El presidente de Cebek acusa al Gobierno vasco de «competencia desleal» por subir los salarios públicos un 4,5%

El presidente de la patronal vizcaína Cebek, Guillermo Buces, ha criticado duramente la intención del Gobierno vasco de incrementar un 4,5% los salarios de su personal. Considera que esta medida supone una «competencia desleal» para las empresas privadas, que están sufriendo un aumento de costes y una reducción de sus márgenes. También cuestiona que la decisión se plantee en un contexto electoral.

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Buces, que además de presidir Cebek es consejero delegado de Biolid Industrias Gráficas y presidente de la Asociación de Artes Gráficas de Bizkaia, ha publicado un mensaje en LinkedIn en el que califica la subida salarial anunciada de «error mayúsculo». «Si las empresas pudiésemos repercutir nuestros gastos de personal a otros actores económicos (los salarios públicos los pagamos los ciudadanos), este tema tendría otro cariz, pero no», argumenta el representante empresarial.

El presidente de Cebek considera que el Gobierno vasco está ignorando las dificultades que atraviesa el tejido productivo. Según explica, las empresas no pueden seguir asumiendo incrementos de costes porque sus márgenes se encuentran ya muy deteriorados. «Estamos jugando con la viabilidad de muchas empresas», advierte.

Su crítica va más allá del coste presupuestario de los salarios públicos. Buces sostiene que la Administración, por su tamaño y capacidad económica, debería tener en cuenta las condiciones en las que operan las empresas privadas antes de adoptar decisiones retributivas que pueden influir en el conjunto del mercado laboral. «La Administración es la empresa más grande de Euskadi y creo que no debería ir por libre, ni siquiera en plena campaña electoral», concluye.

Las declaraciones llegan apenas unos días después de que Cebek presentara su última encuesta de perspectivas empresariales. Según sus resultados, el 34% de las compañías vizcaínas prevé cerrar 2026 con resultados peores de los esperados, frente al 28% que manifestaba esa situación en abril. Además, solo el 8,5% consigue trasladar íntegramente a sus precios el incremento de costes, mientras que el 36% no puede repercutir ninguno.

Sin embargo, el incremento del 4,5% no es una decisión unilateral del Gobierno vasco. La cifra procede del acuerdo salarial alcanzado por el Gobierno español con los sindicatos para el conjunto de las administraciones públicas, que establece aumentos del 2,5% en 2025, el 2% en 2026, el 4,5% en 2027 y el 2% en 2028. El acuerdo se publicó en el BOE en febrero de este año.

El consejero vasco de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou, explicó el martes que los presupuestos autonómicos de 2027 contemplan ese incremento para unos 160.000 empleados públicos. No obstante, su aplicación depende de la normativa estatal, que establece los límites de las retribuciones públicas.

La polémica se produce además en un contexto de creciente conflictividad laboral. Los sindicatos preparan una huelga general para el 11 de noviembre, vinculada a las dificultades de acceso a la vivienda y a la pérdida de poder adquisitivo. El propio Buces criticó la semana pasada esta convocatoria por considerar que las empresas tendrán que soportar las consecuencias de una protesta dirigida fundamentalmente contra las administraciones.