Breve FAQ sobre el cupo vasco para que no te cuenten milongas

El concierto económico y el cupo asociado al mismo son dos asuntos complejos donde los haya que últimamente han entrado en el debate político, lo que va a hacer que se hable más y más de ellos. Sirva este post para dar respuesta a algunos de los principales argumentos de los críticos.

¿Concierto o cupo?
Las dos cosas. Es un concierto porque es un acuerdo entre dos: los gobiernos vasco (y navarro) y central. Es cupo porque el resultado del concierto es que cada año las dos administraciones autonómicas tienen que abonar un porcentaje de su recaudación en las materias que no son de su competencia. El acuerdo gira sobre ese porcentaje. La recaudación es un dato variable que depende de lo bien que vaya la economía.

¿Es un privilegio?
Tanto como cualquier otro pacto en el que una parte paga (las instituciones forales de País Vasco y Navarra) y otra recibe (el Gobierno central). Si unos consideran que es injusto o un privilegio para los otros, la solución es tan sencilla como modificar el acuerdo para que se acerque más a sus posiciones. Por ejemplo, siguiendo alguno de estos consejos de Fedea. En cualquier caso, el cupo se negocia periódicamente.

Lo cierto es que la Comunidad Autónoma Vasca paga un 6,24% de lo que cuestan el Ejército, los ferrocarriles o las embajadas. ¿Recibe eso de vuelta en forma de servicios? En algunos campos, como el del tren, está claro que no, porque las inversiones han ido históricamente a otras comunidades. Sea como fuere, no hay que olvidar que Euskadi solo tiene el 4,6% de la población española y, en términos de riqueza, el 6,1% del total estatal.

¿Es insolidario?
Es verdad que en servicios tan importantes como la educación o la salud, Euskadi no pone directamente un duro para las necesidades de otras comunidades. Indirectamente sí, porque el País Vasco aporta un 6,24% al Fondo de Compensación Interterritorial y porque parte de lo que se recauda acaba en Bruselas, donde también se destinan más recursos a las regiones más pobres. Por cierto, durante mucho tiempo el País Vasco tuvo esa última consideración.

Sin olvidar que el porcentaje que paga Euskadi en aquellas competencias no propias es superior al que marcan su PIB y su población. Esto es así no por solidaridad sino porque el cupo se marcó en un momento en que la riqueza vasca en relación a la del Estado era superior. Al margen de que el Fondo de Compensación Interterritorial apenas beneficia al País Vasco.

¿Y entonces por qué hay en Euskadi servicios como el salario social que no se pueden permitir otras comunidades?
Es cierto que en Euskadi ha habido históricamente más subvenciones y ayudas públicas. La más significativa es el salario social, últimamente conocido como renta de garantía de inserción. Pero otras comunidades también lo tienen, aunque en cuantía inferior.

Hay que empezar recordando que la renta per cápita vasca es una de las dos mayores del Estado. Esto es así porque en Euskadi se cobra más pero también porque los precios de los bienes (por ejemplo, la comida y la vivienda) son más altos. Dicho de otra manera: el importe de las ayudas es superior, pero también lo son los costes que deben afrontar los ciudadanos en su día a día.

También hay que mencionar un par de circunstancias socio-culturales que hacen que en Euskadi se tenga que gastar menos, en ciertas materias tan importantes como la salud o la educación, en comparación con otras comunidades. Ese dinero que se ahorra se puede dedicar a otros menesteres.

En salud porque la cuota de mercado del Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ) en Bizkaia y parte de Alava es sustancial. El dinero que los ciudadanos destinan a seguros privados supone un evidente ahorro para Osakidetza, que no hay que olvidar que es la principal cuenta de los presupuestos.

En educación sucede algo parecido. Al margen de las escuelas privadas, cuyos alumnos reciben menos beneficios que los de las públicas, hay tres universidades vascas cuyas matrículas se las tienen que costear por completo los estudiantes (más bien sus padres): Deusto, Mondragon y Tecnun. Evidentemente, no suponen un gasto para el erario, que dispone así de más recursos.

¿Es verdad que este año Euskadi va a recibir más de lo que paga?
Esto es una enorme falacia. Lo que ocurre es que a final de año se hace un ajuste de los impuestos que recauda cada administración, especialmente de las empresas vía IVA, y esta vez el País Vasco recibirá más. Es lo mismo que sucede con cualquier particular en su IRPF: el hecho de que Hacienda te devuelva no significa que vayas a recibir más de lo que ingresas sino que has pagado demasiado por adelantado el año anterior.

¿Qué ventajas tiene el sistema vasco?
El más importante es la responsabilidad en el gasto. Como en Euskadi se ingresa y se gasta, el control es mucho mayor. Las demás comunidades gastan mucho más de lo que recaudan, con lo que se ven más o menos empujadas a incrementar costes.

Unido a lo anterior, hay que mencionar la influencia que las políticas regionales y la gestión pública tienen sobre la economía y, por ende, la recaudación. Si en Euskadi se hacen bien las cosas y se gasta de forma eficaz, habrá más dinero y por tanto más recursos para dar buenos servicios. Es lo mismo que aplicaríamos cada uno en nuestros hogares: si el vecino es un irresponsable, ¿por qué vamos a tener que darle una parte de nuestro dinero por decreto-ley?

Otro argumento a favor es la lucha contra el fraude, un mal muy extendido en los países mediterráneos. Si los ciudadanos engañan en sus impuestos, la Administración recauda menos y hay menos recursos públicos. Se da la circunstancia de que el fraude fiscal es inferior en Euskadi al de otras comunidades autónomas.

No porque seamos más honestos sino simplemente porque la realidad industrial del país hace que haya más economía real y menos sumergida. Mi profesor de Derecho Fiscal, José Ignacio Apoita, insistía en que en Euskadi somos pocos y nos conocemos más o menos, por lo que es más difícil que el que engañe pase desapercibido.

¿Tiene desventajas?
Por supuesto. Si la economía va mal o crece el fraude, se reducirán los ingresos fiscales y por tanto habrá menos dinero para gasto público, sin que se pueda tocar el cupo, que tiene preferencia de pago y no se puede renegociar si se ha recaudado menos de lo previsto. Este temor es el que llevó a la vieja CiU a oponerse en su momento a un sistema similar al del concierto económico. Siempre he sospechado que la cuadrilla que gobernaba entonces Cataluña no se fiaba de sus conciudadanos porque ellos mismos eran tan o más ladrones.

Por cierto, si las cosas van mal, no existe la posibilidad de rescate por el Estado, que sí se ha aplicado en otras autonomías. El Fondo de Liquidez Autonómica y otros instrumentos del Gobierno central han supuesto en los últimos años la inyección de 200.000 millones de euros en varias comunidades que no podían hacer frente a pagos a proveedores. Entre ellas, Cataluña.

Otra desventaja es que el flujo de personas y empresas entre comunidades puede jugar en contra del que recauda. Al ser Euskadi un país especialmente industrial, muchas de sus emperesas exportan sin IVA pero compran con IVA. Cuando liquidan impuestos, pagan muy poquito por este concepto (IVA repercutido – IVA soportado) y a veces incluso les sale a devolver, por lo que las haciendas vascas sufren importantes agujeros. Es lo que ha ocurrido recientemente con la fábrica de Mercedes Benz de Vitoria-Gasteiz.

Finalmente, mencionar el riesgo tecnológico que tiene tener muchas administraciones fiscales. Al tener que disponer cada una de sus propios sistemas informáticos y de identificación digital, existe la posibilidad de que haya problemas y de que se multiplique el gasto en programas. De hecho, he sido muy crítico con la tecnología de la Hacienda de Bizkaia, que está hoy a muchas leguas de la que maneja la Agencia Tributaria de Madrid. Debería haber mucha más coordinación y búsqueda de sinergias.

¿Y por qué no se hace lo mismo en todas las comunidades?
En su día nadie lo pidió. Y es que exige una importante disciplina recaudatoria que no tiene necesariamente una buena imagen, algo muy relevante en el mundo de la política. Ahora sí parece que Cataluña lo desea, pero el Gobierno de Rajoy se ha negado reiteradamente a concederlo por falta de acuerdo.

En el marco de esa negociación, los catalanes han llegado incluso a activar un proceso de independencia que en el fondo no era sino una forma más de presionar al Ejecutivo central. Lo cierto es que se han pasado de frenada. Vueltas las cosas a su estado anterior, lo lógico es iniciar ahora un proceso de negociación para que en Barcelona disfruten de algo parecido al concierto. El reto debe ser extender el sistema vasco por sus evidentes ventajas. Limitarlo, como pide algún partido, no sería una buena idea.

¿Son la vasca y la navarra las únicas comunidades con este tipo de fórmulas fiscales especiales?
Sí son las únicas que recaudan. Pero Canarias tiene un sistema diferente al del resto del Estado, que se justifica en su carácter insular y la distancia que le separa de la Península. Hay zonas francas en las que las empresas pueden instalarse y no pagar impuestos y los consumidores no tienen que pagar IVA sino otro impuesto sustancialmente más reducido, el IGIC, del 7%. Es curioso que se critique el concierto vasco y no se diga nada del canario, que sí que es un auténtico privilegio.