La ley de Internet

La red de ordenadores que comunica a todos los habitantes de un mundo cada vez más pequeño permite también realizar otras muchas actividades que plantean problemas legales hasta ahora desconocidos y difíciles de resolver.

“No tardaremos en ver cómo se trivializa sobre Internet en algunos de esos programas culturalmente tan enriquecedores como los Reality Shows”. Este es el mensaje que un internauta, un usuario de Internet, de Baleares lanzó al foro público sobre Derecho español poco después de que los medios de comunicación comenzaran a mostrar la alarma social creada por el descubrimiento de una red de pornografía infantil en Barcelona.

Otros usuarios del mismo foro, especializado en discutir sobre cualquier tema relacionado con el Derecho español, contestaron el mensaje de este mallorquín con otras cartas de protesta por lo que ven como un deseo de “atacar Internet como si fuera el diablo del progreso”. El enemigo común parecen ser la prensa amarilla y los programas de televisión del estilo “reality show”, que basan sus índices de audiencia en exagerar la repercusión social de ciertos temas. El ejemplo al que reucurren todos los internautas es el del reportaje especial “Ciberporno”, publicado hace dos años por la revista norteamericana Time y que utilizaba un estudio manipulado como argumento para condenar a Internet como un paraíso del sexo.

“¿Por qué tanto escándalo con Internet, cuando el verdadero problema lo tenemos hace ya mucho tiempo y está mucho más cerca de casa, en los kioskos que exhiben impunemente publicaciones con fotos pornográficas en plena calle y en los mostradores de cristal?”, se pregunta en mayúsculas -que corresponden a un grito cuando se está usando el correo electrónico- uno de los miembros más asiduos del foro. Lo sorprendente de estas reacciones es que muestran una genial solidaridad de todos los internautas a la hora de proteger lo que ya estiman como su propio mundo, su pequeña selva en la que todavía no hace falta disponer de pasaporte para pasar del territorio de una tribu al de otra.

En EE.UU., donde Internet funciona con dos años de adelanto respecto a España, los usuarios están agrupados en asociaciones de defensa del estatus actual de la red. Estos grupos de presión reciben nombres como Electronic Frontier Foundation (Fundación de la Frontera Electrónica, o EFF) o Electronic Privacy Information Center (Centro de Información sobre Privacidad Electrónica, o EPIC) y han sido fundamentales a la hora de evitar que el Gobierno de Clinton pudiese aplicar la Ley de Decencia de las Comunicaciones, una norma que establecía numerosas restricciones para los proveedores de servicios en Internet. “La policía y la ley tienen que castigar a los delincuentes, pero no tienen que castigar a Internet, que no es más que un medio de comunicación”, explica José Angel Martos, director de la revista Web y uno de los pocos internautas históricos que existen en España, para aclarar el origen de ese deseo de autoprotección de sus compatriotas del ciberespacio.

UN MUNDO SIN FRONTERAS
La inexistencia de fronteras, más allá de las culturales, es la clave del debate jurídico que está planteando Internet y de la defensa a ultranza que hacen sus habitantes de este mundo utópico. “La dificultad propia de Internet no radica en un supuesto vacío legal sino en la mundialización de los intercambios electrónicos”, explica el abogado francés Christiane Féral-Schuhl para justificar la necesidad de que cualquier regulación de la red pase por un consenso internacional.

En Internet cuesta prácticamente lo mismo, en términos económicos y de tiempo, enviar un mensaje entre dos puntos separados por 6.000 kilómetros que entre dos extremos alejados en 100 metros y esta realidad provoca vértigo a muchas personas. Entre los más asustados se encuentran los gobernantes de Túnez, China y Singapur, que han establecido regímenes policiales de control de todo lo que entra en sus países por Internet. El caso de Singapur es el más interesante porque es uno de los países con más conexiones per capita a Internet y se encuentra, además, en la avanzadilla de las telecomunicaciones.

Toda la información que entra en este país asiático a través de Internet debe pasar previamente un filtro en forma de gran ordenador que tiene un registro de lo que se puede y lo que no se debe ver. Hace sólo dos semanas, un ciudadano de Singapur fue condenado a pagar una multa de más de cinco millones de pesetas por haber visto 61 películas “obscenas” -a casi cien mil pesetas de castigo la unidad- a través de Internet. En Birmania, el vértigo es aún mayor puesto que ni siquiera se han planteado restringir el acceso a ciertas páginas de la red. La solución aportada por el gobierno de este país ha sido cortar la línea, un método muy parecido al que adoptó Telefónica, a petición del Ejecutivo español, cuando hace unos años diversos sectores criticaron la facilidad con que se podía acceder a los teléfonos eróticos que comenzaban con la famosa cifra 903.

La reacción de las empresas fue trasladar sus teléfonos a otros países más flexibles, con lo que el supuesto problema no desapareció sino que se desplazó y se agravó puesto que las facturas telefónicas se engrosaron aún más. Lo mismo sucede en Internet, pero con la diferencia de que la llamada telefónica cuesta exactamente lo mismo, sea nacional o internacional, y los países que acogen a las empresas que huyen de las leyes restrictivas lo hacen con los brazos abiertos.

“En Internet sólo se aplican las leyes del país donde está la empresa que da acceso a Internet y estas normas son muy flexibles en ciertos países”, explica Jordi Anguita (nombre ficticio), un empresario catalán que se dedica a crear compañías en Internet con el fin de evadir impuestos. Anguita crea empresas en países con menor fiscalidad pero ofrece sus servicios en todo el mundo porque, según él, Internet no tiene fronteras. “Esto es casi imposible de controlar porque los países que hospeden a las nuevas empresas no van a aceptar ningún tipo de control de otros Estados”, añade.

Entre las empresas creadas en Internet para acogerse a una mejor legislación destacan los casinos virtuales, que intentan acercar el juego a un país como EE.UU., donde está prohibido en casi todos sus estados. El primero de ellos, Internet Casino, apareció en las islas caribeñas de Turcos y Caicos y ha recaudado en sólo un año más de 12.500 millones de pesetas. Actualmente, se calcula que hay unos cinco casinos en la red y varias empresas que ofrecen instalar otros para aprovecharse de un mercado que se prevé que superará los 6 billones de pesetas en 1998.

La inversión es, además, mínima: unas 100.000 pesetas al mes. Estos casinos son para Javier Ribas, abogado especializado en nuevas tecnologías, una “nueva fórmula para blanquear dinero”. El Congreso de EE.UU. estudia desde hace tiempo una posible prohibición del juego a través de Internet pero se enfrenta a una fuerte crítica por lo que supondría una intromisión del Estado en la privacidad del hogar del apostante y por las dificultades técnicas para establecer semejante regulación.

Ante un problema tan grave de soberanía -lo que los juristas conocen como jurisdicción-, no caben leyes nacionales, sino acuerdos internacionales para regular de forma conjunta el uso de un instrumento técnico que hasta ahora han desconocido los hombres de leyes.

“El ciberespacio nos está rodeando y, sin embargo, seguimos utilizando la legislación de otro tiempo para movernos por él”, explica Larry Irving, jurista del Departamento de Comercio de EE.UU. Esa nueva regulación deberá tener en cuenta, tal y como ha reconocido la Comisión Europea esta misma semana, a los propios usuarios de Internet, que son los que realmente conocen qué es el ciberespacio y poseen ya una especie de código deontológico denominado Netiqueta. “Vulnerar la ley es una mala Netiqueta”, dice este código ético, la única normativa que rige de forma conjunta en todos los rincones del ciberespacio, aunque su cumplimiento es voluntario.

Además de este código deontológico, desde hace unos meses existen varios “magistrados virtuales”, es decir, instituciones que disponen de árbitros dispuestos a resolver conflictos surgidos a la hora de utilizar Internet. Las dos partes enfrentadas que lo desean tienen, así, la posibilidad de someter la solución de su conflicto a la decisión que adopte ese árbitro.

José Angel Martos, que coincide con este deseo de que cualquier regulación de Internet parta de los propios usuarios y no de unos gobiernos que desconocen en general los entresijos de la red, aporta otra modalidad de restringir ciertas conductas: “En el World Wide Web (la zona más popular de Internet ya que está repleta de gráficos y sonidos) la única posibilidad es un control paterno a través de los llamados softwares niñeras, que limitan el acceso a determinadas páginas que se han sometido a una clasificación por edades”.

Estos programas, que reciben nombres tan sugestivos como Surfwatch (Vigilar el surfeo) o Netnanny (Niñera de Internet), se incorporan al disco duro del ordenador y hacen su labor en función de los criterios de restricción que marca el usuario. El gran problema que tienen es que el crecimiento de Internet es tan grande que es casi imposible llevar un control constante de los nuevos servicios que aparecen en la red y que serían susceptibles de ser censurados. Por ello, el laboratorio suizo que inventó el World Wide Web trabaja, en un proyecto denominado PICS, para establecer un criterio automático de clasificación de las páginas de Internet, es decir, algo así como los antiguos rombos de la televisión.

Estos sistemas se enfrentan a las dificultades para determinar cuáles son los diversos criterios morales humanos que correponderían a los diversos rombos, ya que las propias legislaciones nacionales tratan de forma muy diferente temas como la pornografía infantil. El derecho español es, según José Ricardo Palacio, abogado penalista, uno de los más tolerantes en materia sexual. “Una cosa es que Internet no tenga medios y otra que las leyes fallen y esto último es lo que sucede en el último código penal español”, dice tras admitir la necesidad de establecer una prohibición general de toda difusión de pornografía infantil, tal y como sucede en EE.UU.

Otra diferencia entre el derecho español y el norteamericano es la que afecta al delito de la apología del terrorismo. Dos miembros de un foro de Internet sobre el País Vasco han proferido repetidamente, desde EE.UU., gritos en favor de ETA. Esto constituye claramente un delito de apología del terrorismo en España, pero no en EE.UU., donde los jueces han determinado que apoyar al KuKluxKlan o a otros grupos armados constituye una acción protegida por el derecho a la libertad de expresión.

Ante la imposibilidad de aplicar en Internet una ley española, los propios internautas han buscado una solución y han creado un nuevo foro vasco en el que todos los mensajes pasan por un sistema de moderación -los opositores prefieren utilizar la palabra censura- antes de ser publicados para todos los miembros. El nuevo foro vasco fue aprobado en un referendum realizado en Internet por 164 votos a favor y 62 en contra.

Un diario madrileño ya había publicado a principios de este año que el foro vasco inicial estaba siendo controlado por el CESID ante la posibilidad de que alguno de sus miembros pudiera tener contacto con ETA. Diversas informaciones apuntan también a la existencia de una brigada especial de delitos informáticos dentro de la Policía Española, que dedica su jornada laboral a analizar diversos mensajes electrónicos enviados por Internet.

Lo cierto es que esos “pinchazos electrónicos” no parecen tener mucho éxito, como lo demuestra un dato aportado por el FBI: de las 14.000 solicitudes de intervención de mensajes de Internet realizadas por este organismo de espionaje norteamericano, sólo 100 tuvieron éxito. El 99,3% restante no pudo ser descodificado por la policía mejor preparada del mundo. Y es que el uso de sistemas de encriptación permite hoy en día que los mensajes electrónicos se conviertan en bunkers indescifrables. Esta virtud la utilizan, según Javier Ribas, los traficantes de drogas para enviarse mensajes sobre pedidos de mercancía y cualquier ciberdelincuente que quiere confidencialidad sobre lo que va a hacer circular por Internet.

Cuando se utilizan recursos como el correo electrónico anónimo, ni siquiera es necesario codificar un mensaje ante la imposibilidad de que la policía conozca su origen. Estos servicios recogen un mensaje y lo vuelven a enviar pero borrando la dirección del remitente. Sin embargo, se sabe que la policía controla algunos de los más conocidos y consiguió cerrar el más famoso de ellos, el finlandés, hace dos meses.

Estos mensajes anónimos se utilizan especialmente para participar en foros de temas como la pornografía o las drogas, en los que la gente prefiere no descubrir su verdadera identidad. Uno de estos foros sirvió para que unos jóvenes de Valencia descubrieran la fórmula para fabricar pastillas de speed, una droga elaborada a partir de las anfetaminas. Esta vez Internet no era el medio para cometer el delito sino la gran enciclopedia en la que se halló la receta para fabricar estas drogas.

Algo similar alarmó a los americanos hace dos años, cuando después de la mortal bomba de Oklahoma alguien envió mensajes anónimos a varios foros de Internet con la receta para fabricar ese tipo de explosivos y, sobre todo, para mejorar su eficacia. La reacción inicial vino en EE.UU. de la mano de las empresas que dan acceso a Internet, que cerraron el acceso a estos foros por parte de sus abonados. Lo mismo se está produciendo en los últimos días en España, donde algunas de las casi 200 empresas que dan acceso a la red están borrando de sus ordenadores el acceso a los foros dedicados a la pornografía infantil.

Estas empresas temen que el Gobierno español reacciones tal y como lo han hecho previamente el francés y el alemán, es decir, con el cierre de las compañías que dan acceso a Internet. Esta medida administrativa, criticada por tratarse más de un golpe para tranquilizar a la opinión pública que una solución real, ha sido posteriormente desestimada por la comisión creada en Francia para estudiar la regulación de Internet. Esta comisión ha emitido ya su primer dictamen, en el que ha solicitado la creación de un organismo multisectorial para vigilar la evolución de Internet y recomendar las medidas penales a adoptar contra los servicios que vulneren alguna ley.

CIBERDINERO
Los franceses han recomendado también que cualquier medida legal en relación a Internet se tome dentro de organizaciones internacionales como la Internet Law and Policy Task Force. Esta entidad ha participado ya en algunos debates sobre el comercio electrónico, un sector económico del que se habla desde hace años pero que no acaba de despegar. En principio se hablaba de problemas de seguridad a la hora de transmitir los números de la tarjeta de crédito o del ciberdinero, unas unidades monetarias que sustituirán a las pesetas y que se pueden transmitir por las redes.

“Creo que no hay problemas graves de seguridad ya que hay medios muy seguros para transferir dinero e informaciones confidenciales. En mi opinión, el problema principal es cultural, que los pequeños empresarios siguen mirando con desconfianza a las comunicaciones electrónicas”, explica Juan Carlos M. Coll, profesor de la Universidad de Málaga y director de Eumednet, un grupo de investigación sobre el comercio electrónico en la Europa mediterránea. A las dificultades sociales hay que añadir la resistencia de los gobiernos para aceptar la creación de una nueva moneda, que puede facilitar el blanqueo de dinero y el aumento de la inflación.

Mientras los juristas se plantean cómo regular la red, los internautas ya pueden comprar discos en El Corte Inglés virtual, coches en la empresa española Cibercar, pizzas en la cadena noruega PizzaExpressen o fondos de inversión del Banco de Santander; el norteamericano Jim Shaffer puede hablar desde Bilbao todos los días con su madre, situada en California, durante una hora a precios de llamada local; y diversos servicios ofrecen imágenes de niños perdidos con todos sus datos para que la solidaridad de los internautas ayude a encontrarlos. Para que esos servicios puedan seguir aumentando, sólo hace falta libertad.

LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Otro de los grandes conflictos jurídicos es el de la propiedad intelectual. ¿Qué tipo de protección hay que dar a los museos que exponen sus obras en la red, donde es muy sencilllo que cualquier persona se lleve las imágenes digitalizadas a su ordenador y las utilice posteriormente de forma privada? ¿Puede una empresa castigar a un empleado porque uno de los mensajes que ha enviado a través del correo electrónico no es del gusto de su jefe? En estos casos, no hay un vacío legal y las leyes de propiedad intelectual son bien claras a la hora de proteger la distribución de cualquier copia de un original musical o artístico. El problema es que Internet ha facilitado tanto la distribución que es como si todo el mundo dispusiera de una imprenta o una fábrica de Cds en su casa para reproducir obras artísticas sin apenas coste.

Un conflicto muy relacionado con la propiedad intelectual es el que están causando determinados nombres utilizados en las direcciones de las páginas de información de Internet. Estas claves dependen, en cada país, de una institución semi-independiente que control de alguna forma la existencia de una propiedad sobre el nombre utilizado (por ejemplo, http://www.nissan.es). La institución que controla este registro en EE.UU no se preocupó excesivamente por este tema en los primeros años de Internet, lo que llevó a algunos abogados con visión de negocio a solicitar nombres como http://www.mtv.com o http://www.mcdonalds.com. El resultado fue que la compañía de televisión y la de restaurantes tuvieron que desembolsar cantidades importantes de dinero (3.500 dólares en el caso de McDonald’s) para poder utilizar sus nombres en el Ciberespacio.