia School impartía instrucciones a los trabajadores, intervenía en la organización educativa y llegó a determinar los servicios mínimos durante una huelga. Además, era propietaria del inmueble donde funcionaba el colegio, por cuyo alquiler Scientia Karmelo contabilizaba unos 130.000 euros a favor de su matriz. Ese alquiler nunca llegó a pagarse y permanecía registrado como una deuda entre sociedades.

Los magistrados consideraron que estos elementos demostraban una gestión económica y laboral conjunta. La sentencia no declara que todas las transferencias de dinero público fueran irregulares, pero sí acredita que los recursos de los conciertos circulaban entre sociedades jurídicamente diferenciadas y que estas compartían su gestión financiera.

Una resolución posterior, relacionada con el despido de un profesor de San Pedro Apóstol, permite ampliar considerablemente el mapa de los movimientos económicos. Según los extractos bancarios incorporados al procedimiento, Scientia Bilbao transfirió 442.700 euros a Scientia School, sin que consten ingresos en sentido contrario dentro de la relación examinada.

También aparecen transferencias con Scientia Karmelo, pero las cantidades más importantes corresponden a Balab Karmelo, una sociedad creada en 2020 para desarrollar proyectos de innovación, impresión 3D y economía circular en las instalaciones del colegio donostiarra. Scientia Bilbao recibió de ella 841.058 euros, mientras le transfirió 52.000.

Balab no era una empresa independiente del grupo. Según las cuentas consolidadas de Scientia de 2023, el 56% de su capital pertenecía directamente a Scientia y el 44% restante a AEG Arroka, otra sociedad integrada indirectamente en el mismo grupo. La actividad de Balab estaba relacionada con la formación profesional y el desarrollo tecnológico, pero las sentencias no precisan el concepto de las transferencias efectuadas al colegio bilbaíno.

Estos movimientos demuestran que la financiación circulaba entre empresas dedicadas a actividades diferentes y situadas en distintas ciudades. No permiten, sin embargo, identificar qué parte de las transferencias procedía originalmente de los conciertos educativos, de ingresos comerciales, de préstamos o de operaciones inmobiliarias.

La utilización de los activos de un colegio para afrontar las obligaciones de otro también aparece expresamente documentada. Cuando Scientia Bilbao empezó a acumular impagos salariales, comunicó a Inspección de Trabajo que esperaba obtener liquidez mediante la venta del inmueble de Karmelo. El dinero debía servir para ponerse al día con las nóminas pendientes de los trabajadores de Bilbao.

El edificio donostiarra había sido adquirido a los carmelitas en 2019, junto con una residencia anexa, por 4,3 millones de euros. Una tasación posterior elevó su valoración hasta 22 millones. En enero de 2024, el Gobierno Vasco presentó una oferta vinculante para adquirir los inmuebles en dos fases por un importe conjunto próximo a 16,7 millones de euros.

En Bilbao, la operación inmobiliaria había sido diferente. Scientia School adquirió el colegio San Pedro Apóstol a las religiosas y revendió el inmueble ese mismo día, en junio de 2022, a Orlan 2019 por 4 millones de euros. Posteriormente continuó ocupándolo mediante un contrato de alquiler, que terminó incumpliendo. La documentación aportada a uno de los procedimientos judiciales sitúa el precio previo de adquisición del edificio en torno a 1,3 millones, aunque ese detalle no fue incorporado como nuevo hecho probado por el tribunal.

Las compraventas inmobiliarias proporcionaban así otra fuente de liquidez al grupo, además de los ingresos procedentes de los conciertos educativos. Sin embargo, las sentencias todavía no permiten reconstruir completamente el destino del dinero obtenido con esas operaciones.

Mientras tanto, los trabajadores seguían sin cobrar. Scientia Bilbao perdió 439.200 euros en 2023 y otros 576.300 en 2024. En mayo de 2025 tenía apenas 150 euros en una cuenta bancaria. Scientia School disponía de unos 5.500 euros repartidos entre otras dos cuentas.

Los impagos han terminado trasladando parte de las consecuencias económicas al Gobierno Vasco. Varias sentencias dictadas durante 2026 han condenado solidariamente a la Administración y a las sociedades de Scientia al pago de determinadas deudas salariales de profesores de Karmelo.

Una resolución de julio de 2026 recoge una condena de 9.104,68 euros por diferencias salariales correspondientes a los últimos meses de funcionamiento del colegio. Otra, dictada el 6 de octubre, establece la responsabilidad solidaria del Gobierno Vasco por 2.703,23 euros de salarios ordinarios impagados a una profesora.

Los tribunales distinguen, no obstante, entre las cantidades cubiertas por el sistema de pago delegado de los colegios concertados y los incrementos salariales pactados entre empresas y sindicatos. En estos últimos casos, la responsabilidad de la Administración no se extiende automáticamente a todas las obligaciones asumidas por los centros.

Las sentencias también revelan que el Gobierno Vasco retuvo a Scientia Karmelo 91.853,35 euros relacionados con el pago delegado y otros 83.981,91 euros correspondientes a atrasos salariales, debido a las deudas de la empresa con la Seguridad Social. Esta circunstancia impide atribuir todos los impagos a una eventual utilización de los fondos para otros fines, puesto que parte del dinero quedó retenido por la propia Administración.

La documentación judicial permite, en definitiva, comprender mejor el funcionamiento económico de Scientia. Los colegios no gestionaban sus recursos de manera independiente: existía una caja común acreditada judicialmente, se producían transferencias entre sociedades y los activos inmobiliarios de unos centros se utilizaban para intentar atender las deudas de otros.

Lo que todavía no han determinado las sentencias es cuánto dinero procedente de los conciertos educativos terminó financiando actividades ajenas a los colegios ni si se incumplieron las obligaciones legales sobre el destino de esos recursos. La cuestión adquiere especial relevancia porque el juzgado que examinó el despido de un profesor de San Pedro Apóstol ordenó remitir testimonio a la Fiscalía del País Vasco para investigar la posible existencia de un hecho delictivo. La resolución posterior del TSJPV mantuvo ese pronunciamiento, sin que ello suponga que se haya acreditado la comisión de un delito.